A medida que van conociéndose más detalles del principio de acuerdo anunciado por la ministra de Exteriores en Nochevieja, la preocupación va convirtiéndose en alarma al constatarse que, si finalmente se llega a firmar un tratado, uno de los paraísos fiscales más opacos del planeta, la colonia británica de Gibraltar, podrá desarrollar sus tortuosas actividades financieras y ampliar aun más su régimen fiscal privilegiado con menos cortapisasque hasta la fecha y sin que, además, España cuente con herramientas objetivas para hacer valer la reivindicación de soberanía sobre la última colonia que queda en Europa.

Pero no sólo es preocupante el fondo: también lo son las formas. 24 horas después del acuerdo comercial de Nochebuena entre Reino Unido y Bruselas las 1.500 páginas de su articulado estaban publicadas online en las 26 lenguas oficiales de la Unión. Doce días han pasado del «principio de acuerdo» respecto a Gibraltar y ni la opinión pública ni los partidos políticos han recibido información cabal sobre su contenido más allá de las breves explicaciones de la ministra González Laya en su apresurada rueda de prensa de Nochevieja.

Prueba de la improvisación y de la escasa claridad de los términos sobre los que se ha construido este «principio de acuerdo» es que cada vez que el Gobierno hace público algo de su contenido a través del diario «El País», las autoridades locales de Gibraltar contestan con un desmentido que contradice punto por punto la que, es de suponer, es la postura del Gobierno. Ayer no fue una excepción: Fabián Picardo utilizó su página en una red social para ponerle los puntos sobre las íes a las explicaciones aportadas por González Laya. Picardo dejó claro que España no tendrá control efectivo sobre la entrada de particulares en Gibraltar y subrayó que los guardias de Frontex necesitarán el permiso del «Parlamento» de Gibraltar para realizar controles: «Esto requerirá una ley del Parlamento (...) lo que supone un reconocimiento crucial para nuestro Parlamento, nuestra institución democrática fundamental». Además de mostrar su entusiasmo por el reconocimiento gratuito a unas instituciones que, en el pasado, España se cuidó mucho de reconocer, Picardo dejó entrever también la escasa voluntad que Gibraltar tiene de cumplir su parte del trato: «Antes de que un agente español pueda entrar en Gibraltar será necesaria una ley del Parlamento, algo que estoy seguro de que ningún parlamento de Gibraltar permitirá ni ahora ni dentro de 4 años. ¡Un factor clave a la hora de proteger la soberanía, la jurisdicción y el control!». Es pertinente recordar que cuando en el futuro surjan conflictos si la colonia no cumple el tratado las partes del litigio no serán España ni Gibraltar sino Reino Unido y la Unión Europea.

El ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo considera muy grave el contenido del acuerdo que ha trascendido tras su publicación en «El País»: «Aunque se diga que el tema de la soberanía queda fuera, en la práctica se renuncia a reclamar algo que llevamos reclamando desde 1714. Aunque se quiera disimular, es un giro copernicano». Margallo llama la atención asimismo sobre el peligro que supone ponerle alfombra roja a Gibraltar para entrar en Schengen: «Si el principio de acuerdo se convierte en tratado Gibraltar va a tener el mismo estatus que Andorra, Liechtenstein, San Marino, Mónaco... pero todos estos son estados y Gibraltar es una colonia. En la práctica se está concediendo categoría de estado de manera indirecta».

El diplomático José Antonio Yturriaga, embajador de España en Irak, Irlanda, Naciones Unidas y Rusia) y experto en Derecho Internacional (fue responsable de la Asesoría Jurídica Internacional de Exteriores) considera que por lo que se conoce del principio de acuerdo «queda claro que se ha fortalecido la posición de los gibraltareños y el Gobierno no solo no ha aprovechado la oportunidad que le daba el Brexit y la debilidad de Johnson sino que además ha consolidado el estatus de la colonia». Además señala que «es increíble e intolerable que, a estas alturas, los ciudadanos españoles desconozcan lo que ha pactado su Gobierno con el británico en un tema tan sensible como el de Gibraltar. ¿Acaso hemos regresado a la época anterior a Woodrow Wilson y a la Sociedad de Naciones de la diplomacia secreta y la no publicidad de los tratados internacionales?».

Otro Embajador de España, Inocencio Arias reconoce también su perplejidad: «Sigo sin ver las ventajas para España en este principio de acuerdo. ¿Dónde están? Para los gibraltareños está clarísimo, van a tener todas las ventajas de estar en Europa y ninguno de los inconvenientes. Les hemos dado el premio gordo de Navidad en vez de apretarles las tuercas. Algo podríamos haber sacado, pero no hemos sacado nada. Me alegro mucho de que los trabajadores españoles mantengan sus puestos de trabajo pero el país entero no puede seguir dependiendo de unos pocos miles para diseñar su política exterior en un tema tan importante como este».