El juez ordena apartar “secretos de Estado” de la documentación intervenida a Villarejo

El juez del “caso Kitchen” ha ordenado que se aparte del procedimiento casi una veintena de archivos, audios y documentos “especialmente sensibles” intervenidos a José Manuel Villarejo en 2017, y que han sido incorporados a un informe policial, al considerarlos secretos de Estado.

En una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -que investiga una supuesta operación parapolicial para sustraer en 2013 a Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP- accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que le advirtió en un escrito el pasado martes de que entre esos documentos ahora analizados “aparecen algunos que por su formato o contenido tendrían la clasificación legal de secreto”. Algunos de esos documentos hacen referencia al terrorismo yihadista, a denuncias contra el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la unidad de Asuntos Internos, y a información bancaria de terceras personas.

García Castellón recuerda en su resolución que desde el comienzo de la investigación se ha puesto de relieve que entre la documentación intervenida a Villarejo figura “un ingente material documental e informático que este mantenía depositado sin ninguna habilitación legal para ello después de su jubilación” en 2016.

Entre esa documentación, puntualiza, se encuentra información, archivos y documentos “especialmente sensibles” relacionados con “la legislación de secretos de Estado” o que afectan “gravemente” a la seguridad de las personas o a terceros ajenos a los hechos investigados.

De ahí que se hayan adoptado -añade- “sucesivas cautelas para preservar el carácter reservado de la documentación intervenida y se dio orden a la Policía judicial desde noviembre de 2017 -cuando se detuvo a Villarejo y se ordenó su prisión provisional- de que informase al instructor de cualquier hallazgo en los dispositivos informáticos de cualquier dato que pudiera “comprometer la seguridad del Estado” o estar legalmente clasificado como secreto.

En ese mismo sentido se pronunció la sección tercera de la Sala de lo Penal en diciembre de 2018, que instó al juez a evaluar “el impacto de los documentos intervenidos” (si afecta a lo que legalmente se consideran secretos oficiales) antes de dar traslado a las partes de las actuaciones.

Expurgo “inaplazable”

Con ese objetivo, los fiscales de Anticorrupción Miguel Serrano y César de Verdes-Montenegro señalaron a García Castellón la información que, según su criterio, debía ser apartada de los documentos incorporados a un informe de Asuntos Internos de octubre del pasado año (en el que se analizan los posibles vínculos de Martín Blas con la “operación Kitchen”, que habría sido pagada con fondos reservados utilizados para captar como confidente al chófer de Bárcenas) por estar clasificados como secreto.

En total, 17 documentos, informes, archivos o audios que ahora el juez accede a apartar del sumario de forma “inaplazable” al corroborar su carácter secreto. Sin perjuicio, aclara García Castellón, de que en un futuro deba solicitar al Gobierno la desclasificación de alguno de ellos si es oportuno para la investigación.

Mientras tanto, deja claro, esa documentación “deberá quedar precintada y custodiada en condiciones de máxima seguridad”, poniéndola en conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según dispone la Ley de Secretos Oficiales.