Gobierno y principal partido de la oposición llevan meses negociando, “con idas y venidas”, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya dos años en funciones por el bloqueo en las conversaciones de los principales partidos políticos. Este bloqueo se levantó el verano pasado, cuando el acuerdo entre PSOE y PP estaba prácticamente cerrado, pero la formación de Pablo Casado se retiró en el último momento y dio al traste con los esfuerzos que se habían hecho hasta ese momento. En Moncloa lo vincularon a la salida abrupta de Cayetana Álvarez de Toledo, revelando estos avances, en un momento en que Unidas Podemos estaba criticando fuertemente a la Monarquía por la salida del rey emérito de España. Desde entonces, los contactos no se han llegado a interrumpir y tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como su interlocutor en el PP, Enrique López han seguido avanzando a baja intensidad y en privado.

La buena marcha de las negociaciones llevó al titular de Justicia a explicitar recientemente su esperanza de poder anunciar la renovación en el entorno del Día de la Constitución, que se celebrará a finales de esta semana. Sin embargo, desde el PP han enfriado en las últimas horas su optimismo, asegurando que no habrá renovación antes de finales de año. Este portazo causa estupor en Moncloa, donde reconocen que “el acuerdo ya está cerrado” y lamentan que los populares se “desdicen cuando tienen que anunciarlo”. “El Gobierno ya ha cerrado un acuerdo para renovar el CGPJ, lo que ocurre es que cuando al PP le toca ponerle fecha o hacerlo público, se desdice”, ha asegurado María Jesús Montero, que ha recordado que “se ponen excusas o se vincula a otras cuestiones que nada tienen que ver con el asunto”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha mostrado su esperanza en que “en los próximos días se pueda cristalizar” este pacto y ha valorado como “poco presentable” que el principal partido de la oposición “no se dedica a cumplir con su mandato constitucional. No hay ningún elemento que justifique esta actitud”, ha señalado. Por tanto, con el “acuerdo ya cerrado” y a la “espera de que el PP quiera”, en el Gobierno se dan “un tiempo prudencial”, que no han querido cuantificar, para que se produzca una “reacción” en Pablo Casado. Si esto no se da, desde Moncloa anticipan que reactivarán su “hoja de ruta”, que no es otra que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que actualmente está paralizada en el Congreso, para modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez ofreció a Pablo Casado, durante el debate de la moción de censura, dejar esta reforma en “stand by” a cambio de que el PP se sentara de nuevo a negociar. La reforma, muy polémica, pues no cuenta con el favor ni siquiera de los socios de la coalición, sigue parada desde entonces, pero en el Gobierno aseguran que “no van a permitir que haya esta capacidad de veto por parte del PP ante lo que es su obligación constitucional”. Una actitud que consideran “irresponsable” por parte del principal partido de la oposición.