“Villa Bugatti”: la Guardia Civil implica a la Generalitat en el “pelotazo” de un ex conseller de ERC

La Guardia Civil implica a la Generalitat en el supuesto “pelotazo” urbanístico urdido por el ex conseller de ERC Xavier Vendrell en la finca “Villa Bugatti” en Cabrera de Mar (Barcelona). En un extenso informe del pasado 1 de abril remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad condal, el magistrado Joaquín Aguirre -que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proyecto separatista en Cataluña-, el Instituto Armado pide abrir una pieza separada para indagar en el desarrollo urbanístico de “Villa Bugatti”.

Asimismo, reclama que se cite a declarar como investigados a Vendrell y a otras seis personas, entre ellas Albert Castellanos, secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat; el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona) Jordi Mir; su concejal de Urbanismo, Enric Mir y el arquitecto municipal Ramón Vila.

Los autores del informe -adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso este periódico- sostienen que Vendrell, detenido en octubre del pasado año en el marco de la “operación Voloh”, como presidente de la Fundación El Brot y promotor de la recalificación “influenció en ciertos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para que se tramitase una modificación puntual” urbanística que no se ajustaba a la normativa vigente.

En cuanto al alcalde del municipio, Jordi Mir, se pide su imputación por votar a favor de la aprobación inicial de la modificación urbanística “teniendo conocimiento de que no se ajustaba a la normativa urbanística”. De su concejal de Urbanismo, Enric Mir -”contacto directo” de Vendrell- dice la Guardia Civil que “impulsó y gestionó con los promotores la recalificación de Villa Bugatti”. A este último, recuerdan los autores del informe, se le incautaron en una carpeta infantil 38.000 euros repartidos en cuatro sobre, “dinero de muy difícil justificación”. Respecto al arquitecto municipal Ramón Vila, los agentes aseguran que, pese a conocer las irregularidades, “silenció u omitió la realización de inspecciones”.

“Villa Bugatti ha funcionado piratillamente”

En el informe se constata que pese a la ausencia de permisos y las irregularidades urbanísticas que arrastra, incluso durante la pandemia se llevaron a cabo fiestas en “Villa Bugatti” en las que se incumplieron las restricciones impuestas para frenar la expansión de la Covid-19. “A pesar de la pandemia sanitaria los eventos realizados en Villa Bugatti sobrepasaron los horarios y aforos establecidos”, deja claro la Guardia Civil, que insiste en que en el Ayuntamiento tanto el alcalde como su responsable de Urbanismo eran conscientes de las supuestas irregularidades.

En algunas de las conversaciones intervenidas incorporadas al informe, el titular de Urbanismo afirma que “Villa Bugatti ha funcionado piratillamente durante muchos años”. Y en otra el alcalde advierte de que en Villa Bugatti “no está legalizado todo el tema de actividades... está...así como en falso”.

Pese a todo, su propietario afirmó que “si no se sobrepasaban las 600 personas no era necesario ningún permiso”, lo que constituye según los autores del informe “una flagrante irregularidad”.

Pese a no disponer de autorización, la investigación, las intervenciones telefónicas y el análisis de la documentación incautada -se llama la atención en el informe policial- “permiten acreditar la actividad que se viene desarrollando en Villa Bugatti sobrepasando el aforo máximo y habiendo realizado eventos culturales sin disponer de la preceptiva licencia de actividades”. Y todo ello, añade, con la “connivencia y trato de favor del que era regidor de Urbanismo, Enric Mir”.

Vendrell: “Iba cagado”

De hecho, en una conversación intervenida a Vendrell con uno de sus socios el 26 de mayo de 2020, el ex conseller de ERC le asegura que “iba cagado” al explicar a los responsables del Ayuntamiento “eso” (la celebración de un festival de verano) “porque les dijeran que no tienen permiso para hacer eso, porque no nos podemos engañar... Enric lo ha girado y les ha dicho que de puta madre por el festival...iba a poner a Cabrera en el mapa musical de Cataluña y el chaval (el concejal de Cultura Sergi Teodoro) se ha sumado a la fiesta... Que lo importante era salvar el asalto que pudieran hacerle, que ya queda claro que esto tira para adelante. Que ya tienen el permiso implícito...que ya no hay posibilidad de parar lo suyo”.

En otra llamada del 17 de julio de 2020 Vendrell conversa con el entonces director de los Mossos, Brauli Duart, quien le tranquiliza al decirle que “en Cabrera no afecta...pueden hacer una cena, pero evidentemente con las recomendaciones”. En relación al confinamiento Vendrell, le pidió que “no se lo pongan antes de las doce de la noche, que se muere...que tiene preparado todo para 450 personas”.

Un mes más tarde, el 11 de agosto de 2020, Vendrell -investigado por malversación, apropiación indebida y tráfico de influencias- comenta por teléfono los problemas que están teniendo con un cocinero e insiste en que “tienen que conseguir que se marche lo menos encabronado posible porque tiene mucha información. Que sabe que están haciendo obras. Que con mala leche les podría hacer una putada”.

Vicepresidencia, en el punto de mira

La recalificación, concluye el informe, se efectuó “sin ajustarse a normativa” y “no dispone de licencia de actividades”, pues la que se concedió en marzo de 1993 “estuvo condicionada a una serie de medidas correctoras que no se han ejecutado”. Pese a todo -denuncia la Guardia Civil- se vienen celebrando “eventos y actividades que se pretenden legalizar a través de una modificación puntual”, promovida por el Ayuntamiento, donde la Fundación El Brot construirá “un complejo educativo y un hotel adquiriendo un derecho de superficie durante 30 años”, pero traspasando Ceuta S. A. (vinculada a otro de los investigados, el empresario Patricio Chadwich, dueño de los terrenos) la titularidad de la propiedad a Maresme Futur.

Constituida el 26 de noviembre de 2019, Maresme Futur -fundada por Vendrell y Jordi Solé a través de las sociedades Forum 1406 y Bauleer Serveis i Promocions- “será la propietaria de los terrenos una vez recalificados”.

La Guardia Civil implica a la Generalitat en la concesión de un total de 850.000 euros entre 2017 y 2019 a la Fundación El Brot, dedicada a la educación de menores con problemas de aprendizaje, y que únicamente habría presentado facturas por 232.000 en ese periodo. Esas ayudas llegaron a través de un programa de mecenazgo entre la Fundación La Caixa y la Generalitat, que era “la que decidía la adjudicación y concesión de los fondos”, según aclaró la entidad.

En este caso, afirma el informe policial, las aportaciones “fueron decididas desde el Departamento Institucional de la Generalitat, que oficialmente no existe como tal”, aunque según la documentación analizada la Guardia Civil mantiene que la decisión se tomó desde Vicepresidencia, pues entre 2017 (en octubre el vicepresidente Oriol Junqueras fue cesado en aplicación del artículo 155 por su papel en el “procés”) y 2019 contó con el aval del secretario de Economía y del secretario general de Vicepresidencia.

De esos 232.000 euros, un total de 149.718 pudieron destinarse “a finalidades distintas a aquellas para las cuales habían sido adjudicados”, puesto que se habría utilizado supuestamente la Fundación El Brot de forma instrumental en beneficio de Maresme Futur y Bauleer Serveis i Promocions, para financiar sus actividades.