Casado acusa a Sánchez de “ocultar su negligente gestión tras 100.000 muertos”

El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vaya a agotar el actual estado de alarma por el Covid-19, que finaliza el próximo 9 de mayo,sin aceptar el ‘plan b’ jurídico que plantean los populares como alternativa al mecanismo excepcional que está actualmente en vigor.

A través de un apunte en su perfil oficial de Twitter, Casadovolvió a censurar que Sánchez ignore la propuesta de ley contra pandemias del PP para “proteger la salud sin arruinar el empleo”.

Según el análisis del líder de los populares, el jefe del Ejecutivo “prefiere esconderse en las comunidades autónomas y gobernar por decreto”, ya que así intenta “ocultar su negligente gestión tras 100.000 muertos” por la pandemia del coronavirus y “seis millones de desempleados”.

Casado acompañó su comentario con el recordatorio del “plan jurídico” que plantea el PP. “El estado de alarma debía ser temporal y tasado. Resoluciones del Consejo y la Comisión de la UE pidieron abandonar los procesos excepcionales y aplicar la legislación ordinaria”, comienza este documento.

El ‘plan b’ de los populares señala que ya hay tres leyes que permiten al Gobierno el mando sanitario único: la ley general de salud pública, la ley general de Sanidad y la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud.

A ello une otras tres normas que “permiten la limitación de movilidad” y cita la ley de seguridad nacional, la ley del sistema nacional de Protección Civil y la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Limitar las entradas y salidas

El PP sostiene que esta legislación va “en la línea” del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, “si el Gobierno cree que este marco legal no es suficiente”, el PP plantea dos reformas y toma como analogía el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 en materia epidemiológica, ratificado en sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En primer lugar, propone la reforma del artículo 3 de la ley orgánica de 1986, cuya redacción “habilita de un modo genérico” al Gobierno a tomar “las medidas que sean necesarias” para adoptar medidas para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, aislando o tratando y localizando a sus contactos.

También se contempla, señalan desde el PP,“limitar las entradas y salidas” de zonas afectadas o amenazadasy controlar o limitar el movimiento.

En segundo lugar, el partido de Casado habla de la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para garantizar la eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales. Así, “las resoluciones de las comunidades o el Gobierno de España que limiten derechos serían autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, respectivamente”, indica el PP.

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