¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado?

Es la ley más importante de cualquier Gobierno. España se rige bajo las cuentas públicas de Montoro. A día de hoy, este asunto supone un nuevo “sudoku” a solucionar por el Gobierno, que ve difícil una aritmética de consenso con los distintos grupos en el Congreso

Con el inicio del curso político, uno de los principales objetivos que Moncloa debe cumplir en el corto plazo es el de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para evitar que, de nuevo, vuelvan a ser prorrogados las cuentas públicas del año 2018, los conocidos como “Presupuestos de Montoro” aprobados con la presidencia del PP de Mariano Rajoy en el Gobierno. Su aprobación resultará de vital importancia para el Ejecutivo de Sánchez pues dará oxígeno a la Legislatura que preside, y, además, son necesarios para afrontar los efectos de la pandemia.

Pero, ¿qué son los Presupuestos Generales del Estado (PGE)?

Son los presupuestos públicos en España. La ley más importante que un Gobierno de la nación debe promulgar anualmente y que condicionarán, en buena parte, la política que éste realizará a lo largo del año. Es la base, también, sobre la que se sustentará la economía. Son la prioridad de cualquier Ejecutivo.

¿Sobre qué Presupuestos nos regimos en la actualidad en España?

Las últimas cuentas públicas aprobadas en el Congreso de los Diputados datan de 2018. Los conocidos como “presupuestos de Montoro”. Corresponden a los que elaboró -y recabó el apoyo de la Cámara Baja- del anterior ministro de Hacienda del Gobierno popular de Mariano Rajoy.

¿Qué ocurre si un Gobierno no aprueba a tiempo los PGE?

Se prorrogan de manera automática, según lo establece el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.Conforme a la norma, el 27 de diciembre de 2019, el Consejo de Ministros prorrogó por tercer ejercicio consecutivo las mismas cuentas. Se convertía así en el más lovengo de la historia democrática.

¿Cómo es su tramitación?

El Gobierno debe elaborar un borrador de las Cuentas Públicas. Cada ministerio redacta un informe que es remitido al ministerio de Hacienda, que en estos momentos dirige la también portavoz del Ejecutivo María Jesús Montero. Una vez elaborad el borrador y tras que haya sido aprobado por el Gobierno, éste deberá ser remitido al Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos parlamentarios que lo forman dispondrán de 15 días para presentar sus respectivas enmiendas. Además, los partidos podrán solicitar comparecencias en comisión de los altos cargos de los ministerios para que den cuenta sobre las partidas de cada departamento. Será el gran momento para el Ejecutivo de coalición. Deberá negociar con los principales partidos cada punto con el objeto de que el texto no sea devuelto al seno del Ejecutivo, es decir, que no se presenten y aprueben enmiendas a la totalidad del borrador. La ministra de Hacienda defenderá en pleno las cuentas públicas. Si la mayoría simple de la Cámara no las respaldas, éstas serán devueltas al Consejo de Ministros. Si superan este trámite parlamentario se puede decir que los PGE están en condiciones de avanzar en el Congreso, con el visto bueno de los grupos, es decir, con “más síes que noes”.

Una vez que en la Comisión de Presupuestos, las enmiendas de los grupos sean admitidas, cada ministerio defenderá sus propuestas y con la luz verde del Congreso el proyecto de los Presupuestos se enviará a la Cámara Alta. En el Senado también se podrán presentar enmiendas y podrán vetar las cuentas. Y aquí hay dos opciones: que el veto prospere en una sesión o que no lo haga. Si los vetos no salen adelante, los Presupuestos estarán aprobados y podrán ser publicados en el BOE. Sin embargo, si un veto sale adelante, las cuentas se devolverán al Congreso.

¿Con qué apoyos cuenta el Gobierno en la actualidad?

De momento no hay un borrador aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que todavía es pronto para llegar a la aritmética, pero, a priori, el Gobierno solo cuenta con sus votos, es decir los del PSOE y los de Unidas Podemos; 155 diputados. De hecho, esta suma, a día de hoy todavía se torna complicada, máxime cuando los morados ya han avisado de forma explícita a Pedro Sánchez de que ellos no pueden plasmar su firma con partidos del bloque de la derecha, como el PP o de Ciudadanos. Se atisba así un conflicto entre los socios que conforman la coalición.

Pasando por alto estas grietas en el seno de la coalición, al Gobierno le faltan, al menos, el voto afirmativo de 21 diputados para salvaguardar su proyecto, libre de las enmiendas posteriores. Aquí se abren varias vías; la opción con Ciudadanos o sin ellos. La votación podría salvarse si se contara con el “sí” de los 10 diputados naranjas, que muestran su predisposición “constructiva”. Necesitarán entonces a los seis diputados del PNV y otros cinco apoyos posibles podrían ser los de Más País, BNG, Compromís y el diputado de Teruel Existe.

La otra opción posible es que el Gobierno de coalición cuente con el apoyo de ERC. 13 votos más, con los seis del PNV y los 2 de Más País. Sin embargo, el apoyo de los republicanos a las cuentas continúa en el aire y no parece que la ecuación vaya a despejarse hasta que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña. Además, la prioridad de Sánchez es contar con todas las fuerzas posibles, una aritmética que no cuenta con el aval de Unidas Podemos ni de ERC, que rechazan el apoyo del bloque de la derecha para las cuentas públicas.