El Consejo General del Poder Judicial cumplió ayer una de sus principales funciones constitucionales y legales: nombró magistrados y presidentes de Salas del Tribunal Supremo. Lo ha hecho gracias al amplísimo consenso alcanzado, pero en un contexto anómalo. La anomalía no consiste en haber llevado a cabo los nombramientos, sino en haberlo tenido que hacer bajo unas presiones tan impropias como insólitas: en un Estado democrático, cuya Constitución garantiza la división de poderes, es impropio que otros poderes del Estado presionen al gobierno del poder judicial para que no cumpla sus funciones y es insólito que eso haya pasado con el nivel de virulencia y agresividad que se ha desplegado.

La razón de las presiones que se han ejercido es conocida: las dificultades para cerrar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Parece que se ha llegado a la conclusión de que la fórmula para solucionar ese problema es generar otro mucho mayor que tense las instituciones, hacer inoperante el Consejo General del Poder Judicial para que, según una infeliz expresión de hace pocos días, se «descomponga» o parezca que lo está y ello obligue a pactar su renovación en unos concretos términos.

No soy soberbio si digo que eso es un error que no admite discusión. La solución a un problema que exige un amplio consenso, como es la renovación de un órgano constitucional (3/5 de cada cámara parlamentaria) no pasa por generar un problema mayor, desestabilizando el sistema. Pasa por negociar.

Un buen amigo y gran abogado me enseñó que negociar es un arte que consiste en ceder sin renunciar, o en ceder hasta donde se pueda renunciando a lo menos posible. Pero solo hay negociación si realmente se hace de buena fe. La negociación de buena fe exige el compromiso de poner los medios posibles para lograr el objetivo buscado y abstenerse de actos que puedan perjudicar ese objetivo. La buena fe también impone la confidencialidad del proceso y la garantía de que sus términos no se desvelarán, incluso si finalmente fracasa o parece que ha fracasado. La buena fe también reclama que la negociación se lleve a cabo sin «ruido» provocado por los propios negociadores. Y la buena fe excluye que haya reproches, que normalmente ocultan el propio fracaso: atribuir al otro las razones de esa frustración de la negociación suele ocultar la propia incapacidad para ceder. Es cierto que todo ello no asegura el éxito, pero su falta garantiza el fracaso.

No es misión del Consejo General del Poder Judicial dar lecciones, pero ayer sus vocales dieron una: se aislaron de las presiones, no generaron ruido y cedieron hasta donde pudieron renunciando a lo menos posible. Negociaron de buena fe para cumplir su objetivo: cumplir sus funciones y preservar la integridad de la institución. El Consejo General del Poder Judicial ha señalado un camino para solucionar un problema que no es suyo. Que ese camino se siga o no será el acierto o el error de otros. Mientras tanto, la institución cumplirá el papel constitucional que tiene asignado en garantía de la estabilidad y buen funcionamiento del PoderJudicial.