Sánchez ya ha concedido a Bildu el 70% de sus exigencias post-ETA

EH Bildu ha vendido caro su apoyo a la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa en 2018, a su investidura a finales de 2019 y a la inminente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Desde que está en la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha materializado, de manera activa o pasiva, 5 de los 7 puntos de los que consta el programa electoral de la formación filoterrorista en el apartado en el que hace referencia a ETA, a los presos por terrorismo independentista en el País Vasco y a lo que la extrema izquierda vasca denomina «el conflicto». Situado concretamente en la página 134 y 135 de su programa electoral para las autonómicas de 2020, Bildu expone los siete puntos en los que tiene pensado centrar su trabajo político y una simple enumeración hace recordar inmediatamente numerosos titulares en prensa que han venido denunciando recientemente la labor de Gobierno en este punto, titulares y medidas que han provocado que señaladas voces del partido socialista hayan levantado la voz para denunciar la deriva en la que se ha instalado Moncloa.

En primer lugar aparece la intención de Bildu de «culminar el diseño de una ley para la Memoria Histórica que ponga en el centro a las víctimas del franquismo». Es de todos conocido que el PSOE tiene previsto darle una vuelta de tuerca a la ley de memoria histórica de Zapatero en la que se revisará el estatus jurídico del Valle de los Caídos, se abrirá la puerta a ilegalizar las fundaciones. «Más aún, en un contexto en el que vemos un resurgir del fascismo, impulsaremos en la próxima legislatura una ley que reconozca definitivamente los derechos que tienen las víctimas del fascismo». Estas palabras que acabamos de citar, ¿provienen de la vicepresidenta Calvo o de Ferraz en el contexto de la nueva ley de memoria, o del programa electoral de Bildu? ¿O podrían haber sido pronunciados por cualquiera de los dos? Juzgue el lector.

El Gobierno no ha hecho nada para evitar que se realicen homenajes a asesinos pertenecientes a la banda terrorista ETA cuando salen e prisión. Más allá de algunas declaraciones puntuales de Sánchez, lo cierto es que se siguen celebrando ante la pasividad del Ejecutivo. Este es precisamente el segundo punto del programa de Bildu: «Iniciativas para reconocer y reparar a todas las víctimas del conflicto político desde una perspectiva de igualdad». La pasibiliad del Gobierno ha llegado al punto de que el senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, se vio obligado a instar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a «acabar ya con los homenajes a etarras» y le exigió que «cumpla con su palabra e impulse de forma urgente las modificaciones legislativas oportunas para impedirlos». Catalán registró en la Cámara Alta una serie de preguntas en las que interpelaba al ministro sobre «cómo y cuándo va a prohibir los homenajes y muestras de apoyo a los etarras y a partir de qué modificaciones legislativas». Así, recordó que el ministro anunció que «se iban a impulsar cambios en la legislación vigente» después de que el senador regionalista denunciara en mayo «los homenajes que se venían convocando, por colectivos de la izquierda radical vasca, en apoyo a los asesinos de ETA». Sin embargo nada ha sucedido.

El tercer punto es «hacer frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la derogación de la ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado 12/2016». Este es el punto del programa de Bildu que Pedro Sánchez más se apresuró a materializar, aunque en este asunto el PNV también sumó sus fuerzas al partido filoterrorista. Poco antes de que el Gobierno tomara esta decisión en agosto de 2018 el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y seis asociaciones de la Policía y la Guardia Civil mandaron un escrito al ministro del Interior, Fernándo Grande-Marlaska, rogándole que no se retirara este recurso de inconstitucionalidad. Advirtieron de la «injusticia» e «inmoralidad» que supondría su retirada contra esta ley basada en el «relato del conflicto» y en la construcción de una «memoria alternativa» para «blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo». «En su condición de juez, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho. Todas las leyes de este país deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional, incluidas las que promulguen los parlamentos autonómicos», explicaban.

«Las y los presos políticos están haciendo un recorrido, dentro de la legalidad, para culminar el proceso de su vuelta a casa», reza el 4 punto del programa de Bildu. En la actualidad ya solo quedan «unos quince» presos etarras sin acercar a cárceles del Pañis Vasco segñun reconoció el propio Marlaska por lo que poco queda para «acabar con el aislamiento y otras medidas inhumanas» a las que hace referencia Bildu en el punto 5 del apartado dedicado al «conflicto» de su programa.

En cuanto al punto 7 basta releerlo para entender cuál es la lógica tras la salida del Ejército del cuartel de Loyola en San Sebastián. Bildu quiere «reafirmar nuestra reivindicación de que las Fuerzas de seguridad españolas se replieguen o se retiren. Desde un punto de vista del modelo de seguridad, es preciso vaciar las competencias de las policías españolas, que en realidad son escasas en la actualidad». Un punto que gracias a Sánchez ya es más realidad.