Cataluña

Sánchez Llibre: “Trabajo debe revisar su rigidez y su ideología para poder pactar”

El vicepresidente de la CEOE marca las líneas rojas de los empresarios en la negociación laboral: la reforma de 2012 debe mantenerse, más estabilidad y no penalizar la contratación temporal «necesaria»

El ministro Escrivá ha recordado a los empresarios, tras el rechazo a la subida de las cotizaciones, que el Estado del Bienestar hay que «pagarlo». Suena a reproche por falta de solidaridad.

La subida de las cotizaciones ha sido una decisión precipitada, que hará que las empresas sean menos competitivas. Estamos hablando de un impuesto más a la contratación. Y, además, no resuelve el problema del déficit a la Seguridad Social. Para resolverlo deberíamos trabajar todos juntos, Gobierno, sindicatos y patronal, con el objetivo de consensuar un plan de choque para que a partir de 2022 haya 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Este pacto social tripartito se debería basar en la generación de empleo, el aumento de la productividad, y la disminución sustancial de la economía sumergida. Esto permitiría equilibrar las cuentas de la Seguridad Social con unos incrementos de recaudación de 13.000 millones de euros, aproximadamente, al año.

Han tachado la subida de las cotizaciones como «parche», pero un «parche» necesario para que Bruselas nos siga liberando fondos comunitarios. ¿Esto no es motivo suficiente como para sumarse a los acuerdos?

Bruselas exige medidas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, para reducir el desempleo y la temporalidad, así como mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. La propuesta de incremento de los tipos de cotización del Gobierno va en la dirección equivocada para conseguir estos objetivos.

También exige un sistema de pensiones sostenible...

La principal garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones es el crecimiento del empleo y de los afiliados a la Seguridad Social, que se ha de complementar con la disminución de la economía sumergida, de medidas de reducción del gasto de las pensiones, así como con el cumplimiento del compromiso del Gobierno de la separación de las fuentes de financiación para evitar que las cotizaciones sociales sufraguen injustamente el coste de las pensiones no contributivas y otras prestaciones.

¿La ideología de izquierdas está penalizando el crecimiento?

El impulso a la generación de riqueza viene de los empresarios, que apostamos todo nuestro patrimonio para poder crear riqueza y empleo. Y el Gobierno debería ser capaz de generar complicidades con nosotros porque esa política revertiría en el crecimiento del país. El Gobierno defiende una política económica que nos penaliza, y el daño es para el conjunto de la sociedad. De ahí que sea tan importante que haya ese pacto social, con una visión a largo plazo, y con ese objetivo que he comentado de los 22 millones de afiliados en los próximos años. El bienestar social solo se consigue con más empleo y afiliados a la Seguridad Social y las medidas del Gobierno penalizan la consecución de todos esos objetivos.

Escuchándole, no parece posible que haya pacto laboral.

Las organizaciones empresariales hemos demostrado permanentemente nuestro compromiso con el diálogo y la concertación social. En este sentido, los empresarios continuaremos negociando y planteando propuestas positivas y proactivas en la mesa negociadora de diálogo social hasta el final, sobre la base de la reforma laboral que creemos que debe mantenerse.

La ministra de Trabajo y los sindicatos no están de acuerdo en «mantener» la reforma laboral.

La reforma laboral de 2012 ha sido clave en la creación de empleo durante estos años. Ahora se trata de modernizarla buscando el necesario consenso con los agentes sociales. Estamos de acuerdo en buscar mecanismos para aumentar la estabilidad en el empleo, pero teniendo en cuenta que la temporalidad, por la estructura de la economía de España, siempre va a existir.

¿Y cuánto se puede reducir la temporalidad y cómo?

Para reducir la temporalidad, y crear más empleo, las medidas han de direccionarse a la incentivación del empleo estable, reduciendo los mayores costes asociados a las contrataciones indefinidas y las rigideces de la normativa laboral, en lugar de penalizar la contratación temporal en las casuísticas en las que son necesarias. Otro tema muy importante es el problema de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Y aquí sí que podemos llegar a importantes consensos para que nuestra población juvenil no sea la que sufre la tasa más alta de desempleo de la Unión Europea. Asimismo, hay margen para llegar a acuerdos en todo lo que afecta a los mecanismos de flexiseguridad.

