La Justicia avaló en seis ocasiones investigar el caso sobre el nexo ruso del “procés”

La Audiencia Provincial de Barcelona ha avalado ya en seis ocasiones las decisiones adoptadas por el juez del “caso Voloh”, Joaquín Aguirre, según se desprende de las resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso LA RAZÓN. En este procedimiento el magistrado investiga un supuesto desvío de fondos para promover la independencia de Cataluña y la posible intervención del Gobierno ruso en el ‘procés’.

Para tratar de obtener más evidencias de estos hechos presuntamente delictivos, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ordenó intervenciones telefónicas, la instalación de dispositivos de localización en vehículos y el registro de viviendas. Todas estas diligencias han sido confirmadas por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los magistrados de la Sección 21 dictaron el 21 de enero un primer auto en el que avalaban la decisión de Aguirre de intervenir los teléfonos móviles de los investigados David Madí, Xavier Vendrell y Xavier Vinyals. Lo decidió tras analizar los archivos de audio grabados por Víctor Terradellas, “investigado en la pieza principal [del caso Voloh], que se sigue por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas, respecto de sendas conversaciones mantenidas con David Madí y con Xavier Vendrell”.

Comparte el criterio

La Sala comparte “el criterio del instructor ya que la interceptación y observación acordada permitirá esclarecer el concierto previo y simultáneo entre los participantes en los referidos delitos derivados de la corrupción, el rol que cada uno adoptó y la participación que hayan tenido otras personas”.

En la primera conversación, según destacan los magistrados en el auto, Terradellas habla a Madí “de un ruso que quiere hablar de bitcoins” y de que “se encontraba en Moscú dos días antes del referéndum del 1-O”. También aluden a una supuesta entrevista de Carles Puigdemont con “un emisario de Putin”.

La Sala concluye que también en este caso “concurren los requisitos necesarios para la adopción de la medida de intervención y observación de las comunicaciones, mediante la instalación de sistemas de localización y la instalación de medios técnicos de sonorización”, destaca el auto.

“Indicios suficientes”

El 28 de enero la Sala dictó un segundo auto en el que confirmaba una resolución en la que el instructor ordenaba a la Guardia Civil instalar dispositivos de localización y de grabación en los coches de David Madí, Xavier Vendrell y Jaume Cabaní: “Seguimos estimando que concurren indicios suficientes como para creer responsables criminalmente de los delitos referidos a los investigados”, especifica el mencionado auto.

Una tercera resolución, también de 28 de enero, respalda el auto en el que Aguirre acordaba la entrada y registro en el domicilio de la investigada Marta Molina Álvarez, ya que el juez tomó la decisión tras descubrir que esta mujer había participado en las acciones de “Tsunami Democrátic” en un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

El cuarto acuerdo que ratifica la instrucción del instructor lo dictaron los magistrados el 4 de febrero. Avalaron un auto en el que Aguirre ordenaba el registro de los despachos profesionales de Jordi Mir Boix, de Enric Mir Nuet y Ramón Vila Bot en el Ayuntamiento de Cabrera de Mar, y la intervención de los teléfonos de los dos últimos.

Otras dos decisiones del juez

El 9 de febrero y el 18 de marzo la Sala confirmó otras dos decisiones del instructor. En el primer auto los magistrados convalidaron una resolución del instructor en la que se negaba a inhibirse de una pieza separada del “caso Voloh”.

La Audiencia de Barcelona se mostró en desacuerdo con el recurso de los imputados, pues consideraba que “los hechos que se investigan en esta pieza separada se hallan en relación de conexión con la principal, ya que aquellos delitos se atribuyen a Xavier Vendrell junto con los de prevaricación urbanística y tráfico de influencias, que se imputan también a Enric Mir Nuet y Jordi Mir Boix”.

Finalmente, los jueces convalidaron el 18 de marzo una resolución, de 19 de noviembre de 2020, en la que Aguirre acordaba tener por personado a Vox, en calidad de acusación popular, con una fianza de 1.000 euros. Los imputados consideraron que era una cuantía “irrisoria”. El auto recuerda que “el derecho a participar en la Administración de Justicia es uno de los fundamentos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución”.