Moncloa recurrirá si el Supremo tumba los indultos

El Gobierno prepara sus «armas» para el caso de que el Tribunal Supremo llegue a anular su decisión de indultar a los líderes independentistas condenados por el «procés». El procedimiento amenaza con liarse por los recursos cruzados que, previsiblemente, se admitirán, y no está claro, por la falta de precedentes ante una supuesta anulación del Tribunal Supremo, dónde puede terminar resolviéndose el litigio.

En el Ejecutivo de Sánchez mantienen el pulso al Supremo después del duro informe contra la concesión de la medida de gracia emitido por el Alto Tribunal. «No es fácil que el Tribunal Supremo pueda atreverse a anularlos». En el ámbito jurídico aseguran justo lo contrario al argumento oficial, y reconocen que sí existe la posibilidad de que este escenario pueda darse.

El Gobierno vincula estas informaciones a «las maniobras de la derecha», considera que anular los indultos sería una decisión «ilegal», y amenaza con recurrirla.

Por si acaso, y al «no haber precedentes», ya están explorando las posibilidades a su alcance para devolver el golpe al Supremo, en lo que amenaza con convertirse en un conflicto entre poderes también sin precedentes. El primer reto del Ministerio de Justicia es fundamentar bien el indulto frente a los argumentos del informe del Supremo que considera una «solución inaceptable» la medida de gracia contra los condenados por el «procés». Una de las posibles salidas que tienen encima de la mesa, para el caso de que el Supremo tumbe la decisión del poder ejecutivo, es el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, según recoge el artículo 38 de la Ley del Poder Judicial.

Dicho artículo establece que los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la Administración serán resueltos por «un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo». «Como no hay precedentes», insisten desde el Gobierno, no está claro que este pulso pudiese terminar en el Tribunal Constitucional si falla la previsión de Moncloa de que «no es fácil que el Supremo se atreva a anularlos».

«El indulto es un acto de gobierno, con límites formales tasados. El Tribunal Supremo informa, pero no decide». Y en esa línea, admiten también que el Gobierno no puede conceder un indulto total, pero sí parcial, tanto en la pena como en la inhabilitación. «Puede rebajar la pena en cuatro años y con esto bastaría para que pudieran salir de la cárcel..

Además de fundamentar con rigor la decisión, para limitar el margen de maniobra del Supremo, Moncloa carga también con la urgencia de hacer pedagogía dentro de sus propias filas para calmar la ansiedad del partido por las consecuencias electorales de esta decisión personal de Pedro Sánchez. Desde el entorno del presidente se explica que los presidentes autonómicos tienen una visión parcial, pero no del mapa global, de las consecuencias de esta decisión. En ese círculo sostienen que sí tienen «medido» que el beneficio en Cataluña, «de donde nos han venido las grandes mayorías que hemos tenido», es muy superior al coste que pudiera haber en otras autonomías. Que no haya elecciones a medio plazo es otra razón que esgrimen para defenderse de la revuelta de las siglas socialistas contra el perdón a los líderes independentistas.

Está además por medir el impacto en la federación andaluza, con las primarias ya muy cerca, aunque hasta el momento este tema no se ha colado en la agenda de la campaña. No obstante, todas estas bombas de relojería interna no aplacan la decisión de Moncloa de tirar hacia adelante, sostener el pulso al Supremo y, si hace falta, incluso verse las caras ante una tercera instancia por la respuesta que el Alto Tribunal pueda ofrecer al recurso anunciado por el PP y por Vox.

Éste no es un debate cómodo para Sánchez ni sencillo para los socialistas. Y la justificación de que tienen la obligación de buscar una salida para Cataluña no convence a la mayoría, aunque el momento elegido sea ahora, a mitad de legislatura, y cuando se presume que las urnas están muy lejos.

El rechazo judicial por la falta de arrepentimiento, entre otros aspectos, añade presión sobre Sánchez y sobre el PSOE, a lo que Moncloa responde con argumentarios sobre los antecedentes en los que el Alto Tribunal no tuvo en cuenta esta condición y sí se mostró partidario de concederlos, entre los que citan el indulto al general golpista Antonio Tejero o el que se concedió al ex ministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera, impulsores de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey.

El Gobierno se escuda tras una lectura política del rechazo externo para protegerse de las duras reacciones a su hoja de ruta en Cataluña. «La derecha ha puesto en marcha todos sus terminales tras lo de Madrid porque piensan que el Gobierno está bajo las cuerdas y quieren el KO. Olvidan que el PSOE es como Mohamed Ali».

Los barones matizan esta reacción de Moncloa y advierten de que «el problema no está en la derecha, sino en que es nuestro propio electorado el que apenas comprende la postura del presidente del Gobierno».