¿En qué sentido la entienden?

Como una serie de medidas que proporcionen la máxima flexibilidad en la gestión de las relaciones laborales, garantizando, paralelamente, la seguridad para los trabajadores.

En la calle suena a eufemismo de precariedad.

Nuestra regulación laboral es excesivamente rígida. Las empresas no pueden regirse por normativas obsoletas basadas en estructuras productivas pasadas. Las empresas necesitan mecanismos de flexibilidad para adaptarse a las realidades cambiantes y las demandas de los mercados cada vez más competitivos y abiertos. La flexibilidad ha de entenderse en sentido positivo como mecanismo modernizador de las relaciones laborales que permite la imprescindible capacidad de adaptación empresarial a sus necesidades, así como, a la de los trabajadores. Ése es el equilibrio que debemos buscar.

¿Me puede poner ejemplos concretos de nuevas medidas que avancen en esa dirección de la flexiseguridad?

La flexiseguridad es una estrategia integral para lograr una flexibilidad dado que permitirá a las empresas adaptarse a los cambios y ser más competitivas, y revertirá en una mayor seguridad al incrementarse la probabilidad de encontrar un empleo estable y una adecuada protección social para los trabajadores.

Pero, como le preguntaba, ¿con qué actuaciones se consigue ese objetivo?

Es lo que estamos negociando.

¿Dónde están a día de hoy las principales discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez?

Existen algunos planteamientos del Gobierno que deben ser revisados porque van en la dirección contraria a la creación de empleo, introducen rigideces y sobrecostes en nuestras relaciones laborales y promueven un elevado grado de intervencionismo gubernamental, administrativo y sindical, en temáticas como la contratación temporal, la modificación sustancial de condiciones de trabajo, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, la ultraactividad o la regulación de los ertes, entre otras.

El intervencionismo también puede servir para proteger más al trabajador.

Nosotros somos los primeros que queremos garantizar condiciones dignas para los trabajadores.

¿Se sienten representados y defendidos por la ministra de Trabajo?

En estos momentos las posiciones son muy distantes.

¿Por qué?

Mantenemos discrepancias en la Mesa Negociadora de Diálogo Social respecto a las propuestas planteadas por el Ministerio de Trabajo, al entender que son perjudiciales para las empresas y la creación de empleo. Los planteamientos del Ministerio de Trabajo en la Mesa negociadora tienen un marcado carácter ideológico y desequilibrado, basado en parámetros de rigidez de nuestras relaciones laborales, sobrecostes empresariales y un preocupante intervencionismo. Es fundamental reconducir este tipo de propuestas para alcanzar pactos con los agentes sociales.

¿Diría que se está creando el contexto adecuado para aprovechar bien los fondos europeos?

Es verdad que se han generado unas grandes expectativas y que, al mismo tiempo, hay muy pocas concreciones. En poco tiempo se tendrán que plantear muchos planes estratégicos (PERTE) y estos han ido con mucho retraso, pero los empresarios todavía tenemos la esperanza de que entre los años 22-23 queden configurados y sirvan para la transformación de la economía. Somos medianamente optimistas, a la vez que pedimos al Gobierno más agilidad, transparencia y concreción.

¿Le convencen más las previsiones económicas del Gobierno o la revisión a la baja que anuncia el Banco de España?

Me quedaría en un punto intermedio porque lo que va a pasar en los próximos meses o en el próximo año nadie lo sabe a ciencia cierta. Es verdad que la evolución de la economía española, probablemente por la crisis energética, por el aprovisionamiento de las mercancías y por el incremento de los precios, no va a crecer lo que se había previsto inicialmente. Y en vez de crecer al 6,5 por ciento, es posible que se crezca en el entorno del cinco por ciento. Y en algunos sectores económicos la recuperación no llegará con toda su fuerza hasta el año 2024. Hay que ser prudentes por todas estas razones.

