El vecino de Pablo Iglesias que irá a juicio por acoso a su chalet pide su absolución

El vecino de Pablo Iglesias e Irene Montero que será juzgado por el supuesto acoso a la vivienda del ex líder de Podemos y de la ministra de Igualdad en 2020 ha pedido su absolución insistiendo en que no cometió delito alguno. En un escrito remitido por su defensa al juez de Collado Villalba (Madrid) que abrió juicio oral contra él, Miguel Frontera asegura que no llevó a cabo las conductas que le imputan tanto la Fiscalía –que pide para él una condena de tres años de prisión– como los abogados del ex líder de Podemos y la ministra de Igualdad.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la abogada de Frontera, Polonia Castellanos, mantiene que su cliente no realizó «acto alguno de carácter ilícito desde el punto de vista penal».

Frontera pide que declaren como testigos los agentes que formaban parte del operativo policial desplegado en las inmediaciones de la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar el día del cumpleaños del entonces vicepresidente del Gobierno en 2020. Para intentar rebatir así los hechos que le atribuyen ambos en esa fecha.

Y es que según el escrito de acusación de la defensa del ex líder de Podemos, el 17 de octubre de 2020, cumpleaños de Iglesias, Frontera habría intentado sin éxito acercarse a él cuando salía del inmueble con sus hijos y «al no conseguirlo le gritó delante de los niños “felicidades hijo de puta”», una versión que el acusado niega.

Iglesias y Montero testificarán

El ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra –que testificarán en la vista oral y que solicitan una condena de un año y medio de prisión para Frontera– también han pedido que declaren como testigos varios agentes que formaron parte de ese dispositivo para que precisen al tribunal cuál fue la conducta de Frontera durante esos meses.

Pero en su escrito de defensa, el acusado insiste en que «no puede hablarse de la existencia de delito» ni de «participación alguna» en hechos de carácter delictivo, por lo que su abogada solicita su «libre absolución».

La Fiscalía pide tres años de prisión para Frontera por acoso, descubrimiento de secretos y dos delitos continuados de injurias graves a la autoridad con publicidad. Además, solicita que se le multe con sanciones que suman 13.800 euros y se le prohíba acercarse a menos de 500 metros del domicilio o lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante un plazo de entre dos o tres años, el mismo tiempo durante el cual reclama que se le impida comunicarse con ellos “por cualquier medio”.

Fiscalía: una “alteración de la vida familiar”

Según expone la fiscal Paloma Duret en el escrito de acusación, desde el 15 de mayo de 2020 y hasta que el juez le impuso una orden de alejamiento el 12 de diciembre de ese mismo año, las protestas de Frontera en las inmediaciones de la vivienda provocaron “una alteración” de la vida familiar de Iglesias, Montero y sus tres hijos menores por los “ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad”, así como debido a la “limitación de movimientos” de ambos con sus hijos “por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos”.

Según el relato del Ministerio Público, aunque el vecino se limitó en un principio a sumarse a las concentraciones diarias frente al domicilio en protesta por la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, “en pocos días incrementó su actividad comenzando a portar aparato de música con altavoces en el que se reproducía con el volumen alto el himno nacional y a proferir gritos” contra Iglesias, al que motejó de “chepas” o “garrapata”, y llevando a cabo caceroladas “con las consiguientes molestias para los allí residentes”.