Alguien miente. O la ministra de Asuntos Exteriores o el ministro principal gibraltareño. Con el déficit de credibilidad que el actual gobierno de la Nación se ha ganado a pulso se podría decir que la duda ofende.

La información que tenemos sobre el nuevo acuerdo hispano británico señala que España será competente para expedir visados Schengen para entrar en este territorio del que formará parte Gibraltar. No así el Reino Unido. No resulta creíble que la tripulación de un submarino nuclear, pongamos por caso, tenga que pasar por un consulado español para obtener un visado que le permita reparar dicho submarino en la base de Gibraltar. El citado ministro principal por supuesto niega la versión española del acuerdo.

Hay otro renglón que dicho ministro ni se molesta en comentar. Dice la información de «El País» que Gibraltar deberá aplicar los mismos aranceles, derechos aduaneros, IVA…y política comercial que la UE. La Colonia medra económicamente merced a un sistema fiscal privilegiado en relación con el del su entorno. Razón ésta que explica que, desde que España dio facilidades abriendo la Verja, naden en la abundancia en tanto que el Campo de Gibraltar se haya convertido en una de las zonas más deprimidas de Europa. El Reino Unido jamás podría consentir que esto ocurriera. Me explico.

Para los británicos Gibraltar es una base nuclear en una zona estratégica de vital importancia con una población que se ha convertido en una suerte de escudo humano mediante el que pretende justificar su presencia vis a vis de España y de las Naciones Unidas. Lo que les preocupa este tipo de poblaciones ha quedado patente en casos como Hong Kong o el atolón de Diego García. En el primero bastó con que China flexionara músculo para que pusieran pies en polvorosa y entregaran millones de sus súbditos a una dictadura comunista. En el segundo, la población estorbaba y ni cortos ni perezosos los expulsaron de su territorio.

En el caso de Gibraltar, cuando Castiella decidió poner coto a las facilidades que daba a la Colonia para explotar a su entorno español cerrando la cancela de la famosa Verja británica, se dieron cuenta de que dicha población o vivía de aquellas facilidades o lo hacia a base de subvenciones de Londres. El coste de la base parecía sobrepasar su valor. Por primera vez trataron de obtener ayuda española y abrirse a negociaciones sobre la soberanía que reclamaba España. En ese preciso momento, otro Gobierno del PSOE vino al rescate del Reino Unido procediendo a volver a otorgar las facilidades retiradas en su día. Hasta tal punto fue esto beneficioso para los británicos que los gibraltareños dejaron de ser una carga. Incluso consiguieron que, de una u otra forma, contribuyeran al sostenimiento de la base.

Donde parecen estar ambas partes de acuerdo es en lo relativo al tema de la soberanía. La ministra vino a decir que no era el momento oportuno para tratar de ello y el ministro que dicho tema era una línea roja infranqueable para los británicos. Pero sí se tocó el tema de la soberanía permitiendo un avance solapado a las tesis británicas. Una vez más he de explicarme.

Desde siempre ha habido acuerdo en que Gibraltar fue cedido a Gran Bretaña en virtud del Tratado de Utrecht de 1713. Todo fue bien hasta que la otra parte decidió que el Peñón no era en realidad una «fortaleza» sino una colonia y que su presencia en la misma tenía su fundamento legal no en dicho tratado sino en la voluntad del «pueblo» colonizado. Este cambio se debía a que con el paso del tiempo habían ido ocupando espacios no cedidos en Utrecht y grosso modo equivalentes a lo ya contemplado en dicho Tratado. Pues bien a partir del acuerdo comentado España, por primera vez en la historia, reconoce la existencia de las nuevas tesis británicas que hacen de Utrecht papel mojado.

Erik Martel es ex delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para Gibraltar (1979-1984)