El peor camino para cualquier reforma

A la vez que se van sumando días –más de 1.000– con el Poder Judicial bloqueado, ha ido en aumento la hostilidad del Gobierno contra el PP. El ansia de Pedro Sánchez por concentrar en sus manos los poderes del Estado ha chocado irremediablemente con la resistencia de Pablo Casado. Y es que, sin su concurso, la renovación del CGPJ resulta inviable.

Los populares se han pertrechado en su propuesta de reformar la ley para lograr la despolitización de los jueces. Una opción que el Ejecutivo ha descartado de plano para defender a capa y espada el modelo actual. En este choque, Sánchez ya sólo tiene como objetivo cargar la responsabilidad sobre las espaldas de Casado. Y además demuestra prisas en el despliegue de su estrategia. Lo reconocen en su equipo, lo confirman sus socios y lo ratifican sus acciones. Este curso político es de impasse de cara al siguiente. Por supuesto, Sánchez busca desgastar a Casado. Por ejemplo, aplicando la táctica de aislarlo en el Congreso. La alianza Frankenstein siempre aparecerá engrasada contra la oposición, que sólo puede esperar en una futurible estampida del «bloque» de costaleros de Sánchez.

A efectos de formar mayorías, para Sánchez y su Gobierno la Cámara Baja tiene 207 diputados. Todos, salvo 88 del PP, 52 de Vox, 2 de UPN y 1 de Foro Asturias. Empeñado en su cruzada, Sánchez se mantiene firme en su negativa a llamar personalmente a Casado. Otra inequívoca señal de su nulo interés por buscar una solución consensuada para el órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Gobierno sigue en sus trece porque desea generar tensión de forma permanente entre izquierda y derecha. Hasta el punto de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, evitaba cualquier gesto ante la portavoz Cuca Gamarra, en su ronda de contactos con las fuerzas parlamentarias. Simplemente, la exigencia de que ceda.

Acomodado en su barricada, Sánchez va en sentido contrario y ya ni se inmuta ante los avisos de Bruselas. Sólo echó el freno a la rebaja de las mayorías en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por miedo a poner en peligro la llegada de los fondos europeos. En el seno del equipo presidencial ese camino fue considerado temerario e incluso de complejo encaje constitucional. Además, tocar las mayorías podría volverse como un bumerán en contra del PSOE cuando el PP llegase a La Moncloa. El presidente del Gobierno, sin embargo, llegó a hacer oídos sordos. Los acontecimientos le forzaron a quedarse en una limitación de los poderes del CGPJ cuando está en funciones. Ahora bien, ese golpe de mano, por sí mismo, no empujaba a la renovación.

Por supuesto, los pasos presidenciales están amenazados por la incierta evolución de los acontecimientos, a sabiendas de que el Gobierno se ve desenmascarado una y otra vez por los tribunales. Hoy es la imputación de la ex ministra Laya. Y en las próximas semanas iremos viendo nuevos revolcones judiciales, tras los intentos de la maquinaria monclovita de desacreditar al Supremo por cuestionar los indultos a los líderes encarcelados del «procés», al Constitucional por poner en la picota un estado de alarma que conculcó derechos fundamentales, o al Tribunal de Cuentas por embargar a los separatistas. Suma y sigue. Pedro Sánchez, como en tantas otras cosas, elige el peor de los caminos.