Las comunidades tendrán un estado de alarma a la carta

El País Vasco necesita una solución a partir del 9 de mayo, cuando termina el actualestado de alarma, para mantener las restricciones en vigor por el alto nivel de transmisión del virus.

La incidencia acumulada dejó de crecer por primera vez ayer en mes y medio, y descendió levemente, pero las autoridades vascas están convencidas de que el 9 de mayo no estarán en condiciones de controlar la situación si no se mantiene la alarma.

No es la única comunidad autónoma con problemas en la gestión de la pandemia, pero sí la más simbólica por la fuerza del PNV en la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez.

Y en el otro lado, el presidente del Gobierno necesita, a su vez, liberarse totalmente del peso del desgaste de las restricciones para que su acción no dinamite su discurso optimista sobre el fin de la pandemia.

Si las encuestas de Madrid se confirman y el PSOE paga el desgaste en las urnas, y el PP mantiene el Gobierno regional, aunque sea en coalición con Vox, Moncloa buscará el refugio en los mensajes en positivo: vacunación regular y a buen ritmo, fondos europeos y, además, con una economía anestesiada hasta final de año.

En este esquema, en las comunidades autónomas entienden que a estas alturas la solución puede pasar por un estado de alarma «a la carta», a solicitud de cada presidente autonómico, como ya se planteó meses atrás, y con la base legal que establece la ley orgánica 4/1981, que en su artículo 4 establece que las medidas excepcionales pueden aplicarse en parte o en todo el territorio nacional. El presidente autonómico sería el mando único como autoridad delegada.

Éste es un resquicio legal que permite a Sánchez no ensuciarse las manos por la prolongación de medidas impopulares en las comunidades que presenten peores cifras: serían los dirigentes autonómicos los que tendrían que asumir la iniciativa de solicitar su aprobación en el Congreso.

En líneas generales, en las comunidades hay acuerdo sobre el hecho de que la vacunación avanza a buen ritmo y con bastante regularidad, pero que es posible que necesiten un mes más de limitaciones selectivas de derechos fundamentales como el de movilidad. Incluso aquellas que se encuentran en un mejor escenario ven con receptividad la posibilidad de que se prolongue el toque de queda, aunque se retrase a las doce de la noche o incluso un poco más tarde. La cuestión es quién le pone el cascabel al gato porque implica desgaste ante la opinión pública.

La ley es clara al respecto a pesar de que desde verano del año pasado sobre la mesa esté el debate político de la necesidad de una modificación de la legislación sanitaria para regular situaciones críticas, como la presente, sin tener que recurrir a la alarma.

En la ley orgánica que regula el estado de alarma, su artículo 4 establece que «el Gobierno, en el uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá decretar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional».

El artículo 5 señala que será el presidente autonómico el que podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma, y ya en el artículo 6 se confirma que el procedimiento seguiría siendo el mismo que cuando las medidas excepcionales afectan a todo el país: un decreto acordado en el Consejo de Ministros, en el que se determinará el ámbito territorial, la duración y sus efectos.

El Congreso, la política nacional, deberá ratificar este decreto, y es aquí donde llega otro de los problemas que Sánchez despeja a córner, porque al decretarlo a petición de un presidente autonómico, la «trampa» es que la oposición a esta iniciativa ya no iría, en teoría, contra él, sino contra el dirigente autonómico obligado a seguir echando mano de este instrumento legal para no quedar en manos de los tribunales.

Desde la dirección nacional del PP insisten en que hubiera sido mucho más fácil hacer una ley general para que, cuando se den las circunstancias, cada comunidad autónoma la aplique. Éste fue uno de los compromisos que Sánchez llegó a asumir con Ciudadanos para conseguir su apoyo en la última de las prórrogas del estado de alarma antes del verano.

Aunque las presiones del País Vasco son muy grandes, lo lógico sería que, si se abre esta puerta para esta autonomía, las restricciones que se mantengan en vigor afecten por igual a todos aquellos otros territorios en parecida situación. Pero detrás de decisiones que resultan a primera vista ineficaces, según el criterio sanitario, están siempre los intereses políticos y de partido.

Tras las elecciones del 4-M, el Gobierno confía en entrar en una fase de ascenso a lomo de las vacunas y de los fondos europeos. Con la esperanza puesta, además, en que el cambio en los generosos criterios de financiación de la UE, y sobre las obligaciones con la deuda y el déficit, no llegarán hasta finales del año 22, como pronto.