Arrimadas negocia con Moncloa el plazo y que haya más controles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con los apoyos de Ciudadanos (Cs) y PNV para aprobar mañana el decreto del estado de alarma. La precisión que validó ayer el Consejo de Ministros, por la que la vigencia del toque de queda será hasta el 9 de noviembre, y a partir de ahí las comunidades podrán decidir si mantienen o no esta medida excepcional, impulsa el voto a favor de quienes ya fueron socios del Gobierno de coalición en el anterior estado de alarma.

Así, formalmente el presidente del Gobierno no tiene que rectificar el plazo de seis meses por el que estará en vigor, aunque en la práctica suponga dejarla paralizada, «como un simple paraguas en el que las comunidades puedan ir encontrando cobertura jurídica para las decisiones a futuro que tengan que adoptar en materia de confinamiento o restricción de movimientos».

La negociación está abierta, el PNV ya ha mostrado su voto a favor y fuentes de la dirección de la formación naranja confirmaron ayer a este diario que la enmienda que ayer aclaró el Consejo de Ministros facilita un acuerdo. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, adelantó esta semana en la Ser sus condiciones, que afectan a medios materiales y medidas para hacer frente a la alta incidencia de contagios, pero aunque criticó la duración de seis meses, puntualizó que no era una línea roja en cuanto se mejoraran los sistemas de control. «Cs ha sido responsable y ha apoyado todas las prórrogas en los peores momentos. La semana pasada lo solicitamos antes que ningún partido o Gobierno autonómico, pero nos parece inconcebible que el Gobierno busque un estado de alarma de 6 meses sin explicaciones del presidente en el Congreso. Estamos negociando para que rectifiquen el plazo y las comparecencias de Sánchez».

Hasta ayer por la tarde no se había producido ninguna novedad en la negociación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Al menos Génova negó el contacto que el presidente del PP, Pablo Casado, comentó el lunes que esperaba tener de nuevo con Sánchez. Los dos conversaron el domingo, día en el que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto.

Moncloa confirmó ayer que será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no Pedro Sánchez, el encargado de defender la prórroga en el Congreso. Para el PP, la vigencia nacional del toque de queda hasta el 9 de noviembre, para luego delegar en las comunidades la decisión de mantenerlo o no, no es motivo suficiente como para apoyar que siga en vigor el estado de alarma durante seis meses sin control parlamentario. En principio, debería prorrogarse cada 15 días, como en marzo. Pero las peculiaridades introducidas y la cogobernanza reconocida a las comunidades, sin mando único, justifica para Moncloa que Sánchez se libere de ese control. En los meses de confinamiento cada debate fue una tortura política para el presidente, ya que dejó en evidencia la progresiva pérdida de apoyos y la creciente crítica a su gestión. El PP advierte que el estado de alarma sigue concediendo poderes excepcionales a Sánchez, limita el derecho de manifestación e impide disolver el Parlamento, por ejemplo.

Casado fijó como condiciones para apoyar esta nueva alarma que fuera de dos meses y que estuviera acompañada de una reforma exprés de la legislación sanitaria para hacer innecesario recurrir a una medida tan excepcional. Moncloa rechazó estas enmiendas y exigió a Casado colaboración sin condiciones. La crítica al plazo de seis meses, sin control parlamentario, la ha realizado también ERC, socio de investidura. ERC se desvinculó del primer estado de alarma, pero éste lo necesita para poder dar cobertura jurídica a las durísimas medidas que está adoptando la Generalitat por la situación crítica sanitaria.

La dirección del PP tiene que equilibrar su posición nacional con el hecho de que sus comunidades también necesitan del estado de alarma para encontrar cobertura jurídica. Castilla y León fue la primera en poner en marcha el toque de queda, pero las cifras son también muy preocupantes en Andalucía o Murcia. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los más duros en criticar el estado de alarma por sus consecuencias económicas. Pero estas declaraciones las hizo antes de que se conociese que serán las comunidades las que decidirán a partir del día 9 si anulan el toque de queda.