Crimen de Andorra
La Justicia despeja el último obstáculo para juzgar a “Igor el ruso” por el triple asesinato de Teruel
La Audiencia de Teruel desestima la nulidad de la prueba esgrimida por la defensa del ex militar, que cuestionó la cadena de custodia y alegó la vulneración de su derecho a la tutela judicial
La Audiencia Provincial de Teruel ha desestimado de plano la pretensión de la defensa del ex militar de origen serbio Norbert Feher, conocido como “Igor el Ruso”, para evitar que sea juzgado por el asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en la localidad turolense de Andorra hace ahora tres años, el 14 de diciembre de 2017, cuando huía de las Fuerzas de Seguridad tras disparar a dos vecinos de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo.
El tribunal ha rechazado decretar -como le solicitaba el abogado del acusado- la nulidad de la prueba hallada en el lugar de los hechos y niega, en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que “Igor el Ruso” haya sufrido una vulneración del derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las todas las garantías.
Según esgrimió el letrado de Feher (autor confeso de los crímenes), en la recogida de las huellas y vestigios no se respetaron las prevenciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no haberse supuestamente acordonado la zona hasta la llegada de la comisión judicial, por lo que las pruebas pudieron ser manipuladas, lo que en su opinión acarrearía la nulidad de las mismas y de los informes periciales elaborados en consecuencia.
Pero la Sala concluye que la defensa “al margen de su genérica invocación de indefensión, no ha acertado a señalar cual es la concreta manipulación que esas pruebas habrían sufrido, en qué medida esa manipulación incorrecta de las huellas y vestigios habría limitado su derecho de defensa, y en que habría variado el resultado de la diligencia si se hubiera practicado correctamente”. Y, además, le recuerda que “ha dispuesto de un largo periodo de instrucción para impugnar los hallazgos o solicitar pruebas complementarias”.
Del mismo modo, precisa que esa pretendida irregularidad de la recogida de pruebas o vestigios “podría afectar, en su caso, al valor probatorio de los mismos, y por extensión, a las pruebas practicadas sobre aquellos, pero en ningún modo determinaría la nulidad de todas las actuaciones”. Y es que, recuerda, “durante la instrucción se han practicado otras pruebas”, como la declaración del imputado o de los testigos, “cuya validez en modo alguno quedaría afectada por la irregularidad de aquellas”.
El juicio con jurado popular por el triple asesinato de Andorra se celebrará previsiblemente la próxima primavera, aunque aún no se ha fijado la fecha.
El abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación en defensa de la familia de uno de los agentes fallecidos, ha mostrado su satisfacción por la resolución de la Audiencia de Teruel con la que, afirma, “se consigue abortar la estrategia del investigado de invalidar” los informes periciales incorporados a la causa. Unos informes que, recalca el letrado, “sustentan la permanente postura de esta acusación de que los agentes fueron identificados como tales, siendo posteriormente emboscados y asesinados a sangre fría sin ninguna opción de sobrevivir” por “Igor el Ruso”. Piedrafita anticipa que solicitará que se le condene a la pena de prisión permanente revisable por estos hechos.
Condenado a 21 años de prisión
“Igor el Ruso” ya fue condenado a 21 años de prisión por dos tentativas de homicidio y tenencia ilícita de armas por disparar a dos vecinos de Albalate del Arzobispo, que resultaron heridos, el 5 de diciembre de 2017, días antes de los hechos por los que ahora será juzgado de nuevo. Además, se le impuso la obligación de pagar 117.000 euros de indemnización a las dos víctimas y al hospital de Alcañiz por los gastos de la atención sanitaria prestada a ambos.
En ese caso, su defensa alegó sin éxito la nulidad de las actuaciones al considerar que se vulneró el derecho de Feher a la libre elección de abogado, y denunció que no dispuso de una defensa efectiva por parte del letrado de oficio que asumió su defensa en el procedimiento.
No es la única condena que acumula en nuestro país, pues el pasado junio le condenó a seis años y medio de cárcel por media docena de robos en viviendas de la provincia de Teruel durante su huida, que se produjeron antes de que intentase matar a los dos vecinos de Albalate y de que asesinara al ganadero y a los dos agentes.
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