Los socios de Sánchez quieren silenciar al Constitucional en los conflictos autonómicos

El Tribunal Constitucional (TC) entra en el paquete de próximas reivindicaciones que le van a llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus socios. La polémica que rodeó al acuerdo entre Gobierno y PP para la renovación del Alto Tribunal, y que fracturó incluso al Grupo Socialista en la votación de los candidatos pactados, da alas a una demanda que lleva años esperando, sin que «haya habido altura» en el debate para afrontarla, según se quejan desde el País Vasco.

El PNV señala en Madrid como referencia la comisión de arbitraje que en el País Vasco resuelve los conflictos, básicamente en cuestiones de Hacienda, entre el Gobierno vasco y las Diputaciones. Los nacionalistas apuntan a ese modelo como garantía para corregir un sistema actual en el que acusan al TC de actuar «de parte» en todos los conflictos de competencia. Para vaciar al Constitucional de esas competencias en dirimir los conflictos con las comunidades plantean que hay posibilidades alternativas a la reforma de la ley orgánica que regula a este órgano judicial. Una de ellas sería resolver estos conflictos de competencias en una comisión bilateral como la que ya regula otras cuestiones como el cupo. Otra posibilidad sería derivar todas estas materias, que tocan a las competencias, a una sala de arbitraje en la que, como ocurre en el modelo vasco, estén representadas las comunidades y el Estado, de igual a igual.

El PNV, socio prioritario de Pedro Sánchez, considera que el espectáculo del último reparto de sillones en el Constitucional confirma la politización de un órgano que ya no vale para resolver los conflictos competenciales porque no es imparcial. Hasta tal punto lo dan por «acabado» que incluso han empezado a practicar la política de renunciar a utilizar esta vía porque «se sabe de antemano cuál va a ser la respuesta».

Esta idea ya se ha manejado en anteriores legislaturas, de hecho fue comentada en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el contexto político es distinto, la debilidad parlamentaria de Sánchez es mayor, y el PSOE está condenado a seguir dependiendo de un pacto con el País Vasco y con Cataluña si quiere continuar gobernando después de las próximas elecciones. Esto amplía el margen de presión de los nacionalistas vascos y también del independentismo catalán por la vía de ERC.

De hecho, fuentes de la dirección del PNV confirman que habrá que dar contenido a lo que queda de legislatura, y abren la puerta a que entren cuestiones relacionadas con su realidad nacional, pero siguiendo su propio camino sin tomar como referencia la vía catalana ni buscar tampoco acciones concertadas con ellos.

ERC también tiene en su «diana» al Constitucional y es una de las cartas que quieren jugar en la «mesa» bilateral de negociación que pretenden reactivar a partir de febrero. El pasado mes de marzo el Congreso de los Diputados ya aprobó derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía. Aquel era un momento político condicionado por la pandemia, el desconcierto con las vacunas y las elecciones catalanes y de Madrid, y esto hizo que aquel debate pasara más desapercibido. La propuesta fue del PNV y también planteaba la supresión del carácter ejecutivo de las sentencias del Tribunal Constitucional, que fue introducida en la reforma de la Ley Orgánica de 2015 pactada entre Partido Popular y PSOE cuando empezaba ya a calentarse la amenaza del «procés». La iniciativa de marzo del PNV fue apoyada por el PSOE, Podemos y los independentistas. Los nacionalistas vascos llevan años defendiendo la desnaturalización del modelo de Justicia constitucional, pero no se plantean lanzar órdagos ni salirse del pragmatismo en el que están instalados desde que fracasó el «plan Ibarretxe».

Por su parte, ERC está en la estrategia de conseguir también avances en la realidad nacional catalana dentro de la «mesa» bilateral, blindando del Constitucional la legitimidad del Parlamento catalán. En el discurso oficial ERC mantiene la atención puesta en el referéndum de autodeterminación y la amnistía, pero los republicanos saben que éstas son exigencias de máximos que no entrarán nunca en la mesa de negociación de manera directa. Si quieren poder cobrarse algún precio de su apoyo en Madrid, aunque luego pidan incluso el «no» para los acuerdos en la consulta popular por considerarlos insuficientes, tienen que avanzar por otras vías paralelas. Y en los papeles que siguen intercambiándose con el Gobierno se habla de explorar otras posibilidades que permitan superar incluso aquellos postulados de la reforma del Estatut que tumbó el Constitucional.

ERC no tiene alternativa al Gobierno de Sánchez si quiere seguir rentabilizando en Madrid su posición en la Generalitat y marcar distancias con el partido de Carles Puigdemont. Pero tampoco Sánchez tiene alternativa al apoyo de ERC si quiere mantener una mayoría que le permita gobernar. Ni ahora ni después de las próximas elecciones, una vez que la opción alternativa de Ciudadanos se ha diluido por completo sin capacidad de recuperarse.