La tramitación por la vía de urgencia por parte de la Mesa del Congreso de la reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos desde que haya vencido su mandato, «reduciendo todo lo posible el plazo», no ha obedecido más que a «meros criterios de oportunidad política» para impedir que se conociesen las opiniones del propio órgano de gobierno de los jueces y magistrados, del Consejo de Europa y de los demás agentes afectados –jueces, magistrados, etc–, vulnerándose con todo ello el derecho fundamental al pleno ejercicio de los función representativa de los diputados. Pero, además, se ha utilizado un «disfraz de una iniciativa parlamentaria», la presentada por PSOE y Unidas Podemos, para articular un «subterfugio jurídico, en evidente fraude de Ley parlamentaria, dirigido tanto a evitar el pronunciamiento por los sectores afectados –el CGPJ, principalmente– como a acelerar su tramitación para evita un debate profundo sobre la reforma»; una tramitación urgente que supone un claro «fraude de Ley».

Estos son algunos de los motivos que esgrime el PP en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar esa proposición de Ley por la vía de urgencia, así como contra el rechazo a la petición de los populares de reconsiderar esa postura. En este recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se afirma que con la citada Proposición de Ley lo que se pretende es «acometer una reforma que, con más que probables vicios de inconstitucionalidad, aspira a alterar el régimen competencial del Consejo General del Poder Judicial –y con él, el régimen de separación de poderes en nuestra democracia- a través de un procedimiento hermético, opaco», negándose incluso a atender la doble petición del CGPJ de ser escuchado antes de que se aprobase. De esta forma, sostiene el PP, se vulneró al derecho de los parlamentarios al no poder contar con esas relevantes opiniones de quienes son los principales afectados de la reforma.

Una vez el CGPJ tenga el informe solicitado por su presidente, Carlos Lesmes, al Gabinete técnico, sobre qué competencias tendrán a partir de ahora, el PP decidirá si recurre también ante el TC la reforma en sí misma, aunque ya en el presentado se vislumbra esa opción.

De hecho, el PP señala en su impugnación ante el TC que no tiene dudas de que se trata de una iniciativa «de muy dudosa constitucionalidad que, precedida por una primera propuesta de inconstitucionalidad aún más patente y flagrante –la que pretendía alterar el régimen de las mayorías para la elección de los vocales judiciales–, al menos en apariencia, «que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia de forma «injustificada y desaconsejablemente célere» –en el afán, quizá, de «recuperar el tiempo perdido con la anterior propuesta»–, pero también sin la apertura de un trámite de audiencia, como se exige en Derecho, de los sectores implicados en la reforma propuesta y especialmente, del órgano de relevancia constitucional «directamente afectado por la reforma», el CGPJ.

Así, el PP destaca que ese trámite de urgencia reduce a la mitad los plazos parlamentarios y es algo que sólo está previsto para aquellos casos de especial trascendencia, algo que no encuentra encaje con la tramitación seguida para la reforma que limita las competencias al Consejo cuando su mandato haya vencido. Y, en cambio, se ha seguido una tramitación «de forma opaca, fugaz y en contravención tanto de los principios de buena regulación como del principio de separación de poderes, hurtándose a los Diputados la oportunidad de contar con la información precisa para tomar tan relevante decisión, desairándose al CGPJ y a la Comisión Europea, sin que exista un solo motivo que permita entender justificado tal proceder en el interés general».

El «disfraz» del Gobierno

Junto a lo anterior, el PP no tiene dudas de que las dos reformas, la aprobada ya y la que se encuentra «aparcada» en estos momento no pueden separarse y que tienen como objetivo el «estrechamiento del cerco sobre el Poder Judicial por parte de una determinada mayoría parlamentaria», apoyada por una Mesa de la Cámara «más atenta, en su decisión sobre la tramitación de las iniciativas, de satisfacer celosamente los criterios de oportunidad política de dicha mayoría que de salvaguardar, conforme a su función constitucional y reglamentaria y con arreglo al ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales de los parlamentarios».

Por otro lado, el PP esgrime en su recurso que esta reforma debería haberse tramitado como un proyecto de Ley del Gobierno, pero se usó un «disfraz de una de una iniciativa parlamentaria» para articular un «subterfugio jurídico, en evidente fraude de Ley parlamentaria, dirigido tanto a evitar el pronunciamiento sobre la reforma tanto por los sectores afectados como por el propio CGPJ (destinatario de la reforma, como a acelerar su tramitación «para evitar un debate profundo sobre la referida propuesta». Ambos anhelos, se añade en el recurso, «serían, alcanzados con la complicidad de la Mesa del Congreso de los Diputados, en detrimento de los derechos fundamentales de los parlamentarios».

De esta forma, el Gobierno acudió a los dos partidos que sustentan el Gobierno para que presentaran la proposición de Ley, en vez de presentar la reforma como proyecto de Ley, para evitar el informe del CGPJ respecto de la reforma, lo que significar incurrir en un claro fraude de Ley, concluye el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional.