Sánchez crispa la cumbre con el «trato de favor» a Urkullu

Con su desparpajo habitual -una saludable excepción en nuestra clase política- Miguel Ángel Revilla compartió con los medios de comunicación durante su rueda de prensa al finalizar la cumbre autonómica el que en su opinión fue el ambiente que reinó entre los austeros muros del monasterio de San Millán de la Cogolla. Revilla habló de un ambiente de gran cordialidad hasta el punto de que casi todos los jefes de gobiernos autonómicos «se han unido al aplauso» en la gestión de Sánchez. Probablemente la entusiasta descripción del líder cántabro haya que entenderla recordando que fueron los votos del PSOE los que lograron su cuarta investidura porque lo cierto es que hubo voces discordantes, principalmente suscitadas por el hecho de que uno de los presidentes autonómicos se presentó -por sorpresa, además- con un acuerdo a medida que hizo patente a todos que, a la hora de negociar con Sánchez, no todas las regiones son iguales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, fue quien interpretó el papel de portavoz de esta corriente de opinión ayer en La Rioja. Para Ayuso esa negociación rompe el principio de igualdad entre regiones. Además cree que no es justo que los fondos fruto del Acuerdo de Recuperación Económica alcanzado en la Unión Europea se vayan a repartir de forma «discrecional» ya que las comunidades deberían tener «opción a opinar» porque son las que están en el día a día, en hospitales y colegios. Concretamente sobre el caso de Urkullu, Ayuso denunció que cuando acude a estas citas ya se encuentra «con todo repartido y todo presentado». «Esta misma mañana este mismo fondo europeo, que es el motivo por el que estamos aquí, ya estaba repartido. Ya se ha comentado cómo se va a desarrollar. Esto nos da muy poco margen para ayudar, aportar y mejorar», dijo poco antes de defender que el 50 por ciento del Fondo debería recaer en las comunidades.

La dirigente regional cree que la forma de reparto que se ha decidido puede dar al Gobierno «mucha autonomía para hacer política» y ha insistido en que son las comunidades las que van a soportar «lo más difícil en estos meses». En el mismo tono crítico, la presidenta de Madrid opinó que las conferencias de presidentes deberían tener «un orden del día con un protocolo» para llegar con «los temas mucho más trabajados».

La réplica de Urkullu fue severa: en su opinión no hay trato de favor hacia el País Vasco ya que esta región tiene una «singularidad» y unos «derechos históricos» reconocidos en la propia Constitución española. El lendakari ha explicado que el País Vasco «no se financia vía Estado», sino que son las diputaciones forales las que recaudan los impuestos y así asume un «riesgo unilateral» sobre el resultado de esa recaudación, con la posterior «responsabilidad y exigencia de gestionar lo mejor posible». Urkullu insistió en que en el fondo no reembolsable de 16.000 millones, su región no participaba en uno de sus cuatro tramos, el de 5.000 millones de euros destinados a la caída de la recaudación por los efectos de la pandemia, lo que hacía necesaria la reunión de la Comisión Mixta de Concierto Económico para determinar el objetivo de déficit. Por ello, no ha habido «ningún agravio respecto de ninguna otra comunidad».

Por su parte, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, dijo salir con «muchas dudas» sobre los criterios que el Gobierno de Sánchez va a aplicar para el reparto de fondos entre las comunidades, principalmente los que llegarán de la Unión Europea. Bonilla recordó que al País Vasco se le va a permitir un déficit del 2,6 por ciento para 2020, Andalucía también quiere ese mismo objetivo de déficit y no el 0,2 por ciento que tienen fijado las comunidades en este momento. «No vamos a pasar por eso. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y cooperar, pero bajo ningún concepto vamos a permitir un maltrato a Andalucía.

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, se sumó a la polémica al aseverar que «si hay reglas fiscales para una comunidad autónoma» para elaborar los presupuestos para 2021, el resto de las autonomías deberían conocer las suyas también «a día de hoy». Si la previsión para el Gobierno vasco es poder superar el 2% de déficit en 2021, «lo lógico es que los presidentes de las comunidades del sistema de financiación general» sepan también cuál es su «autorización» para el próximo ejercicio, ha manifestado. «Parece razonable que así sea; no lo ha sido», añadió.

También un líder socialista como Javier Lambán se ha alineado tímidamente con los tres dirigentes populares. El presidente del Gobierno de Aragón afeó al lendakari vasco que haya condicionado su asistencia a la Conferencia de Presidentes a que «se le satisfaga una reivindicación exclusivamente suya», lo que ha calificado de «poco edificante». Otra socialista, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, no llegó tan lejos y se limitó a pedir a Sánchez que se acuerde de la flexibilización de las reglas de gasto y de los objetivos de déficit para el Presupuesto General de las autonomías de 2021.