El final anunciado de la Fundación Franco

Tras años en la diana, la nueva Ley de Memoria Histórica prevé su ilegalización, pero su presidente dará la batalla con Abascal e incluso se plantea abrir la sede en EE UU

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) se creó el 8 de octubre de 1976 con la finalidad de preservar «la memoria y obra» del «Caudillo» con Carmen Franco, la única hija del dictador, al frente. En la actualidad cuenta con unos 1.500 socios que realizan aportaciones mensuales y benefactores ocasionales que incluso donan su herencia a una entidad privada envuelta en la polémica durante los últimos años. La Fundación que actualmente preside el general de Infantería en la reserva Juan Chicharro solo ha recibido una subvención, de 150.843 euros, que le otorgó el Gobierno de José María Aznar. Tenía como objeto la digitalización y microfilmación de su archivo documental, 230 rollos y 27.357 documentos que forman parte del legado histórico de España, y cuyo acceso es libre en la propia sede de Concha Espina en Madrid, donde basta con pedir una cita y esperar turno. Un convenio con el Ministerio de Cultura estableció en 2001 que el archivo de la FNFF conservara su condición de privado al tiempo que quedaba adscrito al sistema español de archivos. Las copias de aquel microfilmado están en el Centro Documental de Salamanca.

Documentación personal

Señalada por sus detractores desde hace décadas, es incuestionable el valor del principal patrimonio de la Fundación Franco: la documentación personal del general al mando de España durante 40 años. Esos 30.000 documentos que acumuló entre 1936 hasta su muerte y entre los que se mezclan manuscritos, anotaciones sobre borradores, bocetos de leyes e, incluso, informes secretos y correspondencia personal, entre ella, la intercambiada con presidentes y jefes de gobierno como Churchill, Hitler o Mussolini. La Fundación Franco, que ha vivido tiempos convulsos, lleva años en el ojo del huracán como diana preferente de un Pedro Sánchez que se propuso «regenerar la vida democrática».

La exhumación de Franco fue un primer paso. Y el litigio por el Pazo de Meirás, otro capítulo amargo para los Martínez-Bordiú Franco y la propia FNFF. Y ahora, la puntilla que acaba de anunciar la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, con su ofensiva final contra las fundaciones «que enaltezcan el totalitarismo o figuras dictatoriales que son justo lo contrario del afianzamiento y la profundización de la democracia que somos». El anuncio previo al proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros aprobará la semana que viene. Y epílogo de una ofensiva que viene de años atrás. En febrero de 2017, el grupo parlamentario Unidos-Podemos consiguió sacar adelante una proposición no de ley (PNL), presentada por En Marea, para que el Protectorado de Fundaciones abriera una investigación a la Fundación Franco por sus actividades «presuntamente ilícitas», por incitar al incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y sospechar de «indicios racionales de ilicitud penal en su actividad».

Un año después, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló la intención del Gobierno de ilegalizar las fundaciones y asociaciones que hicieran «apología del franquismo en España», un compromiso que hizo propio el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Ante este escenario, la FNFF adaptó sus estatutos a la Ley de Fundaciones «para evitar las posibles sanciones que pudieran venir por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», explica a LA RAZÓN Juan Chicharro, su presidente. Ya entonces, la Fundación apoyaba su defensa en tres artículos de la Carta Magna –14, 16 y 20– en los que se defiende la no discriminación «por razón de opinión», la garantía de la «libertad ideológica» y el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones». Sin embargo, la intención manifiesta en primer lugar del Gobierno socialista y, desde noviembre de 2019, con su socio de coalición, Unidas Podemos, es culminar la reforma de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero para, entre otras cosas, ilegalizar la Fundación Franco. En el punto de mira estarían otras siete entidades de corte similar: Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Súñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.

