Los agentes exigen un protocolo claro contra los okupas: siguen sin saber cuándo actuar

El Ministerio del Interior ha trasladado a la Policía y la Guardia Civil un nuevo protocolo policial para tratar de agilizar el desalojo en viviendas “okupadas” tras la instrucción de la Fiscalía pero siguen existiendo lagunas sobre cómo y cuándo pueden intervenir los agentes.

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) esta orden “no termina de aclarar las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones”. Según el portavoz nacional de la asociación, Pedro Carmona, la principal novedad del protocolo de Interior “es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los okupas de la vivienda por parte de los agentes y una batería de indicaciones para mejorar los atestados y poder acelerar la devolución de las viviendas a sus propietarios”. En este sentido, si el delito es flagrante o reciente se podrá echar a los okupas pero el problema es que Interior no ha establecido ningún plazo legal. “Sin un margen temporal exacto puede poner en serios problemas legales a los agentes que tienen que enfrentarse a situaciones de desalojo de una vivienda, como puede ser el allanamiento de morada por parte de los agentes”, destaca Carmona, que exige mayor concreción para no dejar “ningún tipo de vacio legal que pueda poner en riesgo las actuaciones de los agentes”.

De la misma opinión son en el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), donde echan en falta una instrucción de servicio que contemple todos los escenarios posibles. Según Carlos Morales, portavoz nacional del sindicato, el pasado día 10 registraron una pregunta en el Consejo de la Policía (Registro de Salida 667/80/2020) en la que ya alertaban sobre “la preocupación social y la alarma que genera este fenómeno delictivo” y denunciaban que “las intervenciones policiales en relación con las ocupaciones y sus desalojos causan una enorme inseguridad jurídica entre los policías nacionales”.

Disparidad de criterios

“Ya han pasado varios días desde esa propuesta y resulta una exigencia ineludible el contar con una plan operativo o instrucción de servicio en Policía Nacional para que los agentes que se enfrenten a estas infracciones penales puedan tener las suficientes garantías jurídicas en su intervención, eliminando además la disparidad de criterios que pueda haber en las plantillas e incorporando y trasponiendo las indicaciones de la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado. Si los fiscales disponen ya de esa orientación en sus intervenciones en los procedimientos penales resulta incomprensible que los policías no cuenten con un documento similar”, denuncian.

7.540 okupaciones en 2020

Según el sindicato policial, los de okupación ilegal son alarmantes y han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. Además, en el primer semestre de 2020 ya se han contabilizado 7.540. “La tendencia al alza es manifiesta y nuestro Cuerpo está gestionando esta problemática en muchas plantillas sin la orientación que ahora sí disponen los miembros del Ministerio Fiscal”, asegura Morales.