Los jueces, la isla que Sánchez quiere tomar

Lanzado a amansar al poder judicial para someterlo a sus intereses, Pedro Sánchez ha mostrado su determinación de reformar la ley, tanto para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial con mandato vencido, como para renovarlo. Quiere cambiar la mayoría actualmente necesaria, de tres quintos en Congreso y Senado, por una mayoría absoluta más que posible con los votos de PSOE y Unidas Podemos y sus socios habituales. Otro peldaño más en la escala del sanchismo para poner las instituciones del Estado al servicio particular del líder. Porque, de lograrlo, a nadie le quepa la menor duda de que la sala de mando de los jueces será otra correa de transmisión de cuanto al presidente del Gobierno le convenga.

La urgencia con la que pretende abordar estas modificaciones, de hondo calado, le ha llevado a «usar» al Grupo Socialista y al de Unidas Podemos para, vía proposición de ley, acortar los trámites parlamentarios. En dos meses podría tenerlo listo. Una evidencia más del bajo nivel de sus reparos a remover cualquier cosa que le estorbe. Las formas y el fondo parecen importarle poco a Sánchez. El presidente va de sobrado, pero este salto –ya veremos si al vacío– ha provocado un terremoto en muchos ambientes, incluidos los judiciales, donde todavía hay gente que piensa que no vale todo y que sigue considerando inaceptable que un Gobierno sea una pura síntesis de incertidumbre, desconcierto y desasosiego. La estratagema, reclamada por un Pablo Iglesias en muy serios aprietos ante los tribunales, más todavía después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya solicitado al Tribunal Supremo que se le investigue por el «caso Dina», está clara: rematar a Montesquieu. Enterrarlo de nuevo.

Que a Pedro Sánchez la separación de poderes le sonaba a rechifla ya era sabido desde que, sin pudor alguno, se jactó públicamente de controlar la Fiscalía. Luego, lo terminó de certificar situando a su frente a Dolores Delgado, hasta entonces ministra de Justicia y diputada del PSOE. Pues bien, ahora pretende extender su capacidad de control a los jueces, garantes en último término, como uno de los pilares de la democracia, de que la ley ampara y somete a todos por igual. Se apellide Urdangarín o Iglesias.

La idea de modificar las normas de renovación del CGPJ suscitó semanas atrás serias dudas entre los ministros del Gobierno. Entre ellos, el propio Juan Carlos Campo (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior). Los tres, por cierto, jueces de carrera. Sus reparos ante la intención de «violentar la legalidad a las bravas» no han hecho mella, sin embargo, en el líder socialista. Incluso Grande-Marlaska es señalado ya entre los fontaneros de La Moncloa como «en horas bajas». Pero, por más que se empiecen a acumular las opiniones negativas, Sánchez, erre que erre, ha dado la orden a Carmen Calvo de maniobrar para sacarle adelante lo que para una buena mayoría representa «una nueva tropelía partidista».

El presidente demuestra no tener escrúpulos a la hora de sortear los obstáculos que se le presenten por delante. Nada nuevo bajo el sol, por cierto. Además, lo hace sin esconderse. A cara descubierta. Tal es su seguridad en sí mismo. Tanto desparpajo, que incluso se confeccionan argumentarios para abroncar al PP alegando que no respeta la Constitución por bloquear la renovación de órganos constitucionales.

Lo he dicho en alguna otra ocasión: lo único importante para Sánchez es Sánchez. En su estrategia para coserse al poder, los daños generados al andamiaje institucional son cuestiones menores para el mandamás del PSOE. El presidente del Gobierno ha dicho a los suyos que quiere llegar a la próxima Semana Santa con la Legislatura allanada, y cualquier medio les vale para alcanzar el fin. En eso trabajan conjuntamente las maquinarias de La Moncloa y de Ferraz.