El líder polisario tendrá libertad de movimientos si es dado de alta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado, con el apoyo de la Fiscalía, acordar medidas cautelares para garantizar que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, declare como investigado el próximo 1 de junio. Pero lo que sí ha hecho el magistrado, también con el aval de la Fiscalía, es reabrir una causa contra Ghali por un delito de genocidio que se encontraba archivada, desde octubre de 2020, por lo que si finalmente declara como investigado también podrá ser interrogado en relación a este procedimiento.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha denegado “por el momento” la adopción de esas medidas, con el apoyo del Ministerio Público, porque “no se ha acreditado los presupuestos” para adoptarlas y teniendo en cuenta, apunta Pedraz en su resolución, que “no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella”.

La denuncia ahora reabierta fue presentada en 2017 por la Asociación Saharaoui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y por tres perjudicados -Saadani Maoulainine, Hosein Baida Abdelaziz y Dahi Aguai- por delitos de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones contra 28 personas, entre ellas Brahim Ghali.

Respecto a la notificación de la querella a Ghali, que había solicitado la asociación querellante, el magistrado acuerda que “se procederá una vez comparezca en este juzgado o sea dado de alta hospitalaria”.

Mejora su pronóstico de salud

Más reciente es otra denuncia pendiente -archivada en octubre del pasado año y que Pedraz reabrió en enero- por la que ha sido citado como investigado el 1 de junio. La interpuso contra Ghali el ciudadano español de origen saharaui Fadel Breica por detención ilegal, torturas y un delito de lesa humanidad. Su defensa solicitó al instructor que acordara la retirada de su pasaporte y le prohibiera salir de España si fuese dado de alta en el hospital de Logroño donde se encuentra ingresado. Y es que, según ha podido confirmar este periódico, el estado del dirigente polisario va mejorando paulatinamente, por lo que ya ha sido extubado y previsiblemente abandonará pronto la UCI y pasará a planta. Pero el juez no ve necesario adoptar medida cautelar alguna.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado día 10, la defensa de Fadel Breica reclamó al juez que prohibiese al líder polisario abandonar España y le retirase el pasaporte si es dado de alta antes del próximo 1 de junio, cuando está citado a declarar en la Audiencia Nacional. Una citación que, tal y como adelantó este periódico, la Policía ya notificó el pasado día 11 al máximo responsable del Frente Polisario.

En ese escrito, la defensa de Breica alertó del “inmenso riesgo” de que su salida del centro hospitalario se produzca de manera similar a “la poca ortodoxa forma de entrar en el país”. Breica esgrimió asimismo tanto “la alarma social generada” por la presencia en nuestro país del líder polisario como la “relevancia y gravedad de los hechos denunciados” para apremiar al juez a adoptar esas medidas.

Las medidas que pidió el querellante

Entre ellas, el denunciante pretendía que la Audiencia requiriese al hospital de Logroño para que tuviese informado al tribunal “en todo momento” de la evolución del estado de salud de Ghali, “anticipando el alta del mismo”, de manera que si recibiera el visto bueno médico para abandonar el centro hospitalario, “se proceda a la toma de declaración tan pronto como ésta se produzca”.

Con ese mismo afán de impedir una posible huida de España, Breica instó a Pedraz a que si Ghali era finalmente dado de alta se le exigiese que precisase en qué domicilio va a fijar su residencia.

Pero, además, la defensa del denunciante instó al instructor a que le retirase de forma cautelar el pasaporte, “así como cualquier otro salvoconducto que permitiera su marcha del territorio español” hasta que comparezca a declarar en la Audiencia Nacional, prohibiéndole en todo caso abandonar nuestro país sin haber prestado declaración.

De la Mata archivó la querella

En la querella, Breica afirma que el 20 de abril de 2019 llegó a los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia), donde habría sido amenazado por parte de agentes del Frente Polisario que le acusaban de traidor, conminándole a abandonar el lugar. Tras organizar varios actos de protesta contra los dirigentes del Frente Polisario y una manifestación con el mismo propósito en junio de ese mismo año, fue detenido por efectivos militares del Frente Polisario y trasladado “a varios lugares de detención indeterminados” donde, según dice, fue sometido “a golpes y descargas eléctricas”, manteniéndole “con los ojos vendados y manos y pies atados”. Una situación que le llegó a emprender incluso una huelga de hambre. Tras cinco meses de detención, fue liberado el 10 de noviembre de 2019.

El juez José de la Mata archivó la querella en octubre del pasado año al no haber podido constatar la Policía que ninguno de los querellados tenga nacionalidad española o residiese en nuestro país. Pero Pedraz -sustituto de De la Mata al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional- reabrió la causa el pasado enero para esclarecer si, como defiende Breica, los querellados sí residen en España aunque su residencia “no es siempre pública y notoria para evitar poder ser investigados”.