El decreto de las eléctricas enfrenta a Sánchez y sus socios

La factura de la luz se ha convertido en el principal factor de desgaste para Pedro Sánchez en esta legislatura. El bolsillo de los ciudadanos pone y quita gobiernos y, en un contexto en el que el Ejecutivo pensaba cabalgar la ola de la «recuperación justa» para mantenerse en Moncloa, está viendo como sus expectativas se ven frustradas. El que se decía el Gobierno más progresista de la historia, con vocación de «no dejar a nadie atrás», se ha topado con uno de los elementos menos progresivos que existen: el precio de la luz, que impacta indiscriminadamente con independencia del nivel de ingresos del que enciende el interruptor.

En este endiablado escenario, Moncloa se mueve con diversas iniciativas. Ha pasado de pedir «empatía» a las eléctricas a ponerlas en el punto de mira, con medidas como la limitación de los beneficios caídos del cielo que reciben. Esto ha abierto una guerra con las grandes compañías que, unida a las rebajas fiscales que detraen ingresos a las arcas públicas, se han demostrado insuficientes para paliar el efecto de los récords que diariamente se baten en el mercado mayorista.

Con este clima llega hoy el decreto de las eléctricas al Congreso de los Diputados para su convalidación. Un trámite parlamentario todavía incierto y que está tensionando la relación de Sánchez con sus socios dentro y fuera de la coalición. Dentro, Podemos presiona para no cambiar ni una coma de la redacción original. Fuentes de la formación morada aseguran que van a defender las medidas de intervención del mercado de la luz que aprobó el Consejo de Ministros y que exigirán que sean estructurales, no solo hasta marzo. Si el PSOE cede a la presión de las eléctricas y trata de rebajar las medidas en el Real Decreto Ley que se debate hoy, no van a encontrar números en el Congreso que les respalden, añaden las citadas fuentes. Se refieren a la ronda de contactos que la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha culminado esta semana las principales empresas del sector para intentar limar asperezas y pedirles «que se impliquen».

Por otra parte, la precaria mayoría parlamentaria del Ejecutivo peligra por la pata de sus socios preferentes. El PNV advirtió ayer a Sánchez de que con este decreto no solo está en juego el futuro de la economía, sino el de su propio Gobierno. Así se lo espetó Aitor Esteban al presidente del Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en la que éste se abrió a la posibilidad de «aclarar y precisar lo que haga falta del decreto para asegurar que esto es así, y no se generen consecuencias ni perjudiciales para los consumidores domésticos ni para las empresas». Esto pasaría por permitir que el decreto se tramite como proyecto de ley, lo que supondría dilatar la negociación más allá de la acuciante votación de hoy y daría la oportunidad al resto de partidos de incluir sus aportaciones.

Sin embargo, desde el Ministerio de Teresa Ribera no ven con buenos ojos esta posibilidad, pues señalan que «no tiene sentido», ya que, si bien el decreto contiene algunas medidas que han venido «para quedarse», como los desembalses o la generación hidroeléctrica, «la mayoría son coyunturales y tiene poco sentido hacerlo como proyecto de ley porque en el plazo de tramitación se habrán agotado». En este sentido, la ministra de Transición Ecológica está segura de que el decreto se aprobará hoy sin problemas.