120 meses de «caso ERE» y sólo dos juicios y una sentencia que no es firme

Más de 130 piezas continúan vivas y no «está clara» la cuantía presuntamente defraudada

Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE
Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE

Temer durante años por lo que aún no has perdido debe ser agotador. Hoy hace una década de la apertura de la causa judicial en la que se pretendía investigar irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) ligados a la empresa pública Mercasevilla y que, tras cavar a profundidad, acabaría convirtiéndose en la matriz del llamado «caso ERE». Lo arrancó la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha sido una sombra constante en el proceso, pero no la única jueza que lo ha modelado.

Algunos de los encausados han confesado a LA RAZÓN no haberse percatado «pronto» de las dimensiones que la «macrocausa» iba a alcanzar ni de que acabaría rompiendo trayectorias a martillazos. Otros se quedaron por el camino como el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, o el empresario de la sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo, ambos fallecidos.

Diez años después del inicio de unas pesquisas que derivarían en un rosario de piezas, de las que más de 130 permanecen vivas, sólo se han celebrado dos juicios: el primero centrado en el procedimiento específico por el que los ex gobiernos socialistas andaluces repartieron ayudas millonarias, en fácil, el bloque político del «macroproceso»; y el de las subvenciones otorgadas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que quedó visto para sentencia el pasado diciembre. Es decir, sólo hay un fallo, el del primer apartado mencionado, y no es firme, ya que fue elevado al Tribunal Supremo (TS). Antes, hubo dos titulares del juzgado sevillano de Instrucción 6, Alaya y María Núñez, y dos magistrados de refuerzo, Álvaro Martín y José Ignacio Vilaplana, con papeles en esta trama judicial. Alaya armó las tesis principales en las que sustentar el «macroproceso», la creación de un sistema opaco para repartir fondos públicos que acabaría alcanzando a las ex cúpulas de ejecutivos del PSOE-A. Aunque sería Martín quien procesara a 26 ex altos cargos de la Administración autonómica en la pieza que gira en torno al procedimiento específico, entre los que se encontraban los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si bien, al final serían 22 quienes se sentaran en el banquillo de los acusados durante el juicio que dio comienzo en diciembre de 2017 y se prolongó hasta el mismo mes de 2018.

Núñez sustituiría a los mandos del órgano judicial a Alaya, después de que ésta optara a una plaza en la Audiencia Provincial y la lograra. Tras su desembarco, la nueva titular troceó el caso, algo a lo que su antecesora siempre se opuso, para acabar con el tiempo cediéndole el testigo de ésa y del resto de las «macrocausas» hiladas en el juzgado a Vilaplana, tras ser denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por «parálisis» y «retrasos injustificados». Una denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó, sin que esto alterara el pacto sobre el reparto de tareas al que había llegado con Vilaplana, quien se ocupa en la actualidad de las ramificaciones del «caso ERE».

Fue otro día 19, en este caso de noviembre de 2019, cuando la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla dio a conocer la única sentencia derivada de los ERE, de 1.821 páginas y que condenó a 19, entre otros, a Chaves y a Griñán. Pero los afectados recurrieron en casación ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado. Algunas fuentes de la causa, entre las que se halla el abogado Luis García Navarro, representante procesal del PP, consideran que lo hará antes del próximo verano, como ya informó este diario. Habrá que esperar para ver si se cumple o no el vaticinio. Es previsible que hasta el TS llegue también el fallo sobre los fondos públicos asignados a Acyco, cuando se conozca. De que ese alto tribunal confirme o tumbe esas sentencias dependerá en buena medida el futuro del «macroproceso».

Entre bambalinas seguirá pasando el tiempo, el mismo que se necesitará para cerrar los otros bloques en los que se atomizó. En relación a ese reloj incansable, otras fuentes apuntan que hay que tener en cuenta que el retraso en la llegada del resto de «las vistas orales», podría traducirse en que «se tenga que aplicar la atenuante de las dilaciones indebidas», lo que supondría «un beneficio para los acusados».

Y lo que tampoco «está clara» para algunos, 120 meses después, es la cantidad defraudada a raíz de los ERE subvencionados por la Junta. La Cámara de Cuentas llegó a cuantificar el agujero en casi 2.000 millones, pero la cifra ha variado en los juzgados, donde se han manejado varias. Anticorrupción marcó de inicio 741,6 millones, pero luego los rebajó a 680 al finalizar el primer juicio de un proceso que ha provocado desasosiegos difíciles de apaciguar. Desenmarañar los más de 130 gajos podría llevar otras «décadas más», advierten desde dentro.