Los socios de Sánchez vetan la reforma del Poder Judicial

Malestar en el ámbito judicial por la posibilidad de que se resuelva la situación de interinidad en los demás órganos institucionales afectados por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos y se deje a un lado la solución al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Interpretan que esto disminuye la presión y deja el mensaje de que no habrá solución para el Poder Judicial en esta Legislatura.

El líder del PP, Pablo Casado, ofreció ayer al Gobierno sentarse a hablar y cerrar un acuerdo sobre el resto de órganos pendientes de renovación –Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo–, en un movimiento político que consiguió su objetivo, descolocar al Gabinete de coalición.

Ese pacto está hecho, «casi cerrado», precisan fuentes de la negociación, pero se quedó en el aire como consecuencia del bloqueo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La jugada de Casado obligó a Pedro Sánchez a rectificar sobre la marcha y aceptar la propuesta de diálogo. Pero si bien supone avanzar hacia la normalización del estado de las demás instituciones afectadas por la necesidad de consenso entre los dos principales partidos, por otra parte también deja todavía más en tierra de nadie al Poder Judicial. Así lo interpretan en el Consejo, donde creen que «un acuerdo parcial rebajará todavía más la presión que deberían sentir los dos principales partidos para cumplir con su obligación constitucional».

El marco político rema en contra de que Gobierno y PP sean capaces de dar una solución a la situación del CGPJ. El PP no siente ninguna presión política, más bien al contrario, ya que no renunciar a sus condiciones, bajo el paraguas de la posición fijada en la UE, le refuerza frente a Vox. Y el Gobierno, por más que señale al PP como único responsable del bloqueo, no puede ocultar el hecho de que está preso de sus socios parlamentarios. Pactar una reforma legislativa para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, en la línea de lo que defienden en Bruselas, no tendría desarrollo luego en el Congreso porque tendrían que sacarla adelante con el bloque de la derecha. Y esto les abriría otro frente en la relación con sus apoyos parlamentarios.

El PP tiene la sartén por el mango y Sánchez está preso de la doble necesidad de desatascar el Poder Judicial y hacerlo, a su vez, de acuerdo con el modelo que impone Podemos.

Los morados son señalados como los principales responsables de la crisis del Poder Judicial también entre magistrados del Supremo, donde sostienen que «sin la presión en la sombra de Podemos el PP no habría tenido excusa para no haber cerrado ya el acuerdo, y el PSOE tampoco la tendría para no atender las recomendaciones de Bruselas».

Podemos condiciona la renovación institucional igual que es responsable de las decisiones ideológicas en el ámbito económico que no siguen el criterio de la vicepresidenta, Nadia Calviño, y que amenazan con tener graves consecuencias en la recuperación económica.

La renovación del Poder Judicial tiene otro obstáculo en el camino que es determinante, y que no pasan por alto en medios judiciales. Aquello que no se pacte en este trimestre quedará prácticamente enterrado hasta que pasen las próximas elecciones generales. Los partidos entienden el próximo curso como un año ya marcadamente electoral. Las elecciones andaluzas serán unas primarias de las generales. Tanto como a primavera no es previsible que se adelanten, pero después del verano pueden celebrarse en cualquier momento porque técnicamente no sería ya un anticipo y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, podría mantener que ha cumplido su compromiso de ir en plazo a las urnas.

Estas elecciones andaluzas pueden ser el resorte que afiance la sensación de cambio político, y luego vienen unas autonómicas y municipales en las que el PP también cree que jugará con ventaja.

En todo caso, este clima no favorecerá un acuerdo, y mucho menos una reforma legislativa, que los dos principales partidos no han sido capaces de resolver en tiempos supuestamente más tranquilos desde el punto de vista de los intereses electorales.

Sólo un golpe, de Bruselas, si acaso, puede desencallar un bloqueo que se prolonga desde hace ya tres años. El CGPJ funciona en precario desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció su mandato de cinco años.

A finales de septiembre la sala de Gobierno del Tribunal Supremo se dirigió por unanimidad al CGPJ para alertar de las graves y perniciosas consecuencias que en un futuro próximo, y que previsiblemente irán acrecentándose, si no se renuevan las vacantes en los próximos meses.

Sánchez y Casado insistieron ayer en el Congreso en cruzarse reproches sobre la responsabilidad del bloqueo.