Justicia pretende tener ultimada en octubre la reforma que otorga la investigación penal al fiscal

Se establece la figura del juez de garantías. El texto irá al Consejo de Ministros antes de fin de año y a partir de ahí comenzará su tramitación, que será larga y compleja

El Ministerio de Justicia pretende en el plazo de un mes tener ultimado el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge como uno de los puntos más relevantes otorgar a la Fiscalía la investigación de los procesos penales. La Comisión de Expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) entregó hoy al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de regulación integral de la citada ley. El ministro de Justicia se comprometió a llevar antes de final de año el anteproyecto al Consejo de Ministros para, a partir de ahí, comenzar toda su tramitación, con la petición de informes correspondientes y posterior debate parlamentario.

El texto, según Justicia, responde a la "demanda histórica de superación del modelo decimonónico a través de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno y tiene como finalidad “proporcionar a la sociedad española una Justicia penal actual, ágil y eficiente”.

El trabajo de la comisión de expertos aborda igualmente cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática; a la vez que se recoge como novedad la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto de ley en el menor tiempo posible, en el plazo de un un mes, aproximadamente. En este sentido,manifestó su voluntad de convertir el futuro anteproyecto “en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal”.

“Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras”, apostilla, insistiendo en que “dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos”, añadió al respecto el titular de Justicia.

De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.