Malestar en Moncloa con Díaz: “Algo se ha roto”

El Gobierno de coalición, que comenzó su andadura en enero de 2020, apenas ha cumplido los dos años de vida y se ha tenido que enfrentar a un contexto extremadamente complejo. Lastrado por la crisis sanitaria en sus primeros pasos, no ha sido, sino cuando parecía vislumbrar el fin de la pesadilla pandémica, con el salvavidas del maná europeo, cuando ha sentido tambalearse los cimientos de la Moncloa. «Esta semana ha sido complicada», resumen, lacónicos, desde el Gobierno.

No en vano, Pedro Sánchez se ha enfrentado a unos de los días más adversos –en lo estrictamente político– desde que llegara al poder, viendo flaquear sus alianzas dentro y fuera del Gobierno. La crisis abierta en la coalición por el control de la reforma laboral y el acuerdo «in extremis» para salvar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos han supuesto un baño de realidad para un Ejecutivo que, pese a su debilidad parlamentaria, «se desenvuelve como si tuviera mayoría absoluta», resuelven sus socios. El presidente ha salvado dos «match ball», pero todavía queda partido por delante y la frase que pronunciaba el jueves en la cumbre hispanolusa de Trujillo (Cáceres) más parecía un deseo que una realidad: «Espero, y es el propósito de todo el Gobierno, que la legislatura dure hasta el 2023».

El ambiente rezuma tufo electoral. Unidas Podemos ha tensado la cuerda más de lo habitual, recuperando algunas de las dinámicas nocivas de la «era Iglesias». Aireando sus diferencias públicamente «a golpe de tuit», contraprogramando las comparecencias del Consejo de Ministros o atacando directamente a las instituciones del Estado, representadas, en esta ocasión, en la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En el ala socialista del Gobierno son conscientes de que los morados viven su propia pugna interna entre la autonomía que propugna Díaz para su proyecto y la presión de éstos para no quedar diluidos en una sopa de siglas. No obstante, el enfado ha sido mayúsculo y ha llegado incluso al más alto nivel.

Sánchez no oculta su malestar con Yolanda Díaz. En Moncloa perciben que la vicepresidenta segunda ha echado un pulso al presidente y lo ha perdido, pero por el camino se ha dejado mucho más que la «metodología» para pilotar la reforma laboral. «Algo se ha roto», resumen. La relación con la ministra de Trabajo era buena, existía confianza, incluso complicidad, y se había fraguado otra manera de enfrentar los conflictos internos: sin «ruido» y con trabajo fino. Sin embargo, esta confianza se ha quebrado. La imagen de Sánchez y Díaz paseando por los jardines de Moncloa para escenificar el acuerdo de Presupuestos es ya una ilusión. En el ala socialista reconocían esta semana a este diario que la vicepresidenta segunda no compartía información, «no informa» del detalle de los avances de las negociaciones de la mesa del diálogo social para la reforma laboral. Se reservaba datos. Las alarmas saltaron cuando se percibió que estaba dispuesta a materializar una derogación sin el favor de los empresarios –como ocurrió con el SMI–, mientras que Sánchez buscaba un acuerdo global, «conjugando intereses» de todas las partes implicadas.

La crisis se saldó momentáneamente, pero de una forma poco habitual. Sánchez no intervino y delegó la gestión en su mano derecha, Félix Bolaños. No habló con Díaz directamente para cerrar la herida, al contrario de lo que había ocurrido en situaciones anteriores como la ley de vivienda o el Salario Mínimo. En estas situaciones precedentes, el presidente permitió a la ministra de Trabajo ganar algunas batallas, consciente de que necesita un proyecto vigoroso a su izquierda, que les permita sumar tras las elecciones para mantener el poder. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro, porque desde el sector socialista se ha percibido la unilateralidad de la ministra como un afán de ruptura por parte de sus socios. Una ruptura que todas las partes niegan, aduciendo que no les interesa. Ambas necesitan ganar tiempo: Sánchez, para consolidar la recuperación y dar estabilidad al país; Díaz, para acabar de ahormar su «frente amplio». Sin embargo, los recelos se han disparado.

Sánchez ha querido tomar el control y en las futuras negociaciones de la reforma laboral la influencia de Trabajo se verá diluida por la entrada de otros ministros socialistas, que marcarán de cerca los pasos que se den. En este clima de suspicacias, el martes el presidente sentará a la mesa a Nadia Calviño y Yolanda Díaz para «fijar la posición del Gobierno» en torno a la reforma laboral, una posición que parece necesario clarificar a un mes de que venza el plazo que dio Bruselas y tras siete meses de reuniones de Trabajo con empresarios y sindicatos. «Ahora es una reforma laboral de todo el Gobierno», dicen.

Aviso con los Presupuestos

En paralelo al flanco gubernamental, la situación no transcurría mucho mejor en el ámbito parlamentario. El ejercicio de unilateralidad con el que se desenvuelven los socialistas tensionó las relaciones en varios frentes, como el de la «ley mordaza», llegando a su máximo apogeo en la negociación presupuestaria. A escasas horas de que venciera el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, fueron varios los socios del Gobierno –entre ellos los prioritarios ERC y el PNV– que tenían las suyas ya redactadas y amenazaban con registrarlas como medida de presión para que el Gobierno se sentase a negociar o simplemente cumpliera los compromisos efectuados con anterioridad.

La sangre no llegó al río y en Moncloa fueron capaces de reconducir la situación, eso sí, reconociendo que la negociación fue dura y hubo momentos en que todo pudo saltar por los aires. En este contexto, en el Ejecutivo son conscientes de que estos son los últimos Presupuestos de la legislatura y que los gestos que perciben en sus socios, cuando aún restan dos años para las urnas, anticipan que el camino será más tortuoso de lo previsto. Sobre todo, si se suma que el contexto económico de recuperación, al que Sánchez fía sus posibilidades de revalidar el poder, no se está tornando todo lo propicio que se esperaba.