Chicharro, responsable de la mediática FNFF, se muestra cauto ante el desenlace de algo que «se sabía desde hace tiempo». «Cuando cambiamos los estatutos ya se intuía. La profanación [así se refiere a la exhumación de Franco] y esto son los mayores ataques que hemos sufrido», afirma acerca de la condena que pende sobre la entidad. Aunque advierte de que «va para largo; esto lleva un trámite parlamentario, unas enmiendas –incluso a la totalidad–. El término medio de una ley cuando entra en el Congreso es de cinco meses, y una vez que se aprobara iríamos a los tribunales». El general en la reserva dice «confiar en que Vox dé la batalla», porque ha hablado con Santiago Abascal «y me ha dicho que nos van a apoyar», asegura. Respaldo que no existe por parte del PP, con quien, lamenta, no hay «nada». Poniéndose en lo peor, Chicharro aventura que «siempre hay un plan B. Vamos a seguir defendiendo lo que creemos porque tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de opinión. Si nos ilegalizan igual montamos la Fundación en Estados Unidos, donde he tenido propuestas hace mucho tiempo. Prefiero España, pero con este mundo globalizado la podemos constituir en Texas», apostilla. Para él son días de atender a medios de comunicación de toda España, y también extranjeros, pues refiere el presidente de la FNFF la «repercusión internacional» de su inminente ilegalización, «con entrevistas en Reuters y Voice of America, que tiene 200 millones de oyentes». A quienes atacan a la Fundación Franco con el argumento de que sería impensable un organismo así en memoria de Hitler o Mussolini, el militar responde que «el franquismo no se parece en nada al nazismo y al fascismo, hay muchas diferencias. La principal es que Franco ganó la guerra».

Juan Chicharro considera que la proposición parlamentaria que busca dejarles fuera de la ley es «inconstitucional, pues atenta contra la propia Constitución, que determina que ningún español podrá ser discriminado por sus ideas y garantiza la libertad ideológica, de pensamiento y de expresión». Chicharro se pregunta «qué pasa con las fundaciones marxistas» como las de Largo Caballero o Juan Negrín, o «las racistas como la de Sabino Arana». «Por cierto», afirma, «condenadas en la Asamblea de la Unión Europea», en referencia a la reprobación en Bruselas hace un año de los crímenes perpetrados por los regímenes totalitarios.

«Ley sectaria»

El responsable de la FNFF enmienda la plana a la vicepresidenta Calvo cuando esta habla de «fundaciones públicas que utilizan recursos públicos». «La nuestra no es pública ni recibe subvenciones, al contrario que la de Largo Caballero», rebate Chicharro. En su opinión, «no hay duda» de que se trata de «una ley sectaria con el objetivo de dividir y enfrentar a los españoles, especialmente a la derecha, pues ya sabemos por experiencia las posiciones divergentes de Vox y PP».

Juan Chicharro se refiere a la reciente sentencia del Pazo de Meirás como «infumable, es una sentencia política», y enmarca una vez más la iniciativa –en este caso, legislativa– del Ejecutivo de coalición en una maniobra para poner fuera de foco otros asuntos. «Cuando el Gobierno quiere desvíar la atención, pues Franco otra vez a la palestra», denuncia. Asegura el presidente de la FNFF que «nunca» le ha gustado «volver a enfrentamientos pasados. Eso debe quedar para historiadores, pero estos socialistas, comunistas y separatistas quieren incidir en el guerracivilismo». «Aunque no me gusta, si siguen empeñándose les recordaremos todas las desgracias que trajo a España el PSOE desde 1934 y la consecuente Guerra Civil», advierte. «Quieren revertir una historia imposible. Perdieron la guerra por incompetentes pese al inmenso apoyo de Stalin. Quieren borrar a Franco y la Transición llevándose la Monarquía por medio, como estamos viendo». La voluntad de Chicharro es firme: «Con ley o sin ley seguiremos defendiendo la verdad histórica y el legado de Franco, les guste o no». Incluso, afirma, con una posible pérdida de libertad. «Si quieren llevarnos a la cárcel por pensar distinto a ellos, adelante. Nos convertirán en presos políticos por opinar distinto a su verdad comunista orwelliana».