El PP retirará la Ley de Memoria

«Es el comodín de Franco. Cuando hay muchos problemas en España, sacan el comodín de Franco. Los socios radicales de Sánchez hablando del pasado», así denunciaba Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del Partido Popular, la maniobra para desactivar la amnistía de 1977. Constituye una paradoja que la izquierda use la Ley de Memoria Democrática con este fin, porque la Ley de Amnistía fue aprobada con la abstención de Alianza Popular y, en cambio, el apoyo de socialistas, comunistas, UCD, la minoría nacionalista, el PSP y el Grupo Mixto. La razón era entonces que los conservadores se negaban a amnistiar a los terroristas, entre ellos los de ETA.

Ahora se trata, teóricamente, de perseguir los crímenes del franquismo, cuando la mayor parte de los supuestos protagonistas ha fallecido. La realidad es que la mayoría de los españoles ya ni se acuerda de tal amnistía (los jóvenes no saben lo que es), pero con este debate se reabre la difusión de un relato de lo acontecido que socava los cimientos de la transición. Pablo Iglesias ha explicado muchas veces al que ha querido escucharlo que la transición española fue un fraude, que sirvió para tapar los crímenes del franquismo y no estableció una democracia fundamentada en la verdad republicana. A este relato se suman Ezquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Podemos y, en este caso, el PSOE.

Según quorum de los juristas, la Constitución del 78 impediría la derogación de la amnistía, porque una responsabilidad penal juzgada o extinguida no puede reactivarse. El debate es viejo. Ya, el 20 de marzo de 2018, Podemos, Compromís y los grupos nacionalistas intentaron en el Congreso el asunto de reclamar de nuevo las violaciones de los derechos humanos de responsables franquistas, pero entonces la propuesta fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Cs.

El cambio de actitud del PSOE se debe a la dependencia de sus socios de gobierno. Pedro Sánchez ha cedido ante Podemos enmendando el artículo 2 del proyecto de Ley de Memoria Democrática, de modo que la Ley de Amnistía quede sometida a derecho internacional y los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas no prescriban. Se pretende, por un lado, reabrir el debate sobre las matanzas de la guerra civil (de uno y otro lado, se supone) y, por otro, resarcir a las víctimas de malos tratos y torturas.

Como los protagonistas han fallecido, el proceso continuará en sus sucesores. Justo lo que nuestros abuelos intentaron evitar con la amnistía. La modificación legal favorecerá que jueces extranjeros, por ejemplo, encausen asuntos de la guerra recurridos en sus tribunales. Se trata de emprender iniciativas al estilo de los Juicios de Nüremberg o los tribunales internacionales sobre la Guerra de los Balcanes.

Pero la gran victoria de Podemos y ERC, insisto, es desvirtuar la versión de la transición que reciban las nuevas generaciones. Un país no puede progresar en un continuo revisionismo de las cosas de hace casi cien años. Se trata de imponer hasta en los libros de texto que la república era una democracia modélica y que lo que ahora debe imponerse es una copia de aquel sistema que el franquismo «interrumpió» arbitrariamente. Una burda simplificación que desautoriza las soluciones encontradas por nuestros padres y abuelos.

El PP se niega a colaborar con todo esto y Pablo Casado ya ha dejado claro que derogará las leyes de memoria democrática, tanto la actualmente vigente como la que se está tramitando. Ya en el mítin de clausura de la convención nacional del pasado octubre avisó de que, en su lugar, aprobará una «ley de concordia» Casado no se opone a la apertura de fosas de la guerra, ni a que las familias se les ayude a encontrar los restos de sus seres queridos, pero se niega a hacer revisionismo histórico y a reforzar el enfrentamiento entre las dos Españas.