El PSOE busca presionar a la Iglesia modificando los acuerdos

«Es el momento de actualizar unos acuerdos que son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución». Con estas palabras, la ponencia del 40º Congreso del Partido Socialista que se celebrará en Valencia el próximo mes de octubre, recoge la necesidad de actualizar los acuerdos Iglesia-Estado. «Esta revisión, que en términos propios de Derecho Internacional se denomina ‘denuncia’, la llevaríamos a cabo en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo», expone el documento marco que ampara esta reforma en «los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”.

Lo cierto es que esta renegociación se ha convertido en un mantra socialista nunca llevado a término, pero que siempre le ha permitido al partido jugar con un doble discurso a dos escalas. A cañonazos desde Ferraz, con bisturí en Moncloa. Beligerante en lo mediático, dialogante de puertas para adentro. En cualquier caso, el tono en la ponencia del congreso coordinado por Adriana Lastro es el más rebajado hasta la fecha. En el anterior congreso, ya con Pedro Sánchez como secretario general, se habló directamente de “derogación” y “autofinanciación” eclesial. De la misma manera, la nueva ponencia evita ahora el uso del término concordato, con reminiscencias al marco regulador franquista de 1953.

El recién estrenado secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, dejaba entrever ayer este postureo. «Es un clásico de nuestros congresos», apuntaba para añadir unas dosis de realismo: “El partido ha aprobado declaraciones parecidas o debatido sobre ellas, pero luego es el Gobierno el que toma decisiones, porque las relaciones internacionales se someten a una coyuntura». Y es que, tal y como señala Espadas, el asunto no compete ni Lastra ni a los obispos españoles, sino a un acuerdo bilateral con la Santa Sede, esto es, a la ventanilla del Papa Francisco y su ‘primer ministro’, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Solo desde y con Roma.

En cualquier caso, en las ponencias socialistas no suele detallarse qué aspectos concretos aspiran a modificar de los acuerdos vaticanos: asuntos jurídicos, educativos, patrimonio cultural, servicio a las fuerzas armadas o los económicos. Hasta la fecha, el amplio margen de maniobra dentro de estos documentos ha hecho que no fuera necesario llegar al Vaticano ni con Felipe González ni con Rodríguez Zapatero.

Tampoco con Pedro Sánchez, que dejó en manos de Carmen Calvo la relación con la Iglesia que ahora asume como ministro de presidencia, Felix Bolaños. El guiño más claro lanzado por la ya ex vicepresidenta en torno a la disociación del discurso entre Ferraz y Moncloa tuvo lugar en Roma el 5 de octubre de 2019, a menos de veinte días de la exhumación de Francisco Franco. La política cordobesa asistió al consistorio de Francisco en el que se creaba a dos nuevos cardenales españoles: Cristóbal López y Miguel Ángel Ayuso. Calvo no dudó en reconocer públicamente la fluidez de las relaciones entre la Iglesia y el Ejecutivo en una cena con los obispos españoles. Pero fue más allá y, en los corrillos, la que algunos ya sitúan como nueva presidenta del PSOE a partir de otoño, no dudó en afirmar que en esta legislatura no se tocarían los acuerdos.

En esos mismo términos se dirigiría de nuevo hace un año y un mes cuando se reunió por primera vez con el entonces nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. En aquella cita, la vicepresidenta expuso abiertamente su agenda laicista y sus pretensiones de apretar las clavijas a la Iglesia con la reforma de la fiscalidad, los abusos sexuales, la revisión de las inmatriculaciones y la ley educativa. ¿La reacción de los obispos? Disponibilidad para negociar y aceptar cualquier examen, que de momento se dan por superados. Tanto la auditoría sobre las inmatriculaciones como el informe del Tribunal de Cuentas, que se agitaron como bandera de opacidad eclesial, no han dejado al descubierto ningún fleco. Los 34.961 bienes registrados por la Iglesia durante la reforma hipotecaria de Aznar, todos bajo amparo legal. Tampoco encontró un pero en el destino de los fondos recibidos a través del IRPF.

En relación a la hucha eclesial, se creó una comisión de trabajo para analizar la reforma fiscal. “Ni privilegio, pero tampoco discriminaciones”, es la máxima del secretario general de los obispos, Luis Argüello cada vez que asoma la cuestión. Solo jugar con las mismas reglas que la ley de mecenazgo establece para fundaciones, ong, sindicatos y partidos.

En la práctica, sin llegar a tocar los acuerdos Iglesia-Estado, se está avanzando en el diseño del currículo de Religión de la LOMLOE. Aunque los obispos han manifestado su disconformidad respecto al trato a la escuela concertada y a que la materia deje de contar para nota y no tenga asignatura espejo, sí hay un trabajo mano a mano para aterrizar en el aula.

En este contexto, la nueva ponencia socialista no asusta al Episcopado más allá del marcaje anunciado y esperado. Eso no quita que no moleste que se les utilice como ariete, cuando se agota la agenda, pero sí tranquiliza el cordón sanitario de los socialistas a Unidas Podemos. De ahí el ataque al PSOE que lanzó ayer la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra: «Me gustaría que no se quedara en papel mojado. Hay que acabar de una vez por todas con ese concordato, y sacar la religión de las escuelas públicas de nuestro país».