Sánchez no sitúa el conflicto catalán entre sus prioridades

Hace meses que el «conflicto catalán» no monopoliza la acción del Gobierno. A escasas dos semanas de que Gobierno y Generalitat se sienten por segunda vez a la «mesa del diálogo», Pedro Sánchez evita públicamente exponer la problemática catalana dentro del abanico de cuestiones que ubica como prioritarias en su gestión. Ha pasado página. Así lo atestiguó que obviara su tradicional apuesta por el diálogo y el reencuentro –un básico en sus discursos públicos desde que habita la Moncloa– en las intervenciones con las que cerró en julio y abrió ayer el curso político. Ni una alusión. El Gobierno centra ahora el tiro en la recuperación económica y en que ésta se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos –y a la postre futuros votantes–: «Que esta llegue a los bolsillos de todos los españoles y españolas en forma de más empleo, mejores salarios y pensiones dignas». Con este objetivo confirmó la subida «inmediata» del Salario Mínimo, una subida que queda opacada, sin embargo, por otra que parece no tener techo: la del precio de la luz y que pone en jaque, además, esa vocación de «Recuperación justa» que ilustraba el fondo de la conferencia en Casa de América que ayer pronunció el presidente ante su Gabinete casi en pleno y personalidades de la sociedad civil, empresariado y sindicatos.

El cambio de tono es perceptible desde hace semanas. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa de la mano de los independentistas y con la intención de resolver el incendiado clima político y social en Cataluña. La posición de fuerza desigual entre ambos socios acabó en adelanto electoral en abril de 2019 y una vez revalidado el poder en 2020, de la mano de la misma Esquerra que se la soltó en la aprobación de los Presupuestos, Sánchez retomó las relaciones con una cumbre bilateral con Quim Torra a la que acudió con la «agenda del reencuentro» debajo del brazo. De esta cita en la Generalitat salió otra, apenas un mes después en la Moncloa, en la que ambas delegaciones se sentaron en una «mesa del diálogo» llamada a reunirse asiduamente, pero que quedó superada –como todo– por el advenimiento y las urgencias de la pandemia.

Tanto es así, que Sánchez llegó a calificar su anterior Gabinete de «Gobierno de la emergencia», un Ejecutivo que relegó el diálogo bilateral con Cataluña y estableció un foro multilateral de interlocución con todas las comunidades autónomas –las conferencias de presidentes semanales– para gestionar el avance, efectos y respuesta al azote del coronavirus. Este «Gobierno de la emergencia» sí hizo lo que podríamos considerar un último servicio a la causa catalana con la concesión de los indultos. Una «respuesta política» que asumió en primera persona el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, antes de ser fulminantemente cesado en la crisis de Gobierno que se acometería días después.

En Moncloa temían el efecto que pudiera tener la medida de gracia. El rechazo social y dentro del propio PSOE obligó a desplegar semanas de pedagogía anteriores a su concesión, pero una vez aprobados, el impacto fue mucho menor del esperado. También el efecto de la remodelación de Gobierno, el brillo del «Ejecutivo de la recuperación» quedó sepultado a los pocos días por el precio de la luz y la crisis de Afganistán sin haber siquiera explotado la novedad de los fichajes. Con el carpetazo a los indultos y una vez estrenado el nuevo Gabinete, el tono hacia Cataluña ha cambiado notablemente. En primer término, por los perfiles elegidos. La entrada de Isabel Rodríguez a la portavocía del Gobierno y a la cartera de Política Territorial han desterrado los titulares de Cataluña de la agenda pública diaria. En segundo término, porque otras patas de la «agenda catalana» como la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición, no saldrán del cajón.

A escasas dos semanas de que se celebre la reunión de la «mesa de diálogo», que fuentes de Moncloa siguen situando en la semana del 13 de septiembre, en el Gobierno apenas acaban de establecer los primeros contactos con la Generalitat para intentar cuadrar agendas. Desde el Ejecutivo central deslizan que el presidente del Gobierno no estará encabezando la delegación, aunque no acaban de confirmar todavía la composición final de la misma, donde Miquel Iceta también es duda. Tampoco aciertan a avanzar los temas que pondrán negro sobre blanco en el orden del día, unos argumentos que tendrán que confrontar con las apuestas seguras de sus interlocutores por la «amnistía y la autodeterminación». Exigencias que cuentan, como hasta ahora, con la total oposición de Moncloa.

En el Ejecutivo han pasado página y, conscientes de que la problemática catalana requiere una cocción lenta, se ocupan de sentar las bases de la recuperación económica que les permita acudir con buen cartel a las urnas en 2023. Sánchez volvió a reiterar ayer que no entra en sus planes un adelanto electoral y Hacienda ya prepara los Presupuestos de 2022 para presentarlos «en tiempo y forma» en el plazo de un mes. María Jesús Montero se encuentra actualmente en el diseño de las «cuestiones generales» y no presentará las cuentas hasta tener asegurado que no habrá enmiendas a la totalidad que prosperen.