Los jueces clamarán ante la Comisión Europea por despolitizar “de una vez” el CGPJ

Representantes de las cuatro asociaciones judiciales se reúnen mañana con la dirección general de Justicia de la Comisión Europea con una agenda marcada por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ() -en funciones desde hace más de dos años- y por la reforma que le impide hacer nombramientos con el mandato expirado.

En la reunión para abordar la situación de la Justicia en España -que se celebrará de forma telemática por las restricciones de movilidad por la pandemia-, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) defenderá, según avanza en un comunicado, que se “despolitice” el organismo y que no haya “ni un apaño más entre PSOE y PP” para repartirse los vocales.

Para la segunda asociación más representativa de la carrera, la renovación del Consejo debe desbloquearse “ya y ahora”, pero sin que los dos principales partidos “sigan monopolizando una institución que debería ser independiente para cualquiera que crea en la separación de poderes”. La asociación considera “lamentable” que “lo único en lo que coincidan” PP y PSOE sea “repartirse todo el CGPJ una vez más con la excusa falsa de que ya no pueden renovarlo de otra forma”.

Para este colectivo de jueces “es más fácil cambiar la ley ahora para que todos los jueces elijan ya al menos la mitad del próximo CGPJ, como nos pide Europa, que tener a toda la Justicia pendiente de los bloqueos, politiqueos y maniobras de dos partidos cada vez que toca renovar este órgano constitucional”.

“La última oportunidad”

El encuentro telemático entre las asociaciones y la Comisión europea se produce después de que tres de ellas -Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que representan a más de 2.500 jueces- denunciaran ante la propia institución europea el “riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España” por la reforma que pretendían aprobar el PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, una iniciativa que finalmente el Gobierno se vio obligado a aparcar tras el tirón de orejas comunitario.

“Todas las asociaciones de jueces y otros profesionales de la Justicia de todas las tendencias, incluso la propia Unión Europea, llevamos años reclamando que se despolitice al menos la mitad del CGPJ”, recuerda la asociación. “Nadie está pidiendo que ese órgano lo elijan solo los jueces, entre otras cosas porque eso sería inconstitucional, solo pedimos que todos los jueces puedan elegir el 60% y los políticos, el otro 40 por ciento, tal y como marca la Constitución y como nos pide la UE, lo cual permitiría desbloquear ya y despolitizar de una vez este órgano clave de la Justicia en nuestro país”.

La AJFV insta a PSOE y Unidas Podemos a que escuchen a la UE “para que el órgano de gobierno de los jueces españoles no siga siendo una anomalía en Europa” y apremia al PP a que “deje de inventar excusas para ganar tiempo y volver a repartírselo con el PSOE”. Porque si esto sucede, subraya, el Consejo entrante “que salga de ese apaño será el más politizado y menos independiente de toda su historia y habremos perdido la última oportunidad para despolitizarlo de verdad”.

El “impacto” de la reforma: 8 plazas vacantes en el Supremo

Precisamente en el Pleno extraordinario celebrado ayer 28 el CGPJ acordó alertar a Europa del “impacto” de la reforma que le impide hacer nombramientos cuando está en funciones. En la respuesta de la institución a las preguntas de la Comisión Europea para la elaboración de su informe sobre el Estado de Derecho en 2021, el Consejo asegura que “el principal impacto que la reforma tendrá sobre el sistema de justicia es el de que el CGPJ en funciones no puede proceder a realizar nombramientos de carácter discrecional, es decir, nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos”.

El mayor impacto, señala, “se hará sentir en el Tribunal Supremo, ya que las presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional y las presidencias de sala se seguirán ejerciendo en funciones hasta que el nuevo Consejo proceda a realizar los nombramientos, aunque ha de tenerse en cuenta que siempre pueden producirse jubilaciones y fallecimientos”.

EL CGPJ pone cifras a esa repercusión: ya hay ocho vacantes en el Tribunal Supremo, sobre una planta de 80 magistrados (lo que representa un porcentaje del 10%) y 22 puestos gubernativos sin cubrir de un total de 117 (lo que supone un porcentaje del 18,80%). Un déficit que, advierte en su respuesta a la UE, “afectará también a los nombramientos discrecionales de la jurisdicción militar”.

Y es que entre las competencias que el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al CGPJ y que no recoge la reforma legal -que “plantea muchos problemas interpretativos”, se queja- “figuran algunas tan relevantes como la de proponer el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de dos magistrados del Tribunal Constitucional o la de interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado”.

En el Pleno de ayer, el CGPJ rechazó por 13 votos a favor y ocho en contra tanto la posibilidad de plantear en el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias frente al Congreso por esa reforma legal como la de impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley a través del Defensor del Pueblo.