Delgado reclama que las comunicaciones entre Gobierno y fiscal general queden transcritas

Dolores Delgado, considera que la atribución por los fiscales de la dirección de la investigación de los procedimientos penales debe llevar implícita incrementar la autonomía del Ministerio Público, cambiar o establecer “contrapesos” en la designación de quien vaya a estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Y, además, aboga igualmente por un nuevo modelo de comunicaciones con el Gobierno basado en la transparencia y la publicidad, y ello hasta el punto de que las conversaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía queden transcritas en un registro público y que se suprima la posibilidad de que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada a informar ante el Consejo de Ministros, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado. Además, abogar por contar con un modelo organizativo muy similar al del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la autorregulación de su funcionamiento..

Así se lo ha transmitido esta tarde a los representantes de las tres principales asociaciones fiscales donde ha esbozado las líneas generales de lo que debe ser “un plan para afrontar el reto de la reforma procesal”, que les otorga toda la investigación penal.

En relación con la designación del fiscal general del Estado, Dolores Delgado sostuvo que sería necesario reforma del sistema de nombramiento “con la instauración de contrapesos que acrecienten su autonomía del Ejecutivo, a quien incumbe la designación conforme al modelo elegido por el constituyente de 1978 y por la mayor parte de los países de nuestro entorno”.

El cambio de modelo, con el fiscal como director de la investigación, es una reivindicación reiterada a lo largo de los años por la carrera. “Las y los fiscales españoles estamos decididos a asumir un reto que nos acerca a los modelos de Ministerio Público de los países de nuestro entorno y cuyo éxito precisa de la colaboración de todos, señaló la Fiscal General.

Junto a todo lo anterior, Delgado reclamó una autonomía normativa para la autorregulación de la institución, lo que implica una capacidad reglamentaria propia en relación al régimen interior del Ministerio Fiscal y su propia organización, “similar al CGPJ y a otros organismos con personalidad jurídica propia”; así como una autonomía formativa, con la asunción de competencias exclusivas o compartidas con el CGPJ en base a unos objetivos, necesidades y presupuestos propios.