Mueren 50 inmigrantes tras naufragar dos pateras en Canarias

Las mafias que trabajan en el antiguo Sáhara y Mauritania Las embarcaciones iban abarrotadas de subsaharianos, sin chalecos y sin saber nadar

La inmigración ilegal hacia Canarias que parte del antiguo Sáhara español, hoy en manos de Marruecos, y Mauritania, se ha cobrado la vida de, al menos, 50 personas que han muerto ahogadas, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes solventes. Las mafias que controlan esta actividad delictiva, integradas por súbditos marroquíes y saharauis nacionalizados, hacen partir las embarcaciones sin importarles el estado de la mar. Van completamente llenas y muchos de sus ocupantes no saben nadar ni llevan chalecos salvavidas. Con estos datos, el drama está servido. Las muertes se han producido al naufragar dos pateras con las que se dirigían a Canarias, una en las cercanías de Dajla, en el Sahara, y otra en Nuadibú, Mauritania.

En el caso del primer naufragio, los cadáveres han sido localizados por embarcaciones de pesca marroquíes y por efectivos de la Marina Real. Diez personas fueron rescatadas con vida.

En el segundo hundimiento, han perecido otros 40 inmigrantes subsaharianos tras zozobrar la patera con la que pretendían llegar a Canarias, en alta mar, pero no lejos de la costa de Nuadibú (Mauritania). Sólo ha sido rescatado un superviviente. Al parecer, la embarcación sufrió una avería y se quedó varios días a la deriva sin que fuese localizada. Los ocupantes decidieron tirarse a la mar, pero se ahogaron. El superviviente (procedente de Gambia), asegura, según Efe, que partieron desde Marruecos, en una fecha que no es capaz de recordar. Tampoco ha podido precisar el número de días que pasaron en la mar.

Tal y como informó este periódico días pasados, la inmigración ilegal hacia Canarias ha crecido casi un 500% con respecto al año pasado. Las Fuerzas de Seguridad tratan de evitar este problema para el archipiélago, que trata a duras penas de remontar el parón turístico producido por el coronavirus, y, en los primeros días de julio, la Brigada de Investigación de Redes de la Policía nacional desarrolló la «operación Vulcano», con la detención de 31 individuos a los que se consideraba responsables de fletar, al menos, 20 pateras por las que habría obtenido una suma de más de 350.000 euros. Además, se evitó la salida de otras ocho.

En la operación participaron 150 agentes en colaboración con Europol y se desarrolló en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, Ibiza, Castellón y Calatayud.

Los inmigrantes pagaban, como los que han fallecido ahora, hasta 2.000 euros por adelantado para viajar en las pateras sin chalecos salvavidas. Las pateras, una vez que llegaban a tierra, lejos de dejarlas abandonadas, regresaban a Marruecos para reutilizarlas en un nuevo viaje.

Los inmigrantes, hasta abordar las embarcaciones, permanecen ocultos en edificaciones de la zona, muchas de ellas chozas destinadas a las cabras, sin las más mínimas medidas sanitarias.

De hecho, tras su llegada a Canarias, se han detectado decenas de casos de contagio por coronavirus, con el consiguiente problema, al que hay que unir que hay poblaciones que se niegan a admitir a estas personas por el temor a contagios.

Pero el problema continúa y, ayer mismo, la embarcación «Río Tajo» de la Guardia Civil trasladó a 16 inmigrantes que fueron rescatados al sur de la isla de Gran Canaria tras captarse una señal de su presencia en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Se trata de 13 hombres y tres mujeres.

En diciembre de 2019, 60 emigrantes subsaharianos procedentes de Gambia murieron ahogados en su intento de llegar a España tras el naufragio de un cayuco en el que viajaban desde las costas de Nuadibú, mientras que otros 180 fueron rescatados por las autoridades mauritanas.

Esta es la tercera patera que se hunde esta semana en el intento de llegar a Canarias.

El pasado lunes, las autoridades marroquíes hallaron siete cadáveres y rescataron a cuarenta emigrantes subsaharianos en aguas de la localidad sureña de Tarfaya.

Las fuentes consultadas subrayan la necesidad de reforzar la vigilancia, con medios técnicos precisos, en una zona costera tan amplia, tomada como «cabeza de puente» por las mafias.