La Audiencia procesa a la familia Pujol por “acumular un patrimonio desmedido” en dos décadas de corrupción

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una supuesta organización criminal que habría “aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios”, entre 1992 y 2014, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.

Ese “flujo continuo de dinero hacia el patrimonio de los investigados” se produjo, apunta el instructor, “sin justificación y razón económica alguna” durante un periodo “coincidente, en parte, con la presidencia de la Generalitat de Cataluña ostentada por Jordi Pujol” entre 1980 y 2003.

En el auto en el que acuerda la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- y pone fin a la investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que los hechos investigados son constitutivos de delitos organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En la resolución, el juez procede contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron supuestamente en las actividades ilegales, entre ellos la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Del mismo modo, acuerda también el sobreseimiento provisional respectó a Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.

Aunque el origen de estos fondos supuestamente ilícitos es desconocido, el magistrado asegura que existen “indicios sólidos” que acreditan que no proviene, como alegó el clan Pujol, de la herencia familiar del padre del ex president, Florenci Pujol. “A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable”, mantiene.

En ocasiones, explica, el origen de los fondos está “en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales”. Todos estos contratos simulados, añaden, tenían su contraprestación en “influencias” por parte de la familia Pujol Ferrusola en “adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”.

En otros supuestos, los pagos se hacían "simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales", continúa el instructor. De la Mata señala asimismo que para camuflar las entregas se simulaban supuestas operaciones de asesoramiento "cuya existencia real no ha quedado acreditada" en unos casos, mientras en otro sí se ha constatado que no existía negocio alguno sobre el que asesorar.

Como paradigma de esta práctica supuestamente irregular, el magistrado señala el pago en 2001 de 661.174 euros por parte de Isolux a Iniciatives Marketing i Inversión (Imisa) -una de las empresas gestionadas por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, “Junior”- “a cambio de una supuesta intermediación, que no existió, en la compra de la propiedad sita en el km. 10.500 de la Avenida de Andalucía a la mercantil ad Hoc Estrategia.

En la resolución, De la Mata hace hincapié en que aunque algunos pagos “se producían como contraprestación por la influencia ejercida por la familia ante distintas autoridades”, en otros muchos casos se realizaban por personas y empresas “para crear o mantener una buena relación” con la familia y así “ser tomadas en cuenta para futuros negocios, adjudicaciones ilícitas o, simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”. Estos “pagos corruptos”, recalca, “no estaban vinculados a concretas operaciones” y se llevaban a cabo por el “poder e influencia ostentado por esta familia y su capacidad para influir en las contrataciones”.

Todo se quedaba en casa. En la resolución se incide en el hecho de que el clan Pujol Ferrusola ha “mantenido y gestionado durante años este importante patrimonio económico de procedencia ilícita”, tanto en Andorra como en otros países, destinando ese dinero”a toda clase de inversiones mobiliarias, inmobiliarias y operaciones financieras de distinta índole, con el objetivo de reintegrarlo a la vida comercial lícita”, pero “siempre en beneficio de la familia y de cada uno de sus integrantes”.

Pujol y la “madre superiora” Ferrusola, los líderes

El instructor atribuye el liderazgo de la presunta organización criminal al ex presidente de la Generalitat y a su esposa, quien, recuerda, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Por debajo de ellos, y siguiendo sus instrucciones, se encontraba el primogénito, "el capellán de la parroquia", quien "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos".

La “madre superiora de la congregación” (como se autodenominaba la propia esposa del ex presidente en una orden de transferencia en 1996 en lenguaje en clave) “no era otra que la propia Marta Ferrusola”, mantiene el juez. Su hijo Jordi era “el capellán”, cada “misal de la biblioteca” era un millón de pesetas de la cuenta de la madre superiora, y quien respondía al nombre de “reverendo mosen” era el gestor Josep Maria Pallerola”. “Reverendo Mosen, soc la madre superiora de la congregación, desearía que traspasases dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te dirá a quien se le ha de colocar”, rezaba la nota manuscrita.

Los otros seis hermanos, dice, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola, “abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales” distribuidos por el primogénito y “tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito”.

En una primera etapa, explica, la familia tenía el capital ilícitamente obtenido escondido en distintos productos bancarios y cuentas abiertas en distintos países, Andorra entre ellos. Posteriormente, toda la familia procedió a abrir "simultánea y sincronizadamente" cuentas la Banca Reig (luego Andbank) de Andorra, "para ir distribuyendo el patrimonio obtenido ilícitamente". Años después, todos al unísono, siguiendo las instrucciones del hermano mayor, cancelaron estas cuentas mediante reintegros en efectivo, "para tratar de impedir la trazabilidad de los fondos, lo que no consiguieron". Seguidamente, la mayoría movió sus capitales a BPA, abriendo allí nuevas cuentas.

En una de esas cuentas andorranas, AN 84248 (abierta en octubre de 1994 y cancelada en diciembre de 2002) el juez llama la atención sobre determinados periodos en los que se aprecia “un ritmo frenético de ingresos en efectivo”. Por ejemplo, desde su apertura hasta finales de ese 1994, en apenas dos meses, “se identifican nueve ingresos en efectivo” que suman 305 millones de pesetas.

Más tarde, añade, varios de ellos se sirvieron de “estructuras societarias absolutamente opacas” (fundaciones off-shore gestionadas por testaferros) a las que transfirieron sus capitales, “con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda”.

A finales de 2014, terminaron cerrando, también todos simultáneamente, estas estructuras fiduciarias, y algunos miembros de la familia optaron por regularizar su situación con Hacienda, mientras otros se decantaron por “continuar en la opacidad”. Jordi Pujol Ferrusola, por ejemplo, “optó por girar sus recursos a México”.