Moncloa recela de la hoja de ruta de Yolanda Díaz con la reforma laboral: «No informa»

El Gobierno sigue enredado en el abordaje de la reforma laboral que debe estar lista antes de que acabe el año para cumplir los compromisos acordados con Bruselas. Una negociación que hasta ahora estaba residenciada en el Ministerio de Trabajo –bajo la batuta exclusiva de Yolanda Díaz–, pero que, llegado un momento trascendental de la misma, el presidente del Gobierno ha decidido tutelar. Una tutela que busca reducir el margen de maniobra de la vicepresidenta segunda y que se articula en dos movimientos: diluyendo su presencia, con la entrada de ministros del ala socialista, y limitando su influencia, haciendo partícipe de la misma también a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

En Moncloa insisten en que, llegados a este punto, era necesario un esfuerzo de «coordinación» de los trabajos, porque no tenían toda la «información» o esta no se trasladaba con exactitud. Recelan así de los pasos que hasta ahora había dado la dirigente gallega y que no comparten la vocación de acuerdo mayoritario –incluyendo a los empresarios– que defiende el presidente del Gobierno y que es, además, necesario para que la reforma cuente con el plácet europeo. Sumar todas las sensibilidades obligaría, eso sí, a retoques en los contenidos pactados previamente en la coalición.

Los morados vieron en este movimiento una «injerencia» de sus socios del Ejecutivo, mientras que desde el PSOE intentan pacificar los ánimos –no en vano, se ha abierto la crisis más grave desde que existe la coalición–, asegurando que se trata de una cuestión de «metodología» aún por perfilar, porque hay acuerdo en los «contenidos». Sin embargo, desde el PSOE evitan ahora trasladar nítidamente su posición sobre algunas de las materias que se pactó modificar, como la prevalencia de los convenios de sector sobre el de empresa. Por su parte, desde el ala morada la propia Yolanda Díaz instó ayer en el seno del Gobierno a abrir un «debate» sobre «los contenidos» de la reforma laboral, negando que las diferencias sean metodológicas. Un debate que la vicepresidenta segunda creía «ya cerrado» porque se abordó «antes del mes de diciembre del año pasado». «El problema que surge aquí es el qué, no el quién, y surge de nuevo en el seno del Gobierno», incidió, para destacar que «una vez que conozcamos las diferencias podremos avanzar», porque Sánchez, se comprometió a «derogar» la reforma laboral.

Desde la mesa del Consejo de Ministros, por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentó clarificar la situación de bloqueo actual señalando una obviedad, que «formalmente, en la mesa de diálogo social quien lidera y quien representa al Gobierno es el Ministerio de Trabajo en las reuniones ordinarias». El matiz vino después, cuando inmediatamente apuntó: «Pero parece razonable que en esa mesa participen también miembros de otros departamentos».

En la práctica, esto supone que el capital de Díaz quede diluido y tenga que compartir la representación del Ejecutivo con otros ministros socialistas, como la de Economía, el de Inclusión o la de Educación, que se integrarán en el foro de diálogo para pulir las diversas aristas de la normativa laboral. «No se entendería que una parte importante del Gobierno no participara en una reforma tan trascendental como la laboral», explicó.

En Moncloa quieren evitar que sea Podemos quien rentabilice en exclusiva la reforma laboral y lo explican así: «No creo que ningún miembro del Gobierno quiera que esta reforma tenga un nombre propio». Se afanan, por tanto, en recordar que se trata de una norma con la que está «alineado todo el Ejecutivo». Así, recordó Rodríguez, que «se trata de un triple compromiso del Gobierno», expresado en primer término por el presidente Sánchez en su discurso de investidura, concretado posteriormente en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ratificado por Europa después, en el plan de recuperación del que dependen los fondos europeos.

«Una ley de legislatura y una marca de este Gobierno», que quiere hacerla con el máximo consenso y en el marco del diálogo social «antes de que termine el año». El hecho de que cuente con el máximo consenso es una de las razones que ha obligado a dar entrada a Calviño en la ecuación para evitar que el acuerdo quede cojo por la pata de los empresarios, si la CEOE se descuelga, como ya hiciera con el Salario Mínimo. Para Díaz que esté Garamendi no es una prioridad, pero para Sánchez sí, que quiere un pacto «con todos» para tener el «beneplácito» de Bruselas.

El objetivo es, por tanto, lograr que la reforma laboral se aborde desde el máximo diálogo –dentro de todos los departamentos y del diálogo social– y con el mayor de los consensos –de todos los ministerios y «conjugando los intereses de empresarios y trabajadores»–. «Preferimos un acuerdo de todos. Nos gustaría alcanzar el objetivo de máximo diálogo y mayor consenso, preferimos esta fórmula a no hacerlo con todas las fuerzas», reconoció Rodríguez.