La entrega de Puigdemont se aleja por el laberinto judicial

El galimatías jurídico que ha enmarañado la situación procesal de Carles Puigdemont desde que, a finales de octubre de 2017, se fugó a Bélgica para no hacer frente a la Justicia española, vivió ayer en la isla de Cerdeña (Italia) una nueva ceremonia de la confusión. Tras su detención en el aeropuerto de Alghero –al activarse la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada contra él por el Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2019–, el ex presidente de la Generalitat fue ingresado en prisión a la espera de comparecer ante el Tribunal de Apelación de Sassari y saber si le imponía alguna medida cautelar que restringiera sus movimientos mientras resuelve sobre la petición de entrega a España.

Horas después, la magistrada Plinia Azzena acordaba la inmediata puesta en libertad de Puigdemont, a quien no impuso medida cautelar alguna dado que la Fiscalía italiana no las solicitó. El ex president –que pese a lo que se apuntó en un principio no tiene restricciones para abandonar la isla– sí debe acudir el próximo 4 de octubre a una vista que se celebrará en la sede del Tribunal de Apelación de Sassari. La Sala, integrada por tres magistrados (excluida la jueza que ha acordado la libertad del político catalán) tendrá en su mano decidir si tramita la OEDE o si, por el contrario, se remite a lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y es que el instructor de la causa del «procés» planteó ante este tribunal una cuestión prejudicial en marzo del pasado año para que le aclarase si podía mantener la euroorden contra Puigdemont después de que la Justicia belga rechazase definitivamente entregar a España al ex conseller Lluís Puig al concluir que el Tribunal Supremo no era competente para cursar una OEDE contra él.

En la resolución que ordena la libertad del ex presidente de la Generalitat, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada hace hincapié en que la Fiscalía italiana no ha solicitado que se le impongan medidas cautelares dado que «comprometería seriamente» su derecho a desplazarse libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, «garantizadas por la inmunidad, aún intacta».

Además, la magistrada subraya que del planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE se desprende que queda en suspenso el procedimiento nacional hasta que el tribunal europeo dicte sentencia.

Llarena remite la OEDE a Italia

Pero dado que la defensa de Puigdemont se personó en el procedimiento el pasado agosto, fuentes jurídicas apuntan que la decisión del TJUE no llegará previsiblemente hasta mediados del próximo año. Un balón de oxígeno para Puigdemont si finalmente el tribunal de apelación de Sassari decidiese paralizar la tramitación de la OEDE.

El equipo jurídico del ex president, no obstante, va un paso más allá y considera que el próximo 4 de octubre la Justicia italiana rechazará la entrega

De momento, Llarena ya ha puesto la maquinaria en marcha. Una vez le comunicaron la detención en Italia del ex president a través de SIRENE (sistema de información que comparten los países de la UE para el control fronterizo del espacio Schengen), ayer mismo remitió un oficio al representante de España en Eurojust (el organismo de cooperación judicial entre los países de la UE) para que envíe al Tribunal de Apelación de Sassari la OEDE librada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont por sedición y malversación (reactivada tras hacerse pública la sentencia del «procés»), así como la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el Tribunal Supremo tienen claro, tras el fiasco de Alemania en 2018, a qué se enfrentan ahora. Fuentes del Supremo apuntan a LA RAZÓN que la estrategia de Puigdemont es «enfangar» el procedimiento de entrega y situar a un tribunal «de provincias» frente al «equipo jurídico italiano más prestigioso» (la defensa del político catalán ha contratado al letrado Agostinangelo Marras) para conseguir que le «sobrepase» la presión mediática y suspenda la resolución de la OEDE a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dilucide si España puede seguir reclamando a Puigdemont.

La resolución del Tribunal General europeo, en el epicentro

Y es que en el tribunal español no tienen dudas. «Está todo vigente», insisten. Puigdemont, por contra, se agarra a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea del pasado julio, cuando pese a retirarle la inmunidad, lo hizo precisamente con el argumento de que mientras el TJUE no se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena, «nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas».

El tribunal europeo aseguraba incluso que «las autoridades españolas» habían manifestado «expresamente» que la solicitud del magistrado español incluía la suspensión «de cualquier procedimiento de ejecución de una orden de detención europea que pudiera haberse iniciado» e incluso de la orden nacional de detención vigente, por lo que «ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas» hasta que el TJUE se pronuncie.

Pero para el Tribunal Supremo, esas afirmaciones solo afectan a la suspensión de la OEDE en Bélgica, donde reside Puigdemont, y únicamente amparan sus desplazamientos entre Bruselas y Estrasburgo (Francia), sedes de la Eurocámara.