El éxodo canario de los 2.500

El goteo de llegadas de inmigrantes a la Península procedentes del archipiélago no cesa pese a que el Gobierno se niega a revelar los datos concretos de las reubicaciones

Un cayuco con 65 ocupantes ha arribado este domingo al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro,
Un cayuco con 65 ocupantes ha arribado este domingo al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, FOTO: Gelmert Finol EFE

Fue a principios del mes de febrero cuando lo que parecía una hipótesis se convirtió en una realidad. Cuando una ruta se cierra, se abre otra. Es el axioma que explica los movimientos migratorios. Quienes escapan de sus países, ya sea por un conflicto bélico, por persecución religiosa o por motivos económicos, no entienden de fronteras. Cerrada una ruta, se reactiva otra. Los nuevos sistemas de control implantados en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, la saturación de algunos puntos tradicionales de salida clandestina de inmigrantes o el cierre de otras rutas, como la Mediterránea, contribuyeron a que la Islas Afortunadas en 2020 estén recibiendo, sin contar con los medios suficientes, toda la inmigración que dejó de llegar por el Estrecho de Gibraltar o por Italia. No obstante, muchos no logran llegar a su deseado destino final porque son devueltos a sus países o porque mueren en su intento de llegar al continente europeo.

Los datos son demoledores. Según el informe mensual que elabora el Ministerio de Interior sobre las llegadas irregulares a nuestro país, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre las llegadas por vía marítima a las Islas Canarias ascendieron a 19.566 personas frente a las 1.933 del año anterior. Es decir, un aumento del 881,7%. En total, arribaron 641 embarcaciones –cayucos o pateras– frente a las 107 que lo hicieron en el mismo periodo de 2019.

Esta llegada masiva de personas en situación irregular desbordó todos los sistemas de acogida de las Islas, lo que obligó a alojar a muchos de los inmigrantes en establecimientos turísticos. El buen tiempo de los meses de octubre y noviembre, influyó en el masivo número de llegadas que se contó por mil algunos días. La falta de organización y previsión por parte del Ejecutivo fue uno de los motivos por los que el muelle de Arguineguín (en Gran Canaria) se convirtió en un improvisado campamento de acogida temporal, sacando los colores al Gobierno por las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban los rescatados.

Inmigración
Inmigración FOTO: T. Nieto

A día de hoy, cerca de 6.000 están acogidos en hoteles, según informó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno José Luis Escrivá. Alrededor de 2.000 estarían en distintos centros de asilo. Otros 600 se ubicarían en el polvorín militar de Barranco Seco –el campamento levantado contrarreloj para evacuarlos del muelle de la vergüenza–. Según fuentes policiales consultadas por LA RAZÓN, unos 2.500 han sido derivados ya a la Península en vuelos regulares a Granada, Valencia, Alicante, Madrid, y a través de ferries hasta Huelva.

Estos traslados llevan meses ejecutándose pese al mutismo y silencio del Gobierno, que siempre defendió que repartir de forma solidaria a los migrantes, como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006, alentaría a las mafias y podría generar un «efecto llamada». Sin embargo, estos traslados llevan meses produciéndose tal y como demuestran las imágenes, testimonios y documentos que salieron a la luz esta semana.

Desde el mes de octubre se han producido estos traslados de los que no se ha informado ni a la opinión pública ni, en la mayoría de los casos, a las autoridades locales. Los casos más llamativos se produjeron el pasado Puente de la Inmaculada y la Constitución. Mientras la mayor parte del territorio español permanecía cerrado perimetralmente debido a la crisis sanitaria, más de 400 inmigrantes llegaron a Valencia y Alicante y alrededor de 200 lo hicieron a Granada. Todas estas reubicaciones se produjeron de manera silenciosa y sin informar, una falta de transparencia que está disparando las críticas contra el Gobierno, algunas, por parte de sindicatos policiales que se sienten desprotegidos ante la falta de información.

No en vano, los bandazos en la política migratoria del Gobierno de coalición no dejan de producirse. Si a principios de noviembre, desde el Ejecutivo negaban cualquier traslado a la Península, a día de hoy ya no ocultan que se están produciendo. Hablan de traslados «puntuales» de «personas vulnerables y susceptibles de ser acreedoras de protección internacional», sin embargo, todos los datos apuntan en dirección contraria. En torno al 12,5% de los que inmigrantes que llegaron a las Islas Canaria ha logrado llegar a la Península, ya sea por su cuenta o con ayuda de alguna organización humanitaria.