Las personas físicas que acuden a los juzgado por no poder hacer frente a sus deudas supera por vez primera a las empresas que entran en concurso

Los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 92,1 por ciento y los derivados del impago del alquiler, un 89,8, debido principalmente a la Covid-19

Por vez primera, el número de concursos presentados en los juzgados de Primera Instancia por personas físicas, es decir, por no poder hacer frente al los pagos contraídos, superó a los registrados por las empresas ante los juzgados de lo Mercantil. En concreto, entre el 1 de abril y el 30 de junio, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, fue de 2.305, de los que 1.176 correspondieron a personas físicas no empresarios. Es el primer trimestre en el que los concursos de personas físicas superan a los concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil. El total de concursos ha mostrado una reducción del 22,7 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

En los juzgados de lo Mercantil se han presentado 1.129 concursos, un 34,7 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo Mercantil: 417, lo que supone el 36,9 por ciento del total. Le siguieron Madrid, 163; la Comunidad Valenciana, 145; y Andalucía, con 110.

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción (1.176) mostraron una disminución interanual del 6,2 por ciento. Cataluña fue el territorio con más concursos presentados (389, el 33,1 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, con 143; y Andalucía, con 138

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 108 expedientes, un 14,3 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Bajan las demandas por despidos y desahucios

Por otro lado, otro dato llamativo del citado informe refleja que en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 27.401 demandas por despido, un 2,6 por ciento menos que en igual trimestre de 2019. Madrid, con 5.982 (el 21,8 por ciento del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.316; Andalucía, con 3.734, y la Comunidad Valenciana, con 3.273.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo Social, 21.297, ha sido un 36,7 por cien inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2019. De ellas, 4.212 se presentaron en Andalucía, el 19,8 por cien del total; 3.693 en Madrid; 2.077 en Cataluña y 2.036 en la Comunidad Valenciana.

Junto a ello, en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 27.401 demandas por despido, un 2,6 por ciento menos que en igual trimestre de 2019. Madrid, con 5.982 (el 21,8 por ciento del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.316; Andalucía, con 3.734, y la Comunidad Valenciana, con 3.273.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo Social, 21.297, ha sido un 36,7 por cien inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2019. De ellas, 4.212 se presentaron en Andalucía, el 19,8 por cien del total; 3.693 en Madrid; 2.077 en Cataluña y 2.036 en la Comunidad Valenciana.

En general, la actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tenga unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.

Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020. El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6 por ciento inferior al del mismo trimestre de 2019,