“Descontrol” en la caja de solidaridad de Podemos

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid cita a declarar al ex abogado del partido que impulsó la denuncia y que fue despedido

Más problemas judiciales para Podemos. En plena investigación de la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias por el «caso Dina Bousselham», el titular del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar el próximo miércoles al ex abogado de la formación José Manuel Calvente, que denunció al partido por financiación ilegal, blanqueo, administración desleal y revelación de secretos. Calvente fue despedido por el partido morado el pasado diciembre tras una denuncia presentada contra él por acoso laboral y sexual por la también letrada del partido Marta Flor, hasta hace poco abogada de Pablo Iglesias en el «caso Dina Bousselham», y cuya relación con uno de los fiscales Anticorrupción de la causa investiga la Fiscalía de Madrid.

Según adelantaron El Confidencial y Eldiario.es y confirmaron fuentes jurídicas a este periódico, el magistrado –que cita al abogado para que se ratifique en la denuncia presentada ante la Guardia Civil– ha citado asimismo a declarar, en calidad de testigos, el próximo 15 de septiembre a la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso, y a la letrada Mónica Carmona, que estuvo al frente del área de Cumplimiento Normativo y que denunció haber sido despedida por haber investigado supuestas «irregularidades» en el seno del partido.

Calvente tiene intención, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes próximas al letrado, de ratificarse en su denuncia íntegramente, e incluso sopesa ampliarla incluyendo otros aspectos que considera irregulares como la presunta contratación de escoltas para dirigentes de la formación, entre ellos la ahora ministra Irene Montero, sin que pertenecieran a empresas de seguridad, como estipula –sostiene– la Ley de Seguridad Ciudadana.

El titular del juzgado, según esas mismas fuentes, abrió diligencias hace unos día por delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal al apreciar indicios delictivos, después de que los juzgados de Martorell se inhibieran del asunto en favor de los de Plaza de Castilla, donde por reparto se atribuyeron las diligencias al Juzgado de Instrucción número 42.

Según fuentes jurídicas, en la denuncia planteada por Calvente ante la Guardia Civil se señala la ausencia de control contable de la «caja de solidaridad» de Podemos –donde efectúan sus aportaciones económicas los cargos y dirigentes del partido–, lo que supuestamente no permitía garantizar el destino de esas donaciones. El letrado advierte en la denuncia de que alertó a la dirección de que esa mala praxis podría acarrear un riesgo y que, para evitar posibles consecuencias judiciales, debía corregirse y establecer controles contables estrictos.

Precisamente una de las principales obligaciones del área de Cumplimiento Normativo de la formación morada, donde trabajaban tanto la letrada Mónica Carmona como el propio Calvente, era advertir de cualquier riesgo penal a la cúpula del partido, para que, en caso de cualquier infracción penal ,la responsabilidad recayese en quien la hubiera cometido saltándose las indicaciones expresas al respecto.

El instructor pretende esclarecer ahora si esa «caja de solidaridad» era en realidad una contabilidad opaca camuflada. De hecho, en el auto de apertura de diligencias previas, el magistrado pide a la Policía que identifique quién está detrás de la denominación #404 Comunicación Popular, que solicitó 55.000 euros a esa caja de solidaridad para hipotéticos fines sociales. Se trata, dice el auto, de una de las diligencias que considera «esenciales» para determinar «la naturaleza y circunstancias» de los hechos presentados por el denunciante y la identidad de las personas que pudieran haber intervenido y la supuesta responsabilidad de los dirigentes de la formación señalados por Calvente, entre ellos Juanma del Olmo, actual director de Estrategia y Comunicación del vicepresidente Iglesias, el diputado Rafael Mayoral y la ex gerente de la formación, Rocío Val.

En la denuncia se hace hincapié en que quienes cometían esas supuestas irregularidades eran precisamente los que tenían que evitarlas. Finalmente, fueron los dos letrados quienes terminaron abandonando la formación. A Calvente se le despidió tras abrirle expediente a consecuencia de la citada denuncia por acoso, que está judicializada y sobre la que la Fiscalía ya se ha pronunciado solicitando el archivo de las actuaciones.

El ex abogado de Podemos también plantea las posibles irregularidades en la reforma de la sede de la formación. Al superar los 40.000 euros, argumenta en su denuncia, las obras tenían que licitarse, pero afirma que en pleno proceso de licitación ya se estaban llevando a cabo. Calvente dice que en abril de 2019 pidió explicaciones pero no se las dieron y mantiene que esos trabajos se adjudicaron a dedo por 1,3 millones pese a que se habían licitado por 650.000 euros.

Por otro lado, la denuncia apunta a los contratos suscritos por Podemos con la empresa Neurona Consulting en las municipales de mayo de 2019, una sociedad vinculada a Juan Carlos Monedero y que además fue investigada por corrupción en Bolivia. El letrado resalta que se contrataron los servicios con la agencia de comunicación a través de Neurona Comunidad S.L., constituida en Sevilla con los mismos socios que la matriz.