Entrevista

“Pablo Iglesias me quiere meter en la cárcel, pero no estamos en Venezuela. Es un fanático extremo”

Miguel Frontera, de 53 años, se enfrenta a más de siete años de prisión por una querella interpuesta por el vicepresidente con motivo de las protestas frente a su residencia de Galapagar

Miguel Frontera, de 53 años, durante una entrevista con LA RAZÓN
Miguel Frontera, de 53 años, durante una entrevista con LA RAZÓNAlberto R. RoldánLa Razón

Miguel Frontera se ha convertido en una de las peores pesadillas de Pablo Iglesias. Él es uno de los infatigables que con frecuencia acuden a la casa del vicepresidente a entonar el himno de España y agitar banderas patrias. De hecho, recientemente acudió a ponerle a todo volumen el mensaje del Rey en las inmediaciones de su vivienda de Galapagar. Iglesias y su esposa y ministra de Igualdad, Irene Montero han respondido con una querella contra Frontera en la que le acusan de revelación de secretos, acoso, coacciones y resistencia a la autoridad, la cual se encuentra en fase de instrucción. Hoy han declarado vía telemática el matrimonio y mañana, a las 10:00, lo hará el acusado en el Juzgado número 1 de Collado Villalba. “Es una vergüenza, no tiene ningún sentido, me quiere meter en la cárcel por acudir a las inmediaciones de su casa, por grabar el exterior y por poner el himno de España. Pero el vicepresidente no se da cuenta de que no estamos en Venezuela, lo que ocurre es que él es un fanático extremo”, dice Frontera a LA RAZÓN.

Según relata este madrileño de 53 años, explica que en la querella que han formulado los Iglesias-Montero “han metido todo lo que han podido para intentar llevarme a la cárcel. Todo viene a raíz de un vídeo que grabé el 12 de julio. Acudí con su hija a las inmediaciones de su casa y me encontraba en una zona donde el terreno se eleva como unos 20 metros y me puse a grabar, aunque realmente no se veía nada del interior de la vivienda. De repente salió de la casa Iglesias y dejé de grabar. Le acompañaban sus escoltas. Escuché a un señor que decía que Pablo había dicho que quería detenciones ya y que rodaran cabezas», relata. Cuando la gente que había allí empezó a dispersarse, la Guardia Civil le dijo a Miguel que él no podía irse y que les diera su teléfono. «Sin una orden judicial ni nada. Se lo quedaron y no me lo devolvían, de hecho, aún lo tienen y no hay manera de recuperarlo. Entonces me dijeron que me iban a detener y que les dijera qué quería hacer con mi hija, porque yo no podía volver a casa. No me esposaron, la verdad que los agentes se portaron muy bien conmigo. Me llevaron a la comandancia de Galapagar y tras cinco horas allí me soltaron después de firmar unos papeles», cuenta.

“Revelación de secretos sería grabarle desnudo en su piscina”

Aquel caso quedó archivado porque no hubo una querella directa del afectado, Pablo Iglesias, sino tan solo el atestado de la Guardia Civil. Pero el vicepresidente, semanas más tarde y a través de su abogada presentó el escrito contra Frontera. “Es una barbaridad, la suma de los delitos que dice que he cometido, que es completamente falso, podría sumar más de siete años de prisión. Un delito de revelación de secretos sería si hubiera grabado el interior o si les hubiera filmado desnudos en su piscina, pero no fue así. Por esto no me pueden condenar. Confío en que en España todavía hay jueces independientes”.

Según Frontera, el delito de acoso que le imputan “es absurdo, si un vicepresidente del Gobierno se siente acosado por un ‘‘Viva España’' o un ‘‘Viva el Rey’', que vaya al psicólogo, porque el problema lo tiene él. Y sobre la desobediencia a la autoridad es un disparate. Él fue el primero que defendió que se acosara a Soraya Sáenz de Santamaría, a Begoña Villacís y a Cristina Cifuentes, a quien amenazaron de muerte en Malasaña delante de su hijo, por ejemplo”

Reconoce que no está asustado, “y mira que recibo a diario amenazas”, pero sí se siente “incómodo” con que le tachen de acosador, “porque es totalmente falso, pero sé que he dado con una persona que perversa”, dice en referencia al vicepresidente “bolivariano”, como él lo denomina. Una vez que el juez que instruye la causa haya tomado declaración a los implicados, decidirá si hay causa o si se archiva. “Yo de momento voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora, porque que sepa, no es ilegal y nadie me ha dicho lo contrario”, sentencia Frontera.