Acto en el Congreso sin socios del Gobierno y sin ex presidentes

El aniversario del 23-F amenaza con convertirse en un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y sus socios de legislatura o, al menos, en una nueva ocasión para visibilizar sus diferencias. El Congreso de los Diputados ha organizado durante la jornada de hoy un acto con motivo del 40 aniversario del frustrado golpe de Estado, que estará presidido por el Rey, Felipe VI en el Salón de Pasos Perdidos. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, recibirá al Monarca en la Carrera de San Jerónimo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Además de los representantes de las altas instituciones del Estado también estarán presentes los ponentes de la Constitución, los vicepresidentes del Gobierno, el líder del partido mayoritario de la oposición, Pablo Casado, los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y los portavoces de los grupos parlamentarios.

A estas presencias hay que restar las ausencias, que se suman a la del Rey emérito Juan Carlos I, figura destacada del 23-F. «Por cuestiones de espacio y de protocolos sanitarios» no se ha cursado invitación a los ex presidentes del Gobierno, según aseguran fuentes parlamentarias, y algunos de los que sí han sido convidados, han rechazado asistir. Se trata en concreto, de los representantes de los partidos con los que el Ejecutivo sacó adelante los Presupuestos Generales del Estado –PNV, ERC y EH Bildu–. Además de los socios, tampoco acudirán Junts per Catalunya (JxCat), la CUP, BNG y Compromís, aunque en este caso porque no les correspondía asistir, dado que la representante del Grupo Plural –al que los dos partidos pertenecen– será la diputada Inés Sabanés de Más País. Algunas de estas fuerzas han convocado una comparecencia paralela de rechazo al 23-F. Sí estará, no obstante, Pablo Iglesias, que acudirá junto al resto de vicepresidentes del Gabinete, Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Si Sánchez no va a coincidir con sus socios en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, tampoco está previsto que lo haga en los posicionamientos que se defenderán horas después en el Hemiciclo. Todo a cuenta de una proposición no de ley que se debatirá a iniciativa de ERC relativa a la eliminación de la inviolabilidad y otras figuras de «especial protección judicial» a miembros de la Familia Real. Aunque tanto el presidente del Gobierno como otros miembros del Ejecutivo se han pronunciado en el paso de manera favorable a revisar la inviolabilidad del Rey, en concreto, a circunscribirla al ejercicio de su labor como jefe del Estado, no se prevé que los socialistas vayan a avalar esta iniciativa de sus socios republicanos. La estrategia será la misma que se ha seguido hasta ahora con las sucesivas ofensivas que desde estos partidos que soportan al Gobierno se han iniciado a cuenta del Rey emérito o la Casa Real, a través de iniciativas parlamentarias o promoviendo comisiones de investigación al respecto.

Lo cierto es que en Moncloa no van a ahondar en el cuestionamiento ni en el desgaste de la institución. O al menos desde el sector socialista del Ejecutivo. La Monarquía y el abordaje del debate sobre el modelo de Estado ha sido una constante en sus diferencias, desde que se orquestara la operación de Estado entre Zarzuela y Moncloa (a espaldas de Unidas Podemos) para la salida de Juan Carlos I de España hasta la promoción de los morados de comisiones de investigación para fiscalizar las supuestas actuaciones irregulares del emérito.

A la espera de que Podemos fije su posición y si ésta vuelve a certificar una ruptura de la unidad de voto con sus socios del PSOE –como ocurriera con la «Ley Zerolo» y la moción de ERC sobre el referéndum de autodeterminación– todo se encuadra en el clima postelectoral en Cataluña, en el que se está dilucidando la formación de un futuro gobierno de izquierdas o independentista. Un Gobierno en el que los Comunes tienen opciones de entrar en el Gabinete de Pere Aragonés con el apoyo de la CUP. Así se entienden también la falta de condenas a la violencia de unos y de otros.