En España hay 47.373 presos, la cifra más baja de este siglo

Instituciones Penitencias cierra 2020 con una de las cifras más bajas de personas privadas de libertad del siglo. En concreto, al finalizar diciembre, las prisiones de la Administración General del Estado –todas salvo las de Cataluña- albergan a 47.373 internos. De ellos, solo un 7,4 por ciento son mujeres: 3.514, frente a 43.859 hombres privados de libertad.

La cifra supone un importante descenso respecto del año 2019 que se cerró con 50.129 internos. Solo en el año 2002 se encuentra un número menor en lo que llevamos de siglo: 44.924 internos e internas. El año 2009 fue el que registró la mayor población penitenciaria con más de 65.500 personas presas, un 38% más que en la actualidad. El descenso se atribuye, entre otras cuestiones, a las sucesivas reformas del Código Penal y, en especial, a la introducción de la suspensión de la condena.

En cuanto a incidencia de la COVID-19, hay que subrayar que, a pesar de su carácter cerrado, las prisiones han terminado el año con una afectación significativamente más baja que la población en general. Con una cifra acumulada desde la llegada del coronavirus inferior a los 800 positivos entre la población reclusa, la tasa de afectación de la COVID-19 es 2,2 veces inferior a la de la población en general.

En el caso de los contagios entre funcionarios, el año termina con un acumulado de positivos durante la segunda oleada inferior a 700. Durante la primera ola de la pandemia, Instituciones Penitenciarias tuvo que lamentar el fallecimiento de cuatro funcionarios de las prisiones de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel.

Las medidas frente a la Pandemia también han supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías. La restricción de las comunicaciones para evitar la expansión del coronavirus durante el primer estado de alarma trató de paliarse implantando un sistema de videollamadas. Cuatro centros penitenciarios han comenzado este mes a sustituir las tradicionales cabinas de teléfono por videocabinas. Se espera que a lo largo de 2021 estén implantadas en todo el país.

La COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos. También al de los programas de tratamiento encaminados a la reinserción. A pesar de que durante meses se suspendió la entrada de profesionales extrapenitenciarios a la prisión, casi la mitad de los condenados a privación de libertad –más de 22.000- se ha sometido a alguno de los 19 programas de tratamiento específico de conductas delictivas, que son voluntarios.

Destacan entre otros los relativos a la intervención en drogodependencia, con una media de 3.000 participantes, el PRIA, programa terapéutico contra la violencia de género, con una participación media cercana a los 600 internos o el TACA, la terapia con animales, en el que ha participado una media de 300 penados y penadas.

Además, en 2020 se implantó un nuevo programa de tratamiento: el Programa de Delitos Económicos (PIDECO). Se trata del primer programa a nivel mundial para la reinserción de penados y penadas por esta tipología delictiva. En octubre de este año los internos e internas condenados por delitos económicos superaban los 2000, lo que representa un 5,6% de la población penada.

Además de condenados a penas de cárcel, Instituciones Penitenciarias también ha gestionado durante 2020, cerca de 63.000 nuevos mandamientos judiciales para el cumplimiento de penas y medidas alternativas a la prisión, la inmensa mayoría condenados a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) o a someterse a programas de tratamiento para evitar el ingreso en prisión.

En concreto, más de 23.000 penados lo fueron por delitos de violencia de género, más de 6.000 se sometieron al PRIA-MA, el programa específico para esa tipología delictiva. El segundo delito más común en condenas no privativas de libertad es el delito contra la Seguridad Vial, con cerca de 19.000 penados con los que se trabaja, entre otras iniciativas, con los taleres o programas TASEVAL y PROSEVAL de reeducación vial.

Este 2020 han continuado desarrollándose los programas de Justicia Restaurativa, para el encuentro entre víctimas y victimarios, no solo en el ámbito de las Penas y Medidas Alternativas, sino en centros penitenciarios como Burgos, Valladolid o Sevilla donde se han realizado los primeros encuentros restaurativos entre penados a privación de libertad y las víctimas directas de sus delitos.

Los datos en torno a la conflictividad dentro de las prisiones siguen evidenciando el descenso continuado de agresiones a funcionarios que se registra desde 2010. Frente a las 475 agresiones que se produjeron aquel año, 2020 se cierra con un total de 154 agresiones, lo que supone un descenso del 68% en la última década.

De los incidentes registrados por la Subdirección General de Análisis e Inspección, a partir de los partes remitidos por los funcionarios afectados en los que se adjunta informe médico, de las agresiones registradas durante el año que termina ninguna fue muy grave, 4 fueron graves, 102 tuvieron como resultado lesiones leves; en las 48 restantes no se registraron lesiones.