La alcaldesa de Mogán insiste en sacar a los inmigrantes de los hoteles y acusa a Escrivá de incumplir la Ley

Aunque el foco sobre la crisis migratoria esté virando hacia la Península debido a las reubicaciones de inmigrantes en distintas ciudades españoles, centenares de inmigrantes continúan alojados en pisos turísticas en distintas islas canarias.

En plena temporada alta, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, -cuyas quejas ayudaron a desatar la situación lamentable en la que estaban los inmigrantes en el muelle de Arguineguín- ha insistido este jueves en señalar al 31 de diciembre como fecha límite para que hoteles y apartamentos del municipio grancanario dejen de alojar a inmigrantes.

Según argumenta, el alojamiento en estos espacios supone un “incumplimiento de la legislación turística y urbanística” del que acusa al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya que, dice, vulnera dicha normativa “al destinar fondos o subvenciones a organizaciones que prestan servicios asistenciales a personas migrantes alojadas en los complejos hoteleros de Gran Canaria”,

En este sentido, según señala en un comunicado, ha remitido un escrito al ministro que lo dirige, José Luis Escrivá, en el que le insta “a tomar las medidas que estime necesarias para obedecer la ley y permitir que las zonas turísticas del municipio recuperen su actividad natural”, destaca la nota.

Además, insiste en que ese uso de dichos establecimientos, permitido “mediante autorización administrativa del propio ministro”, según recalca, “no debería ser posible” en virtud de la normativa turística de Canarias.

La cual especifica que “es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella”, apostilla.

Por todo ello, Onalia Bueno reitera su exigencia de no alargar más allá del 31 de diciembre la referida práctica argumentando que vulnera la legalidad.

En esa línea, señala incluso que “el Estado podría verse obligado a anular estas subvenciones por incurrir el destino de las mismas en infracciones del ordenamiento jurídico”.

Algo que afirma que “reconoce la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”, en aplicación de la cual “no se pueden conceder subvenciones para financiar centros de acogida de inmigrantes que sean empleadas para contratar, de forma contraria a la Ley, un establecimiento turístico”, sentencia la alcaldesa e Mogán.

Se calcula, que en el momento álgido de la crisis, en torno a 6.000 personas fueron reubicadas en estos establecimientos dada la falta de espacios para su ubicación.