La Fiscalía insiste en que los dos ex mandos policiales acusados no incurrieron en delito alguno por el pendrive de Pujol

La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de absolución para el ex número dos del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino y su subordinado, el inspector Bonifacio Díez Sevillano, acusados de introducir de forma irregular un pendrive con datos de la familia Pujol en la causa donde el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el origen de la fortuna del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol. El juicio queda hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid.

La acción popular, ejercida por Podemos rebajó la petición de penas a cinco años de prisión para Bonifacio Díez y a seis y medio para Pino, al retirar el delito de falso testimonio para el primero de ellos y modificar de estafa procesal agravada al de tentativa, pero con agravante, de ese mismo delito para los dos y mantiene el de revelación de secretos. En un principio, reclamaba un total de diez años y medio de cárcel para los dos ex mandos policiales. Ahora, solicita un año por la tentativa de estafa procesal y otros cuatro por revelación de secretos para los dos acusados, mientras para Pino reclama también un año y medi por falso testimonio.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por Jordi Pujol Ferrusola, ha mantenido su petición de condena de dos años y medio para los acusados por un delito de revelación de secretos. Las defensas insisten en que sus patrocinados no incurrieron en delito alguno.

En su informe final, el fiscal concluyó que, tras todas las pruebas practicadas, no se ha acreditado en ningún momento que el pendrive que entregó Pino a Manuel Álvarez, ex comisario jefe de la UDEF, fuese el mismo que se entregó posteriormente, junto con un informe, en la Audiencia Nacional. " No hay prueba pericial" que acredite que fuese el mismo, incidió al respecto el representante del Ministerio Público, y tampoco “queda claro que los archivos fuesen del ordenador de Pujol Ferrusola” ni que los acusados “tuvieran un conocimiento de que lo que se encontraba en el interior de pendrive tenía un origen ilícito. No sabíamos de dónde venía la información y después del juicio oral seguimos sin saber de dónde proviene".

De hecho, añadió, no se ha acreditado que el “pendrive” que recibió Pino en 2012 fuese el mismo que llegó años después a la Audiencia Nacional y que, en todo caso, cuando la UDEF entregó el informe y el citado dispositivo informático en la Audiencia “actuó de forma autónoma” .

Por su parte, el abagado de la acuación particular, Cristóbal Martell, sostuvo una tesis totalmente contraria y mantuvo que ambos procesados incurrieron en un delito de revelación de secretos. En este sentido, señaló que que el pendrive con datos de su patrocinado llegó al ex DAO en 2015, y que encomendó a su subordinado y también acusado, el inspector Díez Sevillano, y éste, a su vez, al ex comisario jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Vázquez “por decisión de Pino”. En ese pendrive, añadió, se encontraba toda la “vida íntima, personal” del primogénito del ex presidente de la Generalitat, “desde los regalos de Navidad que hacía a terceros, los pésames que libraba, cartas, o viaje y las excursiones que realizaba y con quiénes, lo que acredita la revelación de secretos y de intimidad". Posteriormente, la UDEF incorporó el pendrive junto a un informe en la causa donde el juez José de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el origen del patrimonio de la familia Pujol, y ello, afirmó, a sabiendas del origen ilícito “apuntando falsariamente” a que la procedencia era una entrada y registro en las oficinas de la agencia de detectives Método 3.

las defensas siguieron la línea trazada por la Fiscalía: la de Eugenio Pino, representada por el abogado José Manuel Heredia, aseguró que su defendido jamás “leyó” ni “hizo uso” de la información que contenía el “pendrive”, y la de Díez Sevillano, representado por María Ponte, indició que “nadie podía sospechar de su origen ilícito porque nadie vio su contenido”.

Al finalizar los informes y en el turno de última palara, sólo Díez Sevillano hizo uso de su derecho a la última palabra para insistir en que no se considera “responsable” de las acusaciones