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Vox informa contra el indulto al “procés” porque sería “blanquear una actividad delictiva”

Una vez que la Abogacía del Estado y la Sala emitan sus dictámenes, el Gobierno puede tomar ya la decisión

Marta Castro es la abogada de Vox que ha presentado el informe de oposición a indultar el "procés"
Marta Castro es la abogada de Vox que ha presentado el informe de oposición a indultar el "procés"Eduardo ParraEuropa Press

Vox ha presentado hoy ante la Sala Penal del Tribunal Supremo su informe contrario a la petición de indultos para los condenados en la causa del “procés, es decir, por todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 217. La formación de Santiago Abascal, personada como acción popular en este procedimiento, sostiene que otorgar esa medida de gracia por el Ejecutivo a los once condenados supondría “blanquear una actuación delictiva que de ninguna forma puede ser interpretada como un posicionamiento político, sino como una vulneración de la legalidad”.

El fondo de las alegaciones de esta formación política coincide con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, quien rechazaba de plano la concesión de esos indultos porque no se puede otorgar a quienes “atentaron contra la seguridad del Estado” y no sería más que un “atajo” para incumplir la sentencia del Supremo.

Una vez presentadas las alegaciones de Fiscalía y acción popular sólo faltan los informes de la Abogacía del Estado y el del tribunal sentenciador, la Sala Penal del Tribunal Supremo, el cual todo hace indicar que será igualmente contrario a indultar a los condenados. De hecho, la Sala ya revocó la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permitía a los encarcelados disfrutar de varias salidas a la semana para realizar distintas actividades, como la concesión del tercer grado penitenciario. Una vez esté el informe de la Sala, se remitirán todos al Ministerio de Justicia, que será quien tenga que elevar la propuesta al Consejo de Ministros. Varios miembros del Ejecutivo se han mostrado, de forma más o menos explícita, favorables a otorgarles esa medida de gracia y facilitar con ello su excarcelación. De llevarse a cabo esta medida, supondría que el Gobierno concedería el indulto con los informes en contra de Fiscalía y tribunal sentenciador, algo que es muy infrecuente -el Gobierno de Sánchez sólo ha concedido dos indultos con la oposición de Fiscalía y del Tribunal sentenciador-.

En las alegaciones presentadas por VOX, la abogada Marta Castro -que representó a esta formación política durante el juicio- alega que los indultos a los condenados supondría dejar impunes “los delitos cometidos contra el orden constitucional”.

Junto a ello, señala en sus alegaciones que “no se debe consentir que el Gobierno, por intereses partidistas, electoralistas o ideológicos pretenda utilizar este medio -el indulto- para blanquear una actuación delictiva que de ninguna forma puede ser interpretada como un posicionamiento político, sino como una vulneración de la legalidad”. En este sentido, recuerda que “en ningún momento, los condenados manifestaron o trataron de impedir las consecuencias lesivas de sus acciones”.

En cuanto al criterio de equidad, “no concurre presupuesto de desproporcionalidad de la pena”, por el contrario, “el sistema penológico aplicado resulta más favorable a los penados atendiendo a la concurrencia medial de delitos, de la que resultaron beneficiados”. Y recuerda que no han sido restituidos los caudales públicos, malversados con su actuación.

Lo volverían a hacer

Por otro lado, la abogada de la acción popular sostiene en su informe que ninguno de los condenados “manifestó, antes, durante o posteriormente, ni siquiera de forma indirecta la aceptación y reconocimiento de culpabilidad”. Por el contrario, añade, “siempre que han tenido ocasión, manifestaron su voluntad de repetir los actos si tuvieran ocasión”.

También destaca VOX al Tribunal Supremo que los condenados “corrompieron las funciones que los propios ciudadanos les habían encomendado, abusando de las mismas para sus fines ilícitos”.

Por último, señala que la concesión de los indultos podrían derivar en una acto de arbitrariedad, “cuando la motivación de la aplicación de la medida descansa en razones de conveniencia política y no en motivos particulares de carácter excepcional que lo justifiquen”, algo que está prohibido por la Constitución y los “principios inspiradores de nuestro Derecho y de interpretación del texto legal del indulto”.