Moncloa no tiene «plan b» jurídico ante Ómicron

La presencia de la nueva variante Ómicron en España vuelve a generar incertidumbre. Incertidumbre en el ámbito sanitario, donde todavía están por determinar sus consecuencias en cuanto a virulencia, transmisibilidad y resistencia a las vacunas, y en el ámbito económico, donde la recuperación económica que prometió el Gobierno no acaba de despuntar con el vigor que reflejaban sus previsiones. Sin embargo, en Moncloa intentan trasladar «tranquilidad» a la opinión pública, sin presentar un plan de acción, y apelan a la «prudencia», a pesar de que hace escasas fechas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anticipara que «España estaba entrando en la recta final de la pandemia». Una tranquilidad que, por tanto, no viene avalada por la iniciativa del Ejecutivo que, como en olas precedentes, ha decidido adoptar una posición subalterna, dejando que sean las comunidades autónomas las que tomen las riendas de la gestión de la crisis sanitaria.

La prioridad de Moncloa es que el impacto de la sexta ola sobre la economía sea lo más leve posible, pero fuentes gubernamentales señalan que no prevén impulsar ninguna medida alternativa –a las que ya se han puesto en marcha hasta ahora– para lograrlo. «Tenemos las herramientas para ir parando al virus sin parar la economía», aseguran. En privado, reconocen, además, que no está sobre la mesa promover confinamientos, como se ha hecho en otros países europeos, ni alumbrar la legislación ordinaria a la que se comprometieron en 2020 y que sigue pendiente. Una «ley de pandemias» que reclaman desde las diversas sensibilidades del arco parlamentario –desde ERC hasta Ciudadanos y el PP– y que, por tanto, tendría el apoyo suficiente para salir adelante.

El problema al que se enfrenta el Gobierno es que, ante un eventual recrudecimiento de la situación epidemiológica, sigue sin un «plan B» jurídico para hacerle frente. Una alternativa legal que cobra, si cabe, más importancia después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en contra del estado de alarma. Si fuera necesario unificar las actuaciones sanitarias en todo el país, Moncloa debería recurrir al estado de excepción –tal como le señaló el Alto Tribunal–. Sin embargo, lejos de alumbrar algo de certidumbre, en el Ejecutivo prefieren que sigan siendo las CC AA quienes apliquen sus propios planes de contingencia –bajo sus propias circunstancias y criterios– y que éstos tengan que ser avalados posteriormente por la justicia, llegando incluso al Tribunal Supremo, como ha ocurrido con el pasaporte Covid.

Hasta ahora, en lo que se refiere a la variante Ómicron, el Gobierno se ha limitado a aplicar restricciones a los vuelos procedentes del cono sur de África, unas restricciones que estarán en vigor entre el 2 y el 15 de diciembre, y establecer protocolos de cuarentena y pruebas negativas previas a la entrada en el territorio español. En Moncloa se revuelven contra las críticas por la falta de iniciativa y aseguran que la «celeridad en la puesta en marcha de estos protocolos ha permitido detectar los primeros casos». «España es un país seguro», señaló ayer la portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que se está actuando con «determinación y coordinación» con los socios europeos.

Vacunar, la «mejor receta»

En Moncloa fían toda su estrategia al avance de la vacunación, de manera que sea suficiente para contener la nueva variante, sin afectar a la economía con medidas restrictivas o cierres. En el Ejecutivo sacan pecho porque han aplicado la «mejor receta» y esto les ha colocado con la «menor incidencia de nuestro entorno». «La apuesta es clara por la vacunación y por mantener medidas de prevención», dicen, en referencia a que España mantuvo, por ejemplo, el uso de la mascarilla cuando en otros países se retiró y hubo presiones internas para hacerlo. Además del tándem «mascarilla y prevención», se apela a la «responsabilidad individual» ante la proximidad de fechas especiales en las que hay una mayor sociabilización y reuniones en espacios cerrados. En este punto, la ministra de Sanidad anunció ayer en La Ser que esperan tener vacunados a los mayores de 60 años y sanitarios antes de las fiestas navideñas.