¿Los Presupuestos del Gobierno están desfasados?

El Gobierno ha planteado unos presupuestos muy expansivos, y me parecen bien si esto quiere decir que habrá más inversión pública. Pero ha faltado que esta política expansiva y estos incrementos de recaudación revirtieran en rebajas fiscales para que las empresas puedan gestionar mejor sus recursos.

¿Está pidiendo una rebaja de impuestos?

Sí, hace falta una fiscalidad más competitiva para que las empresas tengan alicientes para invertir y generar puestos de trabajo.

Los socios del Gobierno no apoyarían esa medida.

Estamos recuperándonos de una fuerte crisis y pediría la sensatez de todos.

¿Les llegan mensajes contradictorios del Gobierno?

Los empresarios vemos las noticias que salen cada día, y, efectivamente, a veces son contradictorias entre los diferentes ministerios. Nos gustaría que hubiera una sola voz. Pero creo que el presidente Pedro Sánchez está en esa única dirección. Nosotros, como ya le he dicho, lo que pedimos al Gobierno es que sea justo, equilibrado, objetivo, ponga las luces largas y aproveche la complicidad con los empresarios para generar riqueza. Y que cuando tomen una decisión, no cedan ante las exigencias más ideológicas de Podemos.

¿Ha cambiado algo con la llegada de ERC a la Presidencia de la Generalitat? ¿Está volviendo ahora la inversión a Cataluña?

Nunca ha dejado de venir inversión a Cataluña, aunque es cierto que podría venir más. El Gobierno de Cataluña es un Gobierno de coalición. Esquerra ha hecho declaraciones inequívocas respecto a que no va a plantear ningún proceso unilateral de independencia, y también se ha creado una «mesa» con el Gobierno de España que apunta en la dirección del entendimiento. Todo esto lo valoramos muy positivamente. Pero hace falta que su socio de coalición, que JuntsxCat, también diga «no» a la unilateralidad.

Las cifras siembran dudas.

Es verdad que, desde el «procés», Cataluña ha perdido potencia económica y hemos dejado de ser la primera comunidad autónoma y el motor de la economía española. Ahora ocupamos el segundo puesto, por detrás de Madrid. Pero estamos convencidos de que en los próximos años se producirá el regreso de las empresas que trasladaron su domicilio social de Cataluña a Madrid, a Baleares o a Valencia porque el entendimiento entre los dos Gobiernos se va a producir, y será bueno para la economía catalana y española.

En esa «mesa», en la que ve posible el acuerdo entre los dos Gobiernos, ERC sigue pidiendo la autodeterminación y la amnistía.

No voy a entrar en política, sí insisto en que la «mesa» debe servir para que haya estabilidad política y seguridad jurídica. Y, como me comprometí al asumir mi cargo, voy a trabajar para que las empresas vuelvan a Cataluña: esto acabará sucediendo, en mi mandato o en el del siguiente. La hoja de ruta diseñada en el ámbito político va en esta dirección, sin duda. Hemos vivido unos tiempos complicados, en los que hemos visto peligrar la seguridad jurídica, pero esto se va resolviendo cada día más.

¿El entendimiento en la «mesa» exige de un nuevo Estatuto que supere al que recortó el Tribunal Constitucional?

Las bases para la estabilidad y los acuerdos las tendrán que fijar los políticos. Pero se pueden encontrar distintas salidas, desde votar un nuevo Estatuto a votar todas aquellas reflexiones y planteamientos que se acuerden en la mesa de diálogo. Los empresarios solo pedimos estabilidad política y seguridad jurídica.

¿Madrid es una isla fiscal?

No voy a criticar la fiscalidad de Madrid. Ahora, sí le digo que si en Cataluña tuviéramos las bonificaciones del impuesto al patrimonio, prácticamente lucharíamos con las mismas armas que tienen los madrileños.

¿Ayuso hace «dumping fiscal»?

No. Utiliza las herramientas de la fiscalidad de las comunidades para fomentar la actividad económica en su territorio. Entiende que bajar impuestos es una buena medida.