La operación para cerrar de una vez por todas el rosario de polémicas a cuenta de las irregularidades fiscales de Juan Carlos I sigue avanzando. La regularización fiscal confirmada ayer por el despacho de abogados que defiende los intereses del padre de Felipe VI supone un último esfuerzo encaminado a cerrar una de las principales vías de investigación que aun quedan abiertas. Todo ha seguido los pasos que ha se produjeron con la anterior regularización de Don Juan Carlos, aquella por la que pago en diciembre de 2019 a Hacienda 678.393 euros para saldar la deuda fiscal que contrajo por las transferencias recibidas del empresario mexicano Allen Sangines-Krause en los ejercicios de 2016, 2017 y 2018, tal y como había descubierto la Fiscalía Anticorrupción.

En primer lugar una filtración a «El País» por parte del Gobierno y, seguidamente, la confirmación por parte de Javier Sánchez Junco de que en efecto se había producido tal regularización. En esta ocasión el efecto mediático ha sido exactamente el mismo: el recrudecimiento de los ataque a la Corona de la extrema izquierda y de los independentistas y el relajamiento de la presión en la opinión pública en referencia a los temas más delicados para el Gobierno como son, en la actualidad, el callejón sin salida de la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial y la errática gestión de una pandemia Covid que, a todas luces, hará necesaria la reconstrucción de la economía española durante lustros. Es pertinente subrayar el hecho de que la filtración de esta nueva regularización se ha producido, una vez más, en un momento preciso para multiplicar su efecto mediático y, una vez más también, en un momento en el que la percepción de la labor del Gobierno estaba siendo debilitada.

Sin embargo, pese al revuelo mediático, no todos son perspectivas sombrías en lo que respecta a la resolución final del asunto. El hecho de que ya hayan pasado meses de exhaustivas investigaciones por parte de la Agencia Tributaria y la Fiscalía del Supremo y que no haya aflorado ningún nuevo frente de presuntas irregularidades fiscales invita al optimismo en el entorno de Don Juan Carlos, que con esta nueva «declaración fuera de plazo sin requerimiento previo» da un paso más hacia la regularización de su situación tributaria. De hecho, en este mismo ámbito se espera que -a través de este método de las regularizaciones fiscales, que la ley establece para todos los ciudadanos- todas las investigaciones abiertas puedan cerrarse satisfactoriamente y prescriban todos los delitos fiscales que Don Juan Carlos hubiera podido cometer. Y es que, como ya ocurrió con la regularización anterior efectuada en diciembre, al no haber abierto Hacienda ningún expediente contra el Monarca ni haber presentado denuncia ni querella la Fiscalía por estos hechos, la declaración complementaria supondría la inexistencia de un posible delito fiscal en aplicación del artículo 305,4 del Código Penal.

El hecho de que los dos comunicados que confirman ambas regularizaciones se han llevado a cabo «sin requerimiento previo» de ningún tipo no es una cuestión menor, como ya se ha alertado desde este mismo diario en anteriores ocasiones: tras la polémica amnistía fiscal acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, el artículo 305,4 del Código Penal excluye la comisión de delitos fiscales cuando el afectado haya procedido «al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria». Pero ese paso debe producirse «antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación» o con anterioridad a que la Fiscalía o la Abogacía del Estado «interponga querella o denuncia» contra él, o un juez o el propio Ministerio Fiscal «realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

En caso de la regularización de diciembre «se mató» la investigación de los fondos aportados por Sanguinés-Krause (una de las tres por las que la Fiscalía investiga al padre de Felipe VI), dado que «tampoco se le podría imputar en su caso por blanqueo al no existir el delito precedente de carácter fiscal». En el caso de la regularización confirmada ayer mismo por los letrados de Don Juan Carlos, ni siquiera se abrirá una nueva investigación judicial.

A la investigación sobre las transferencias recibidas por el financiero mexicano hay que añadir la posible vinculación del Monarca con una cuenta radicada en la isla de Jersey, de la que alertó a Anticorrupción el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). De las tres investigaciones de la Fiscalía, la más embrionaria es esta y la que tiene un mayor recorrido es la que hace referencia a la cuenta suiza del monarca, pues afloró durante la instrucción de la «pieza Carol» del inagotable «caso Villarejo» a raíz de las conversaciones grabadas por el excomisario a Corinna Larsen en Londres en 2015, en las que la que fuera amiga íntima de Don Juan Carlos aseguró que el Rey emérito tenía una cuenta en Suiza con dinero proveniente de una supuesta mordida por las obras del AVE a la Meca y que la había utilizado a ella de testaferro.

Estas diligencias, no obstante, son las que ofrecen un mejor pronóstico penal para Don Juan Carlos –que un mes después de que saliera a la luz la investigación abandonó nuestro país rumbo a Emiratos Árabes–, pues los hechos tuvieron lugar antes de junio de 2014, cuando se produjo su abdicación, una fecha que es clave a la hora de determinar las posibles responsabilidades penales en las que haya podido incurrir, pues hasta entonces estaba amparado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución.