Auditores constatan el «caos» en la red paralela creada por los gobiernos del PSOE en Andalucía

Confirman una hilera de irregularidades en el «engordado» sector instrumental público

El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, esta semana tras el Consejo de Gobierno
El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, esta semana tras el Consejo de GobiernoMaría José López Europa Press

Uno de los hilos conductores de los 37 años que el PSOE gobernó en Andalucía fue el «engorde artificial» de la Administración autonómica. Esto es lo que se deduce de un informe de la Junta centrado en las 54 auditorías que han permitido hacer una radiografía de la situación en la que se encontraban los 92 entes que componen el sector público instrumental andaluz a finales de 2018, año en el que los socialistas perdieron el poder en la comunidad. La bautizada por los sindicatos como «Administración paralela» está integrada por 10 agencias administrativas, 18 públicas empresariales, 3 de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles –el Gobierno regional tiene participación en otros 240 entes, pero no es mayoritaria–. El análisis llevado a cabo por varias consultoras externas en un proceso que arrancó en 2019 ha servido para constatar que los ejecutivos socialistas armaron una «superestructura administrativa paralela que se ha incrustado en la organización autonómica provocando solapamientos funcionales que incluso han llegado a sedimentar y que, a día de hoy, dificultan el cumplimiento de los propios fines de la Administración», según se recoge en el mencionado informe oficial, consultado por LA RAZÓN.

Tras ese «gigantesco organigrama» se esconden duplicidades competenciales. De hecho, se han detectado sistemas de «doble gestión» en las funciones que han llevado a cabo entidades como la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa), ya que su labor podía haber sido asumida «en todo momento por la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda». En relación a otro de esos entes, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), el trabajo auditor ha puesto de manifiesto que durante un largo periodo «se consolidó» un «solapamiento sistémico» con la consejería de la que dependía que «repercutió en la tramitación de ayudas», a lo que se sumó la externalización por «los sucesivos responsables de Agricultura» de actividades en las que Agapa «tenía competencias». En la misma línea, se apunta a que la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) «se ocupó de actividades hidráulicas o en espacios protegidos duplicadas» con la consejería a la que estaban adscritas.

Otra de las conclusiones que se desprenden de los estudios externos es que se han encadenado las «deficiencias en la gestión» que han llevado a que, por ejemplo, se hayan descertificado 7,8 millones de fondos europeos Feder en la agencia IDEA, conocida por ser la caja pagadora de los ERE fraudulentos que aún se juzgan, por «irregularidades en el gasto»; o la «alta morosidad» que arrastra la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), presente en alguna causa judicial, clave en la política industrial de la Junta durante años. En su caso se advierte además de la «falta de control a la hora de comprobar si los solicitantes de fondos» están «en listas inhabilitantes de sancionados».

Recurrentes son también los «problemas» de personal, comprensibles, si se tiene en cuenta que en el «caos organizativo» de ese sector paralelo existen 66 convenios colectivos distintos. En este apartado, los auditores ponen el foco en el «riesgo» de que en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales «algunos empleados» pudieran «ejercer potestades» reservadas a los funcionarios como la tramitación de subvenciones. Se avisa, asimismo, de la posibilidad de que se haya incurrido en «cesión ilegal de trabajadores» en puntos de la red como la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel).

A lo expuesto hay que sumar el pago de «sueldos por encima de la media del mercado» en diversos entes escudriñados, o el que en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) el personal laboral haya percibido «retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, con pluses que no responden a una base directamente vinculada por el desempeño laboral». U otro ejemplo: en la Fundación San Juan de Dios de Lucena «el gasto de personal está 20 puntos por encima de la media de los 50 grupos empresariales más relevantes del sector». Y hay más. Según el resumen elaborado por la Junta, porque los 6.000 folios de auditorías aún no se han hecho públicos, ha habido entidades donde no se ha «desarrollado actividad alguna» o no se ha cumplido con los fines fundacionales, lo que ha contribuido al «engorde artificial» de la trama. Ahí se encuadra el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, en cuyos 156.750 metros cuadrados de terreno no se ha instalado ni una sola empresa.

> Ineficiencia. Los trabajos de auditorías están sembrados de ejemplos de ineficacia como los de la Fundación Doñana 21, que ha explotado de manera ineficiente el Bosque Solar con el que cuenta o la Red de Villas Turísticas de Andalucía, que no ha realizado servicio público alguno, hasta el punto de que cuatro de nueve villas están cerradas desde hace varios lustros.
> Reestructuración. Las recomendaciones de los técnicos externos no son vinculantes, pero el actual Gobierno andaluz de PP y Cs ha contratado la elaboración de un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental y ya ha empezado a adoptar algunas medidas, al entender que su pertinencia «era evidente», como la supresión de seguros privados de vida y salud de parte del personal del sector público instrumental, que ha supuesto un ahorro de alrededor de 500.000 euros anuales.